La desaparición de dos agentes antisecuestro, el pasado enero, ha crispado el ambiente en la unidad de la SEIDO encargada de combatir ese delito, pues el jefe de los de­saparecidos, Gualberto Ramírez Gutiérrez, se ha dedicado desde entonces a criminalizar a las víctimas y buscar culpables entre sus compañeros de trabajo. Él mismo, sin embargo, está bajo sospecha de actuar en contubernio con el crimen organizado. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS) laboran bajo “hostigamiento”, a partir de la desaparición de dos de sus colegas en los límites entre Morelos y la Ciudad de México, en enero pasado. En una denuncia –de la cual Proceso tiene copia–, presentada en marzo ante la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), los agentes ministeriales acusan del acoso a Gualberto Ramírez Gutiérrez, jefe de la UEIDMS. Los problemas se originaron el pasado 24 de enero, cuando desaparecieron los agentes Víctor Andrés Vilchis Retana y Miguel Ángel Rodríguez Cuéllar, adscritos a la UEIDMS, que depende de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Los denunciantes –quienes hablaron con este semanario a condición del anonimato– señalan que ese día, apenas transcurridas un par de horas desde que las esposas de los desaparecidos notificaron del hecho a la PGR, la institución intentó precipitadamente eludir su responsabilidad y aseguró que los agentes estaban fuera de su horario laboral, pese a que muchas veces se les envía en comisión sin que un oficio ampare su trabajo. Pero después de los hechos, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) reveló que ambos agentes de la UEIDMS –que realizaban una investigación en la demarcación Tlalpan, en los límites entre Morelos y la Ciudad de México–, estaban acompañados por Marco Antonio Álvarez Gómez, suboficial de la Policía Federal quien también desapareció. Pese a lo revelado por la CNS, la PGR se limitó a señalar que “al parecer” los agentes desaparecidos indagaban a miembros del Cártel del Golfo que operan en la capital y en el estado de Morelos. Requerimientos ilegales Los denunciantes señalan que el jefe de la UEIDMS reunió a los agentes a su cargo para obligarlos a declarar sobre la desaparición de sus compañeros y además intentó despojarlos “ilegalmente” de sus celulares para descargar su contenido. A todos los trató como sospechosos. Sólo algunos accedieron a las peticiones de Ramírez Gutiérrez. En la denuncia, que también turnaron a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Gobernación, señalan sobre sus compañeros: “Vilchis Retana se encontraba apoyando a víctimas de secuestro en la zona noreste del país (…); tenía fama de honrado y responsable entre compañeros y víctimas. Rodríguez Cuéllar ayudó a capturar a los secuestradores de una maestra en el estado de Hidalgo. “A pesar de ello, el trato de la institución hacia los familiares, ha consistido en una indignante respuesta como es una atención indiferente, e insinuaciones de que los compañeros pudieron haber desaparecido por andar inmiscuidos en cuestiones ilegales, situación que no debe de pensarse puesto que en primer lugar, ellos son víctimas de desaparición y no delincuentes. “En la UEIDMS deberían darles trato de víctimas en lugar de establecer juicios a priori. Sin embargo, les dan trato de imputados, ya que en lugar de realizar una búsqueda constante de su paradero, Gualberto Ramírez Gutiérrez le dio vista a la Visitaduría de la PGR (la cual investiga delitos cometidos por los servidores públicos). Tenía un marcado interés por ver primero si cometieron algún delito, en lugar de dar con su paradero”, revelan. Aclaran: “Esta no es una apreciación subjetiva, se desprendió del extraño comportamiento del titular de la Unidad, cuando se precipitó a señalar que al momento de la desaparición, Vilchis Retana y Ramírez Cuéllar ya no estaban laborando. Para él eso fue lo más importante, a pesar de que exista una investigación no debe de limitar el inicio de la indagatoria para localizarlos”. Señalan que el 7 de marzo, la periodista Denise Maerker dio a conocer que personal de la PGR le hizo saber que antes de la desaparición de los agentes había una investigación en su contra por supuestas actividades ilícitas y que incluso la Procuraduría aún no define la naturaleza de la desaparición: no sabe si se trata de un delito en materia de delincuencia organizada en su modalidad de secuestro, o