Mujeres Nobel piden a Peña poner fin “de inmediato” a espionaje

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel hizo un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto para que de inmediato ponga fin a la vigilancia cibernética y cualquier tipo de espionaje sistemático a periodistas, activistas y abogados.

“Instamos firmemente al gobierno mexicano a llevar a cabo una investigación independiente e imparcial sobre la violación de los derechos de estos activistas. Es importante que esta investigación se realice fuera del ámbito de los ministerios que poseen el software de vigilancia”, puntualizó en un comunicado.

Destacó que entre los activistas que son vigilados se encuentran los del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una asociación civil que, apuntó, durante mucho tiempo ha sido aliada de la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel.

“Hemos trabajado en conjunto en la búsqueda de justicia para los sobrevivientes en Atenco (2006), así como para las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (2014). El Centro Prodh realiza una importante labor con el fin de defender y promover el respeto de los derechos humanos en México, y goza de un amplio respeto por las organizaciones de derechos humanos en todo el mundo”.

De acuerdo con la Iniciativa, la vigilancia del gobierno mexicano a dichos activistas y defensores de los derechos humanos no sólo representa un fracaso para mantener el estado de Derecho, es también un esfuerzo por obstaculizar la verdadera justicia y el respeto de los derechos humanos.

En ese sentido, declaró “su claro apoyo a los activistas, periodistas y abogados que están defendiendo los derechos humanos y la democracia en México”.

Remató: “Continuaremos trabajando con el Centro Prodh y sus aliados en la defensa de los que son objeto de flagrantes abusos de los derechos humanos perpetrados por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Exhortamos al gobierno de México al cese de todo tipo de vigilancia a periodistas y activistas, y a poner fin a la criminalización de activistas y periodistas que investigan o enfrentan abusos de los derechos humanos”.

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