Detienen en Jalisco a una maestra de kínder por presunto abuso sexual infantil

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Luego de que un grupo de padres de familia de la comunidad de San Nicolás de Ibarra, perteneciente a la ribera de Chapala, denunció la incompetencia para investigar el presunto abuso sexual que cometió una maestra de inglés identificada como Susana en contra de 11 menores que cursaban el preescolar dentro del plantel “Fray Juan Ruiz de Cabañas y Crespo”, la supuesta victimaria fue detenida.

El fiscal general Eduardo Almaguer informó que, tras los peritajes practicados a tres menores, los mismos dieron positivo a abuso sexual infantil, por eso fue detenida la maestra, de 29 años, vecina de una delegación municipal de Chapala.

Además, mencionó Almaguer, continuarán con las pruebas psicológicas, ginecológicas y andrológicas a los ocho menores restantes.

Los niños dijeron a sus padres que la profesora les quitaba la ropa y los ponía a bailar. Incluso comentaron que dos hombres ingresaron al aula para tomarles fotografías desnudos.

Otra niña comentó a su madre que la “maestra Susi los metía al baño para curarlos”, esto implicaba tocarlos en sus partes íntimas; a una de ellas, se le introdujo un lápiz en la vagina.

Ante este delito, en abril los padres acudieron a Ciudad Niñez, y de ahí fueron canalizados a la Fiscalía donde no avanzó la investigación.

Es por ello que los afectados recurrieron a la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, instancia que el 3 de julio pasado emitió medidas cautelares. Una de ellas era asignar otro agente del MP “para garantizar el cumplimiento de los protocolos aplicables con la máxima diligencia”, puesto que Gabriela Jiménez Ibarra, la primera agente del Ministerio Público que conoció del asunto, desestimó los señalamientos.

La otra medida es que la queja se amplíe contra la directora del plantel y la maestra de inglés.

Los padres de familia señalaron que el presidente municipal de Chapala, Javier Degollado, los amenazó para que callaran. Sin embargo, subalternos del alcalde aseveran que el municipio actuó dentro de su competencia.

El fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro Reyes, dijo que se está atendiendo a las víctimas, así como a sus familiares.

“A la par se trabaja con la Procuraduría de la Defensa de la Niñez y el área específica de menores de la Fiscalía General del Estado para detectar la cantidad de niños presuntamente afectados. Este es el inicio de un ilícito que, a la par de las distintas áreas de la Fiscalía General, tendrá que trabajarse para acompañar a las víctimas”, refirió Haro Reyes.

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