bien delitos cometidos por servidores públicos. “Tal situación es digna de análisis, ya que, si previo a su desaparición estaban siendo investigados, la PGR debe aclarar si se trataba de una queja por alguna inconformidad de una víctima o negligencias en el actuar, pero no precisamente por actos de corrupción”, dicen a Proceso los denunciantes. “Tenemos el temor fundado de que a Víctor Andrés Vilchis Retana y a Miguel Ángel Rodríguez Cuéllar les hayan inventado una supuesta investigación por corrupción para darles trato de inculpados con el fin de desviar la atención de otra posible línea de investigación que involucre al mismo jefe de la unidad”, señalan. Temen una cacería. Afirman que Ramírez Gutiérrez pretende enfocar las líneas de investigación contra los compañeros de la Unidad, ya que ha buscado responsables entre muchos agentes del Ministerio Público. “En marzo, el licenciado Jorge García Valentín, quien funge como uno de los coordinadores de la UEIDMS, convocó a varios compañeros a su oficina, a la cual acudieron los licenciados Eder Reyes García, Juan Francisco Quezada López, Jorge Enrique Aldana Cervantes, Ana Gabriela Rocío Rosas Sandoval, con excepción de la encargada de la investigación (a pesar de que era amiga de uno de los desaparecidos). “El coordinador asumió un trato amable y político –sin embargo, eso no le quita lo ilegal a la reunión–, solicitó que, en aras de la investigación de Vilchis y Rodríguez, le proporcionáramos nuestros aparatos telefónicos particulares. Luego llegó Gualberto Gutiérrez Ramírez y asumiendo una posición más autoritaria y prepotente (…) nos amenazó diciendo que si no lo hacíamos nos aventaría a la ‘visita’ (la Visitaduría General de la PGR).” Lo cuestionaron: “El simple hecho de que fuéramos sus compañeros no nos convierte en sospechosos. Mencionaron que supuestamente a todos los de la Unidad se les haría lo mismo. Varios de nosotros no les creímos. Nos indicaron que nos pasarían con nuestros propios compañeros Ministerios Públicos para que nos entrevistaran (declararan)”. Prosigue uno de los agentes que accedió a ser entrevistado: “Nos preguntaron si era nuestra voluntad proporcionar nuestro aparato telefónico para que le extrajeran la información contenida; ante esta situación, algunos accedimos, presionados y por temor a las represalias”. Otros se negaron tanto a la entrevista como a entregar sus celulares, por considerarlo ilegal. Además pensaron que el contenido de sus teléfonos no era relevante en la investigación sobre la desaparición de sus compañeros. Afirman que las entrevistas obran en la carpeta de investigación de los dos desaparecidos. Dicen en la denuncia: “Reflexionando, los agentes convocados a dicha reunión, casualmente son personas que se percatan de actividades irregulares que se realizan al interior de la Unidad, por lo que definitivamente esto permite pensar que dicha información no le serviría al titular para generar alguna línea de investigación interesante en la búsqueda de los compañeros, sino para tener acceso a la información de la gente no grata para él. Por eso, hay temor de que diera la orden de que las entrevistas que no le eran convenientes no fueran anexadas al expediente”. De acuerdo con la denuncia, una muestra de la represión y hostigamiento se registró en la tercera semana de marzo, cuando el agente Juan Manuel Grimaldo Cruz, pese a que explicó las razones de su renuencia, fue amenazado por personal del órgano revisor por negarse a proporcionar su celular. Durante la visita del personal del órgano revisor, René de los Santos Torres, su jefe inmediato, fue quien “indebidamente” condujo la visita técnica. Grimaldo presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por los abusos e irregularidades registrados. “Varios agentes ministeriales consideramos que estas situaciones en contra del personal de la Unidad sólo son cortinas de humo que se utilizan para desviar la atención de la opinión pública, para hacer creer que ellos estaban siendo investigados por realizar actividades ilícitas; por eso tenemos el temor de que les hayan fabricado alguna investigación”, agregan. Y se preguntan: “¿Por qué desviar la atención? Porque una línea de investigación podría ser que el titular de la UEIDMS sea quien los haya mandado investigar de manera extraoficial. Tenemos conocimiento de que un elemento de policía (distinto al desaparecido de la Policía