CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Meses después de la creación formal, en febrero de 1998, de la asociación civil Amigos de Fox, Mauricio Candiani (entonces miembro de esa misma agrupación) me buscó para pedirme información respecto a la normativa vigente en materia de financiamiento para los partidos políticos. Tras una primera reunión en la que le referí las principales regulaciones, y tras señalarle que yo no era el consejero electoral más indicado para proporcionarle información al respecto, porque ni siquiera formaba parte de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), le propuse que viéramos a Alonso Lujambio, quien presidía esa comisión y le podría dar datos más precisos. Candiani aceptó y hubo una segunda reunión en la cual, si la memoria no me falla (pues no tengo ningún apunte de esa época), participamos Candiani, Lujambio, José Luis González (entonces todavía coordinador nacional de la agrupación) y yo. En la reunión, Lujambio recalcó la importancia de que todos los donativos que recibieran debían cumplir con los requerimientos legales, y que la asociación debía quedar al margen una vez que se formalizara la candidatura de Vicente Fox, pues a partir de ese momento absolutamente todos los ingresos y gastos tendrían que hacerse mediante los órganos y canales oficiales. González señaló después que, “por lo menos hasta que yo estuve” (Proceso 1332), la recolección de fondos se apegó a las normas legales y a los reglamentos del IFE, que prohibían recibir recursos públicos (particularmente del gobierno de Guanajuato, que Fox encabezó hasta que solicitó licencia para buscar la Presidencia) y del extranjero, además de que se haría “un reporte contable mensual de ingresos y egresos con sus comprobantes correspondientes y auditado por una firma de contadores públicos”. Sin embargo por algunas desavenencias, González dejó el equipo de Fox en mayo de 1999 (después se sabría que dichas diferencias fueron con Marta Sahagún, quien ya ejercía una gran influencia sobre el entonces precandidato) y es evidente que los lineamientos que se elaboraron cuando él era coordinador nacional y Lino Korrodi era coordinador nacional de financiamientos, no se respetaron. La organización sirvió como eje de una bien estructurada red de financiamiento paralelo que permitía triangular e intentar perder el origen de los millonarios recursos que se recibieron por vías ilícitas. Todos los obstáculos El 21 de junio de 2000 (a 11 días de la jornada electoral y apenas una semana antes de que concluyeran las campañas) Enrique Jackson Ramírez, entonces diputado priista, detonó el escándalo en tribuna con datos precisos de las triangulaciones de fondos y de las personas (físicas y morales) implicadas, así como copias de los cheques y documentos que comprobaban las transferencias desde el extranjero. Esa información sirvió de sustento para que tanto el PRI como la Alianza por México, encabezada por el PRD, interpusieran en los días siguientes sendas quejas. En esos momentos la prioridad era la celebración de la jornada electoral y por lo tanto el IFE no empezó las primeras diligencias sino hasta después de esa fecha, pero todavía en julio. Los resultados de los requerimientos de información y las diversas gestiones que se realizaron fueron infructuosos, pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda se negaron a entregar la información pretextando el secreto bancario y fiscal. Ante la ausencia de información, la Comisión de Fiscalización decidió cerrar la instrucción y se elaboraron dictámenes y resoluciones desechando las quejas. El 9 de agosto de 2001 se votó el desistimiento en el pleno del Consejo General del IFE: hubo siete votos a favor, el voto en contra de Jaime Cárdenas y mi abstención. Ésta se fundó en que me negaba a dejar impunes las evidentes violaciones a la legislación electoral en materia de financiamiento de las campañas electorales, así se tratase de quien en esos momentos ocupaba la Presidencia; pero también reconocía la imposibilidad material de integrar un expediente, por la negativa de las autoridades, así que no veía en el horizonte una alternativa jurídicamente viable para sancionar. La resolución fue impugnada por el PRI y el PRD, y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la revocó casi un año después, el 7 de mayo de 2002; además, al reconocer que al revisar las finanzas de los partidos políticos el IFE actuaba como autoridad fiscalizadora y por lo tanto no se le podían oponer los secretos bancario y fiscal, se abrieron las puertas para integrar el expediente. Sin embargo, tanto la CNBV como los particulares implicados todavía utilizarían todas las argucias jurídicas a su disposición para intentar descarrilar la investigación o al menos obstaculizarla, demorarla. Interpusieron todo tipo de recursos legales para ello. Hubo un momento en el que parecía que lograrían evitar que ese primer Consejo General ciudadanizado pudiera votar el dictamen sancionatorio; pero afortunadamente ninguna de sus artimañas prosperó. Cuando se lograron derribar las barreras legales y el IFE empezó a recibir la información que necesitaba para poder sancionar las irregularidades, Lino Korrodi