REYNOSA, Tams. (apro).- El ciudadano estadounidense Senovio Rafael Gutiérrez Guerra había ido a visitar a su abuela a su casa ubicada en un ejido Lucio Blanco, del municipio Gustavo Díaz Ordaz, el cual forma parte de la “Frontera Chica” tamaulipeca. Se despidió de ella al filo de las 8:00 horas del 22 de julio del 2016. A esa hora sobrevolaba la zona un helicóptero artillado de la Marina Armada de México. Unos 15 minutos después, un vecino de la familia llamado Julio les advirtió que llamaran a Senovio para se regresara debido a que la nave de la Marina estaba disparando contra algunos vehículos, y una camioneta se encontraba ya en llamas. Su hermana, Karla, no tenía su número de celular porque Senovio recién lo había comprado, así que salió a buscarlo. Avanzó unos kilómetros rumbo al Ejido Valadeces y localizó el auto de su hermano -un viejo Grand Marquiz- incendiado. Tirados sobre la carretera observó su sombrero y el vaso de café que tenía cuando salió de la casa de su abuela. En una brecha cercana al ejido Lucio Blanco se topó con una unidad de la Marina, donde llevaban a tres hombres y a Senovio. Karla les reclamó sobre su detención y les advirtió que ellos eran ciudadanos estadunidenses. “Tu igual que tu hermano toda tatuada vienes a pelearlo”, le increpó un marino. “¿Qué tienen que ver mis tatuajes?”, le reprochó Karla, quien se dio cuenta que otro efectivo de la Armada le comenzó a tomar fotografías. Los marinos le pidieron sus datos y le dijeron que mejor fuera al cuartel de la Armada en Reynosa a reclamar por la detención de su hermano. Cuando estaba a punto de llegar a la sede de la Marina, recibió una llamada urgente de sus familiares: Los marinos habían arrojado cuatro cuerpos en la entrada del ejido Lucio Blanco y uno de ellos era Senovio Rafael Gutiérrez Guerra. [caption id="attachment_495876" align="aligncenter" width="702"] El oficio contra la fiscal Viridiana Guadalupe Pérez.[/caption] *** Ese mismo día, Emilio Saavedra Galaviz, de 23 años, se encontraba conviviendo con un amigo afuera de su vivienda ubicada en el ejido Puertecito del municipio de Camargo, que también forma parte de la Frontera Chica. En esa franja fronteriza, que va desde Reynosa a Nuevo Laredo, conviven agricultores, ejidatarios y narcotraficantes ya que la región descubrió su vocación para el contrabando desde la época de la “Ley Seca” en Estados Unidos. A las 21:30 horas arribaron a la casa de Emilio unos 30 efectivos de la Marina en cuatro unidades oficiales y tres camionetas particulares. En una de ellas traían detenido a Eduardo, hermano de Emilio, a quien bajaron de un autobús. Los militares sacaron de la casa al resto de la familia y comenzaron a torturar a Emilio. Primero, le rociaron un garrafón de agua y durante dos horas lo torturaron con golpes y descargas eléctricas. Querían que confesara que era un capo y que su amigo era su escolta. Dionisia Galaviz Olivares, madre de Emilio de 57 años, les reclamó porque estaban golpeando a su hijo. En respuesta, los militares amenazaron con causar daño a toda su familia si hacía públicos los hechos. Los marinos se retiraron con los tres detenidos, pero posteriormente liberaron al hermano y al amigo. Emilio Saavedra apareció posteriormente incinerado arriba de un tractocamión, junto con otro hombre. *** A las 14:00 horas del mismo día, Joel Sebastián Cancino, originario del Estado de México y quien recién había llegado a Reynosa para emprender negocios, salió rumbo al municipio vecino de Díaz Ordaz para concretar la venta de un auto modelo Taurus 2012. Para las 16:00 horas se comunicó con su familia para avisar que ya había vendido el vehículo, en 17 mil pesos y les solicitó que vinieran a recogerlo. Quedó con su hijo menor y una de sus trabajadoras esperarlos frente al Motel Buda, ubicado muy cerca de la carretera que conecta a Díaz Ordaz con Reynosa. Alrededor de las 17:00 horas arribó su hijo al sitio indicado, acompañado de la mujer. En la zona se registraba una gran movilización de vehículos y helicópteros de la Marina Armada de México. Metros antes de estacionarse frente al Hotel Buda, el hijo y la trabajadora observaron cuando efectivos de la Marina interrogaron brevemente a Sebastian Cancino para luego subirlo, con violencia, a una de sus unidades donde llevaban a