En marzo de 2016 la aerolínea colombiana Avianca compró MacAir, empresa de taxis aéreos del Grupo Macri. Once meses después el gobierno otorgó 16 rutas a Avian, la línea de bajo costo controlada por Avianca. La justicia argentina investiga si la venta de MacAir incluyó la promesa de que el gobierno otorgaría a Avian esas rutas. La investigación implica directamente al presidente Mauricio Macri y a su padre, Franco Macri, en los delitos de asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias. BUENOS AIRES (Proceso).- La llegada de las aerolíneas de bajo costo a Argentina permite desde marzo volar a precios accesibles a Chile, Brasil, Perú, Paraguay, España y a numerosos destinos locales. La apertura del espacio aéreo a las low cost, promovida a ritmo de vértigo por el gobierno, le granjea al presidente Mauricio Macri una nueva imputación ante la justicia federal, que deberá determinar si el mandatario favoreció a su holding familiar y a otros altos cargos del gobierno, en desmedro de Aerolíneas Argentinas. La oposición y los sindicatos denuncian un intento de privatizar la aerolínea de bandera. Tras su llegada al gobierno, en diciembre de 2015, Macri anunció la puesta en marcha de un plan de desregulación del negocio aerocomercial. Se sumarían muchas rutas internacionales bajo la modalidad de low cost y se ampliaría el mercado de cabotaje, en el cual hoy participan Aerolíneas Argentinas, su subsidiaria Austral y la chilena LAN. El anuncio despertó gran interés en un país de territorio extenso, casi sin trenes y con una magra red de autopistas. En marzo de 2016 se anunció la venta de MacAir, empresa de taxis aéreos del Grupo Macri, a Avianca Holdings. Ésta, accionista principal de la aerolínea colombiana Avianca, es controlada por los hermanos Germán y José Efromovich, mediante Synergy Aerospace Corporation. El 27 de diciembre de 2016 el Ministerio de Transporte aprobó la incorporación de cinco nuevos operadores aéreos para vuelos de cabotaje. Entre ellos estaba Avianca Argentina, que operaría mediante Avian. Una semana antes, Isela Constantini había renunciado a la presidencia de Aerolíneas Argentinas, tras oponerse al desembarco privilegiado de Avianca en el mercado doméstico. El 29 de diciembre los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié denunciaron penalmente a Macri. Advirtieron que la venta de la empresa familiar MacAir a Avianca incluía el compromiso de garantizar rutas de vuelo. Y también la posterior colaboración dentro del Estado para destrabar habilitaciones, utilizar hangares y ampliar las rutas. A Avianca Argentina la preside Germán Efromovich. Su vicepresidente es Carlos Colunga, último presidente de MacAir, quien trabaja desde hace 30 años en las empresas aéreas del Grupo Macri. Y aunque desde el gobierno se demoniza el soborno a los funcionarios para acceder a las licitaciones públicas, la oposición sostiene que la actual administración participa como socia de los negocios que adjudica. El 1 de marzo el fiscal federal Jorge di Lello imputó a Macri, a su padre, el empresario Franco Macri, y a otros funcionarios y empresarios por asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias por presuntas irregularidades vinculadas con la explotación del espacio aéreo argentino. Di Lello imputó también a Mario Quintana, vicejefe de Gabinete de la Nación, socio de Richard Gluzman, uno de los dueños de la low cost Fly Bondi. Quintana comandó en 2016 el recorte de los fondos para Aerolíneas Argentinas, que pasaron de 420 a 260 millones de dólares. Conflictos Los conflictos de interés son una señal de identidad en el actual gobierno. Decenas de altos funcionarios provienen de cargos ejecutivos en grandes empresas y las licitaciones públicas suelen favorecer a dichos grupos. El pasado 17 de marzo el Ministerio de Transporte anunció la adjudicación por 15 años de 135 rutas aéreas. Su objetivo expreso es diversificar la oferta en el mercado y duplicar en 2019 la cantidad de pasajeros transportados. El gobierno autorizó operar a tres líneas aéreas: American Jet, Andes y Alas del Sur. Las concesiones de rutas a Avianca Argentina y Fly Bondi quedaron en suspenso. Desde el gobierno se dijo que “el presidente no quiere ningún tipo de duda ni sospecha.” Macri solicitó a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que determinaran si había o no conflicto de intereses. El 8 de mayo ambos organismos, controlados por el oficialismo, avalaron al gobierno. El informe de la Sigen sostiene que Avianca Argentina “no tiene actualmente vinculación societaria ni comercial alguna ni con el presidente ni con su familia ni así tampoco con las empresas Socma Americana ni Sideco Americana”, las