comenzó a sentirse acorralado y abandonado a su suerte por su antes amigo, Fox, y por la estructura panista que pretendía eximirse de cualquier responsabilidad y culparlo a él de todas las ilegalidades (Proceso 1370). Korrodi había involucrado en la red a sus hijas, a su asistente personal, a la hermana de su asistente y algunas de sus empresas. Las triangulaciones pasaban por cuentas abiertas en instituciones financieras nacionales e internacionales a nombre de las personas ya señaladas. Empezó a desesperarse. Un día me habló mi primo Javier Livas Cantú para decirme que a Lino le interesaba platicar conmigo, a lo cual accedí porque nosotros (los nueve miembros del Consejo General con derecho a voz y voto) concluiríamos nuestra gestión el 31 de octubre de 2003 y el tiempo se nos agotaba. Nos entrevistamos un par de veces en un hotel en Polanco, en la primera con mi primo como testigo; en la segunda, sólo nosotros dos. En ambas él me expresó su intención de entregar toda la información que tenía disponible, pero enfrentaba la negativa de la dirigencia panista; quería saber si yo estaba dispuesto a ser el conducto para que él hiciese dicha entrega si los blanquiazules continuaban negándose. Le manifesté no sólo mi conformidad, sino mi interés en que eso ocurriese a la brevedad. En la segunda entrevista incluso acordamos una fecha para la entrega, estuviese de acuerdo la dirigencia panista o no. La diferencia sería que si los blanquiazules accedían, la entrega se haría (sin mi participación) al secretario técnico de la comisión; en caso de que los panistas se negaran, yo sería el enlace para que él se la diera a la misma instancia, que era lo que correspondía de acuerdo con los procedimientos establecidos en los reglamentos institucionales. A más tardar el domingo (no recuerdo ni tengo registro de la fecha exacta, pero sí tengo en la memoria que sería un lunes) previo a la fecha acordada, él se comunicaría con mi primo y le informaría simplemente “vamos juntos”, lo cual indicaba que los panistas habían aceptado entregar la información; o “nos vemos donde quedamos”, lo cual implicaba que él iría sólo y yo debía hacer los arreglos correspondientes. Ese domingo la comunicación fue “vamos juntos” y todo lo demás ya es público: el expediente se pudo concluir en tiempo y el 10 de octubre de 2003 el Consejo General definió la resolución sancionatoria por seis votos a favor y tres abstenciones. Posteriormente, la Sala Superior del TEPJF ratificó la resolución, aunque modificó algunos de los montos. Es importante destacar que cuando ya se habían logrado vencer las barreras legales y la información empezaba a fluir, el consejero electoral Jaime Cárdenas recibió un par de anónimos con denuncias puntuales sobre acciones vinculadas con esa red de financiamiento. Una de ellas la dio a conocer el 9 de julio de 2003 y describía un procedimiento de financiamiento paralelo en el que se señalaba que Carlos Robles, pariente de Gabriela Ruiz del Rincón, tesorera del PAN y de la Coalición Alianza por el Cambio, era el encargado del enlace entre el dinero de Korrodi y el PAN. En la denuncia anónima se especificaba –narra Cárdenas en su libro Lecciones de los asuntos Pemex y Amigos de Fox– que Robles recibía el dinero en dólares, los cambiaba a pesos, llenaba recibos de aportaciones en efectivo de simpatizantes y se los entregaba (pesos y recibos) a Ruiz para que entraran a las arcas del panismo y obviamente a la campaña de Fox. Muchos años después (tampoco puedo precisar la fecha) y tras varios de hospedarme regularmente en un hotel de Insurgentes Sur, al que también solía llegar Carlos Robles, uno de los trabajadores del mismo me confió que éste les pedía a ellos que cambiaran los dólares por pesos, para poder entregárselos a la tesorera del PAN. Como bien argumentó Cárdenas cuando anunció su abstención en la sesión del 10 de octubre, la investigación sobre dicho anónimo “fue defectuosa”, lo cual ahora respaldo plenamente, porque tengo información que no tenía en ese momento. Sin embargo hay que reconocer que ese no fue el único aspecto defectuoso de la investigación, pues hubo muchas otras pistas y líneas de investigación que no fue posible agotar por falta de tiempo. Estoy convencido de que en ese momento cumplimos con nuestra responsabilidad y muy probablemente (a la luz de lo ocurrido con el consejo que nos sucedió) si nosotros no hubiésemos sancionado a la Alianza por el Cambio, dichas irregularidades hubiesen quedado impunes; también tengo que reconocer que no pudimos desentrañar todos los entresijos de la estructura de ese financiamiento paralelo. Si hoy Korrodi pide no ser satanizado, y Andrés Manuel López Obrador, al justificar su incorporación a Morena y al Acuerdo Político de Unidad, dice que “se vale rectificar” y “que todos merecemos una segunda oportunidad”, lo primero que debe hacer aquél es desnudar –ahora sí, sin guardarse nada– la estructura (instancias, personas y formas de operación) de la red de financiamiento paralelo que él diseñó y operó en Amigos de Fox. Sería su mayor aporte a la construcción de la democracia en México. Este análisis se publicó en la edición 2124 de la revista Proceso del 16 de julio de 2017.