otras personas detenidas. Dos días después de su detención, Sebastián Cancino fue localizado en una bodega abandonada del ejido Lucio Blanco. Estaba incinerado en el interior de una camioneta junto con otro hombre, quien fue identificado como Jonathan Camacho Perales. Arely Treviño Salazar, de 18 años esposa, de Jonathan, denunció ante las autoridades que su marido se encontraban en el ejido Lucio Blanco cuando, a las 2:00 horas del jueves 22, llegaron marinos y presuntos elementos de seguridad, quienes se lo llevaron. [caption id="attachment_442591" align="aligncenter" width="1200"] Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina. Foto: Benjamin Flores[/caption] *** Las redadas que realizaron en la Frontera Chica el 22 de julio los efectivos de la Marina era la respuesta a un enfrentamiento ocurrido el día anterior en Reynosa, entre presuntos miembros del Cártel del Golfo y la Policía Federal, el cual dejó como saldo cuatro muertos. En ese operativo los efectivos de la Armada estuvieron “peinando” la zona y deteniendo a cualquier “sospechoso”. Ese día, los marinos “levantaron” a más de 26 personas, y al menos dos fueron soltados con vida. Entre los detenidos estaba un ciudadano originario de Costa Rica, de nombre Sergio Ricardo Jiménez Fallas, quien también apareció calcinado. Once de los detenidos aparecieron muertos, seis de ellos calcinados. Hasta ahora se desconoce el paradero de 13 de los “capturados” ese día. Tras su detención y desaparición, los familiares de las víctimas interpusieron denuncias ante el ministerio público de Díaz Ordaz y en la delegación en Reynosa de la Procuraduría General de la República (PGR). En esa dependencia, la fiscal federal Viridiana Guadalupe Pérez se encargó de destruir evidencias sobre la participación de los efectivos de la Marina en las detenciones, falsificó documentos y también se encargó de presentar a ciudadanos inocentes asesinados por los marinos como miembros del crimen organizado. Las autoridades estatales también contribuyeron a encubrir el caso y emitieron un comunicado del Grupo de Coordinación de Tamaulipas, mintiendo que seis de los muertos habían caído en enfrentamientos contra las fuerzas militares. Ese comunicado ahora forma parte de la carpeta de investigación que se integró en la Delegación de la PGR en Reynosa por la muerte y la desaparición de 24 detenidos por los militares. Las personas que pusieron las denuncias señalaron que en el caso de que sus familiares estuvieran relacionados con la delincuencia organizada no merecían que los infantes de Marina los desaparecieran o asesinaran. A un año del caso, la Procuraduría General de la República abrió la carpeta de investigación DED/TAMP/REY/0001538/2017 contra la fiscal Viridiana Guadalupe Pérez, “porque realizó posibles hechos constitutivos de Delitos Contra la Administración de Justicia”. La fiscal también es investigada por el Departamento de Asuntos Internos de la Procuraduría. Además, la Justicia Militar ya investiga el caso en la carpeta de investigación CI-SGJN/SC/NADV/2016-1. Proceso solicitó a la Secretaría de Marina información sobre las indagaciones de sus efectivos implicados, pero el departamento de comunicación no respondió a la petición que se realizó por escrito. En días recientes altos mandos de la Marina Armada de México comenzaron a reunirse con algunas de las víctimas para ofrecerles montos considerables de dinero como parte de la “reparación del daño”, con la insinuación de que a cambio guarden silencio. Los mandos enviados desde la Ciudad de México les advirtieron a las familias que no permitirán que este caso “manche” la reputación de la Marina. Funcionarios relacionados con la Comisión de Víctimas de Tamaulipas también han iniciado una campaña contra algunas de las familias, insistiendo que los muertos eran parte del crimen organizado a pesar de que las investigaciones arrojaron que la mayoría de ellos son totalmente inocentes y que su “delito” fue encontrarse en el lugar equivocado. La campaña que se realizan las autoridades de Tamaulipas en redes sociales incluye además intentos por desprestigiar los reportajes publicados por Proceso sobre este caso, el cual se perfila para ser la más grande ejecución extrajudicial perpetrada por efectivos de la Marina Armada de México.