dos columnas del Grupo Macri. Tres días más tarde se le autorizó a Avianca Argentina operar 16 rutas aéreas en cumplimiento de “servicios regulares internos e internacionales de transporte de pasajeros, carga y correo”. El expediente judicial abierto en su contra no se tuvo en cuenta. Tampoco en el caso de Fly Bondi, empresa low cost con autorización para volar 69 rutas. Quintana está imputado por este caso. El vicejefe de Gabinete de la Nación ha sido socio de Richard Gluzman en el fondo de inversión Pegasus y las empresas Enflex y Entertainment. Gluzman es uno de los dueños de Fly Bondi. El 9 de junio el juez a cargo de la causa, Sergio Torres, sorpresivamente allanó dependencias de la Casa Rosada (residencia oficial) en busca de documentación relativa al caso Avianca. Es la primera vez en la historia del país que un juez ordena semejante procedimiento. El 23 de junio Torres allanó Aerolíneas Argentinas y MacAir para investigar otro presunto delito: la condonación decidida por el gobierno de una deuda que la empresa de los Macri tenía con Aerolíneas Argentinas por el uso de sus hangares. Se trata de una deuda de 481 mil pesos argentinos, unos 28 mil dólares al cambio actual, pero que data de 2004. El 26 de octubre de 2016 la empresa estatal decidió considerar a MacAir “incobrable”, perdonándole la deuda. El juez debe dilucidar si, tal como expresa la denuncia, Avianca Argentina no es otra cosa que MacAir operando bajo el nombre Avian y con un acuerdo de uso de la marca Avianca. De hecho, Roberto Kriete, segundo socio mayoritario de Avianca Holdings, controladora de la colombiana Avianca, sostiene que Germán Efromovich otorgó el uso de la marca comercial a Avianca Argentina sin el consentimiento del resto de los accionistas. El 16 de marzo Avianca Holdings hizo saber, mediante un comunicado, que no participa de Avianca Argentina. El objetivo fue desligarse de cualquier consecuencia legal que pueda surgir de la causa penal que lleva el juez Torres y que tiene a Germán Efromovich entre sus imputados. Aerolíneas El sector turístico se relame frente a la llegada de las low cost. Predice que una mayor cantidad de usuarios optará por el avión frente a otros medios de transporte. Y que crecerá el turismo receptivo, limitado hoy por los altos precios de los vuelos. El gobierno estima que con la llegada de las low cost se crearán 25 mil puestos de trabajo. Los gremios aeronáuticos, por el contrario, recuerdan que estas empresas suelen reducir costos a partir de una estructura pequeña, con menos personal. Denuncian que con la llegada de las low cost se impulsará una flexibilización laboral en el sector. “Tenemos la firme presunción de que no se reconocerá la representación de nuestros sindicatos y que buscarán imponer condiciones muy por debajo de las ahora existentes”, puede leerse en un comunicado de la Asociación del Personal Aeronáutico fechado en marzo. Los sindicatos denuncian que la adjudicación de rutas a empresas insolventes, como sería el caso de Fly Bondi, responde a una estrategia de negocios. Fly Bondi fue beneficiada con destinos internacionales, como Nueva York, pero apenas cuenta con una oficina, ningún piloto y ningún avión. Los gremios advierten que el objetivo de la adjudicación es aumentar el valor de la compañía, para después vender las rutas aerocomerciales a otra empresa que sí cuente con la infraestructura necesaria. Avianca pagó 10 millones de dólares por MacAir. Con las rutas adjudicadas como patrimonio, Fly Bondi podría venderse, según estimaciones del sector, en 7 u 8 millones de dólares. El pasado 8 de junio, cinco de los siete sindicatos aeronáuticos anunciaron un plan de lucha para “impedir el arribo de las low cost”. Advierten que se degradará la normativa aeronáutica, afectando la seguridad aérea. Defienden la hegemonía de Aerolíneas Argentinas y el papel que juega conectando a todo el país. Sostienen que la apertura de los cielos se propone tornar inviable a la aerolínea de bandera para desmantelarla o privatizarla, cuando el escenario político lo permita, como ya ocurrió en los noventa. A comienzos de mayo de 2016, el diario de finanzas brasileño Relatorio Reservado publicó que Macri evaluaba privatizar Aerolíneas Argentinas. Y que había elegido como candidato para hacerse cargo de la empresa al brasileño-estadunidense David Neeleman, dueño de Azul Líneas Aéreas, compañía que tiene como principal accionista al conglomerado chino HNA Group Company Limited. Azul ya está en Argentina. Vuela desde marzo entre Buenos Aires y Belo Horizonte y este mes inauguró servicios a Bariloche. Este reportaje se publicó en la edición 2123 de la revista Proceso del 9 de julio de 2017.