Federal) le reportó a Miguel Ángel Rodríguez Cuéllar la existencia de un narcolaboratorio por el rumbo en que desaparecieron los compañeros y que él lo reportó directamente al titular de la Unidad”. En entrevista, los agentes ministeriales confirman lo señalado en su denuncia: “Extraoficialmente, tienen conocimiento de que los cuerpos de sus compañeros ya fueron encontrados. También, que los dos salieron a trabajar en una investigación oficial, como lo demuestra el que el policía federal que los acompañaba sí contaba con oficio de comisión”. Desconocen por qué a los agentes de la PGR se les mandó sin oficio: “En muchas ocasiones se manda a los ministerios públicos a trabajar fuera de su lugar de base sin oficio de comisión; así, en una situación como ésta, que se sale de control, las autoridades asumen una posición cómoda e intentan deslindarse”. Negro historial En su denuncia señalan que las irregularidades cometidas por Ramírez Gutiérrez en la investigación de la desaparición no son las únicas: “En internet hay una nota periodística titulada ‘Denuncian robo masivo de animales en rancho, en Iguala’, en la que se señalan actos delictivos cometidos por Francisco Mauriño Cubas y Francisco Ornelas Delgado, dos agentes de confianza del jefe de la Unidad. Se refieren a una nota publicada el 11 de noviembre de 2014 en Diario 21, de Iguala, en la cual una mujer presentó una queja ante la CNDH por el hostigamiento a que la sometieron Francisco Cuauhtémoc Murillo (sic) Cubas, Ernesto Ornelas Salgado y un grupo de policías presuntamente de la SEIDO, quienes sin órdenes de cateo entraron a sus propiedades. “No encontraron nada ilícito, pero sí nos robaron diversos bienes y todo el ganado. Los animales los vendieron sin papeles en la misma ciudad”, publicó el periódico igualteco. “De esta situación tuvo conocimiento Gualberto Ramírez Gutiérrez; sin embargo, dio la orden de que se desaparecieran indicios con tal de quedarse dinero y bienes de lujo que fueron encontrados”, afirman los agentes en la denuncia. Señalan otro caso: la detención del presunto narcotraficante Alberto Martínez Gutiérrez, El Güero Cleofas: “Es un caso conocido al interior de la Unidad, el cual fue asignado por Ramírez Gutiérrez a un agente del Ministerio Público quien a su vez era supervisado por un elemento de su entera confianza. Al momento de consignar, de manera casual e inocente se les olvido anexar los acuerdos de retención y duplicidad de la misma, lo que significó su libertad”. En el documento mencionan que otro caso emblemático en que el titular de la UEIDMS “cometió irregularidades” es el de Ayotzinapa: “En un documento fechado el pasado 18 de agosto, la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la PGR señala que Gualberto Ramírez Gutiérrez incurrió en irregularidades dentro de la investigación para dar con el paradero de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014”. Según el expediente DGAI/510/CDMX/2016, de la investigación realizada por el entonces visitador general de la PGR, César Alejandro Chávez, Ramírez Gutiérrez es probable responsable de entregar un imputado al extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, sin orden o mandamiento judicial que justificara dicha acción. “Cabe destacar que el mismo Ramírez Gutiérrez ha dirigido todas y cada una de las diligencias que obran en la investigación; no ha pasado una sola que no lleve su visto bueno, e incluso es sabido en toda la PGR que ha creado pruebas en tal investigación, tan es así que el exvisitador instruyó que se iniciara una indagatoria en su contra…”, apunta el documento. El fin de presentar la denuncia es que la autoridad conozca el “temor” e “incertidumbre” con que laboran los agentes ministeriales de la SEIDO, sobre todo, desde la desaparición de Vilchis Retana y Rodríguez Cuéllar. Revelan en su denuncia: “Se respira temor por la manera en la que desaparecen los compañeros y por la falta de claridad en la investigación. Se ha llegado a pensar que existe un alto funcionario al interior de la SIEDO (sic), que como se dice coloquialmente ‘haya puesto’ a Vilchis Retana y a Rodríguez Cuéllar, a un grupo de la delincuencia organizada”. Concluyen: “Esta situación impactó en el ánimo de nuestra actividad. No sabemos si la comisión a donde se nos mande, estemos yendo al matadero”. Este reportaje se publicó en la edición 2123 de la revista Proceso del 9 de julio de 2017.