CAMPECHE, Camp. (apro).- Pedro Celestino May Can, líder del Movimiento Campesino Tierra y Libertad, aportó hoy un nuevo legajo de evidencias documentales para el juicio de nulidad que ventila ante el Tribunal Agrario 50 contra los presuntos prestanombres del exgobernador veracruzano Javier Duarte y de la familia Mouriño, con el afán de revertir el despojo de tierras en el ejido de Lerma. Asimismo, solicitó a la PGR y a la Secretaría de Hacienda (SHCP), así como a otras instancias agrarias involucradas en el caso, tomar parte en este juicio como terceros interesados con el fin de que se haga justicia, se quiten las tierras a sus acaparadores y se regresen al ejido. “Traigo pruebas, documentos originales, con los que esperamos poder comprobar los actos de corrupción del señor Duarte de Ochoa en Lerma, Campeche”, declaró May Can al llegar a la sede del Tribunal, acompañado de uno de sus abogados y cargando una caja de cartón de regular tamaño que contenía los documentos. También explicó que con parte de esa documentación pretende comprobar las irregularidades que, con la complicidad de los comisariados ejidal y municipal, así como de autoridades de otras instancias de gobierno y notarios públicos, se cometieron en las asambleas ejidales para reconocer como avecindados y luego como ejidatarios a los presuntos prestanombres del exgobernador veracruzano para perpetrar el despojo de tierras al ejido de Lerma. La intención, dijo, es que se nulifiquen las seis actas de asamblea en las que se aprobó el reconocimiento de esas personas como ejidatarios, “y en las que votaron hasta los muertos”. “Ya tenemos incluso los papeles que la comisaría municipal de Lerma decía que había extraviado, todos son originales, creemos que lo que estamos aportando son pruebas contundentes, y esperamos que las autoridades se apeguen a derecho y envíen a sus actuarios a verificar que efectivamente los presuntos prestanombres de Javier Duarte nunca vivieron en Lerma, ni un solo día, y por tanto no tenían derecho alguno a ser reconocidos como avecindados y menos aún como ejidatarios”, acusó. “Esa gente usó domicilios falsos, de los propios ejidatarios, y estamos pidiendo que el actuario vaya a dar fe; queremos también que toda esa gente que se prestó intencionalmente para despojar al ejido, sea llevada ante los tribunales judiciales para que sean juzgados como cualquier persona, porque es una red de corrupción muy grande”. Luego dijo que el actual comisariado no hizo nada para nulificar las asambleas avaladas por la directiva anterior, “porque ellos también trabajan para este grupo de traficantes de tierra, por eso yo, en mi calidad de ejidatario afectado, he tenido que hacerlo, pedir la anulación de esas asambleas”. Además, reveló que ya entregó los mismos documentos a la SHCP y la PGR para que se integren a la carpeta de investigación del caso Duarte. Resaltó que ante la PGR ya dejó registrado a quiénes hace responsables por lo que pudiera pasarle a él o sus familiares, pues “estoy tocando una cueva de traficantes”, y también aseguró que sigue recibiendo amenazas y presiones “como para correr”. No obstante, May Can confió en que “pueda llegar la justicia”, “creemos que con estos documentos podamos darle una sorpresa a Duarte, que sean suficientes para que se le finquen responsabilidades a él y todos los involucrados en este caso de corrupción”. E insistió en su petición de que las autoridades se apeguen a derecho porque “estamos peleando contra monstruos grandes, grandes capitalistas, aquí hay muy dinero metido”. El líder campesino recordó que, si los cómplices de Duarte no hubieran conseguido las cartas de avecindados, no habrían podido hacerse de las tierras. Incluso señaló que mientras tanto el tráfico de tierras en Lerma continúa, “siguen loteando, porque la intención es desaparecer el ejido, cuando desaparezca el último terreno comunal, desaparecerá el ejido, y entonces al ya no haber ejido no habrá delito que investigar, es a lo que le están apostando”. No obstante, aseguró que la investigación se está ampliando a otros personajes, entre los que ha salido a relucir la abogada Rosa Cervera Pacheco, quien laboró en la Procuraduría Agraria cuando se consumó el despojo. Por último, comentó que sabe que al momento han sido citados a declarar unos cien ejidatarios de los que cedieron sus tierras.