TOLUCA, Edomex. (apro).- Con un fiscal cuestionado por sus vínculos con el presidente Enrique Peña Nieto y magistrados cercanos al sistema y al PRD, este día entró en vigor en la entidad el Sistema Anticorrupción. El lunes 10, José de la Luz Viñas Correa fue propuesto formalmente a la Legislatura mexiquense para encabezar el combate a la corrupción, a través de un oficio dirigido por el fiscal general Alejandro Gómez al diputado priista Pablo Peralta, en su calidad de presidente de la Diputación Permanente. A partir de entonces, los diputados locales contaban con un periodo de 10 días para objetar; no obstante, de manera formal no se implementó procedimiento alguno para su evaluación, y el candidato apenas fue presentado a los coordinadores parlamentarios en una reunión a puerta cerrada celebrada fuera del Palacio Legislativo, concretamente en un restaurante de Santa Fe. Sólo el PAN, a través de un comunicado, demandó una elección clara y transparente del fiscal anticorrupción que privilegiara la trayectoria profesional, probidad, ética y honradez, “antes que sus vínculos con algún partido político o sus compromisos con algún personaje del sistema”. Los panistas consideraron necesario garantizar la designación de un personaje con experiencia, probo, “y sin relación con partidos y actores políticos” para que esta circunstancia no intervenga en su desempeño y decisiones, y se eviten abusos, chantajes, impunidad y prácticas antidemocráticas, como los casos OHL e Higa. “Necesitamos dar fortaleza a las instituciones anticorrupción para que ejerzan sus atribuciones y facultades con objetividad y autonomía; no deben estar supeditadas a ningún tipo de compromiso político, sino única y exclusivamente, al cumplimiento de la ley y a su responsabilidad con la ciudadanía”, detallaron. José de la Luz Viñas fue titular del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal de 2013 a 2014, director general adjunto jurídico-contencioso en la Secretaría de la Función Pública entre 2014 y 2015, y asesor del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) entre 2016 y 2017. Es maestrante en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana (también alma máter de Peña Nieto) y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Para operar el sistema estatal anticorrupción, en los días anteriores los diputados locales avalaron por unanimidad, además, el nombramiento de siete magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa con antecedentes que los vinculan al sistema y al PRD, quienes durante los próximos 10 años se encargarán de investigar y sancionar los casos graves de corrupción de los servidores públicos mexiquenses. El 10 de julio entraron en funciones, como integrantes de la Sala Superior, Rafael González Oses Cerezo, hasta hace unos días director general jurídico consultivo del Gobierno estatal; Gerardo Rodrigo Lara García, exdirector general adjunto de Asuntos Jurídicos del IPAB y subdirector de apoyo legal fiduciario de Banobras. También América Elizabeth Trejo de la Luz, funcionaria de la dirección general adjunta legal y de transparencia de la Subsecretaría de Infraestructura mexiquense; mientras Teresa de Jesús Martínez Ibáñez, quien cuenta con experiencia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Tricaem) como proyectista, fue adscrita a las Salas Regionales. El 30 de agosto se sumarán a la Sala Superior Claudio Gorostieta Cedillo, exdirector de lo Contencioso en la Procuraduría Fiscal, y Arlen Jaime Merlos, hija del exdirigente perredista José Luis Jaime y la exdiputada y exregidora por el mismo partido Rocío Merlos. Jaime Merlos fue comisionada de transparencia durante algunos meses y removida a mediados de 2015 por los mismos diputados, arguyendo entonces falta de méritos curriculares y profesionales. Para las Salas Regionales, en esa misma fecha, se sumará Lidia Elizalde Mendoza, quien se desempeñaba como secretaria de acuerdos en el desaparecido Tricaem.