MÉRIDA, Yuc. (apro).- Ejidatarios de Motul se manifestaron este jueves afuera de palacio de gobierno para protestar contra la trasnacional ibérica Aldesa y su filial en México, Aldener, por intentar despojarlos de sus tierras para instalar los parques eólicos que tienen proyectados en la entidad. En 2014 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizaron a ambas firmas la instalación de sendas plantas eoloeléctricas, Chacabal I y II, que estarán ubicadas en los municipios de Motul, Suma y Cansahacab. En ese entonces el costo aproximado de la inversión se estimó en mil 445 millones de pesos y, según lo que se informó en su momento, el proyecto contempla la construcción y operación de dos plantas con 15 aerogeneradores cada una. Entre ambas tendrán una potencia total de 60 megawatts. La producción anual bruta estimada esperada es de 187 mil 80 Mwh, que se pretendía tener lista en 2016, pero el proyecto entró en un compás de espera por las denuncias que promovieron ejidatarios inconformes. Hoy los manifestantes denunciaron que detrás del proyecto hay amenazas de muerte en su contra por oponerse, denunciar las irregularidades y negarse a vender sus parcelas para el desarrollo del proyecto. Y acusaron a los representantes de las empresas, Félix Núñez Moreno y Rafael Acosta Solís, de operar grupos de choque para dividir a la comunidad y obligar a los ejidatarios a ceder. Acosta Solís se desempeñó como subprocurador de Justicia en un tramo del periodo de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco, en el que por cierto se convirtió en una constante el despojo de tierras ejidales. Los inconformes señalaron que el comisario ejidal de Motul, Arcadio Tamayo Angulo, junto con otros ejidatarios, han sido amenazados de muerte para orillarlos a retirar las demandas que han entablado contra Aldesa y Aldener, y entregar sus tierras. Explicaron que son más de cinco hectáreas las que se requieren para los parques eólicos, pero en ellas habitan más de mil 400 ejidatarios y sus familias. También acusaron al excomisario de Motul, Juan Itzá Balam, de coludirse con la empresa y de haberse apropiado ilegalmente de mil 200 hectáreas del ejido. Detallaron que en su momento entablaron una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Federación contra las autorizaciones que otorgó la Semarnat a esos proyectos, por lo que el pasado 1 de junio se ordenó la suspensión temporal de las obras para efectuar los estudios pertinentes. No obstante, manifestaron su temor por las amenazas recibidas y demandaron la intervención del gobierno del estado para proteger su integridad y frenar las arbitrariedades de la empresa y sus representantes. Como parte de su protesta los manifestantes bloquearon el tráfico vehicular en la calle 61, frente al palacio de gobierno, luego de lo cual representantes del grupo inconforme fueron atendidos por autoridades estatales.