CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobernador Héctor Astudillo Flores envió desde hace tres meses una iniciativa de decreto al Congreso local con el propósito de reformar la Constitución estatal para desarmar e impedir que las guardias comunitarias sigan desempeñando funciones de seguridad como prevenir, investigar y castigar delitos mediante esquemas internos de justicia popular. De esta manera, el mandatario pretende inhabilitar no solo a los grupos de autodefensa que acusó de estar infiltrados por el narco, sino también a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), que operan en la región de Costa Chica y la Montaña. Así como contrarrestar el efecto expansivo de los grupos de autodefensa que fueron alentados, armados y equipados por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero y actualmente siguen proliferando en las siete regiones ante el vacío de autoridad de esta entidad colapsada por la narcoviolencia, impunidad y corrupción gubernamental. El argumento jurídico de la iniciativa de Astudillo para desarmar a las guardias comunitarias es señalar que las leyes locales que amparan a los grupos de autodefensa se contraponen con las disposiciones legales del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNP), que entró en vigencia el año pasado a nivel nacional, indica la última reforma del instrumento jurídico publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2016, refiere el documento oficial consultado por Apro. El documento refiere que el Ejecutivo decidió reformar la Constitución local, luego de que el 3 de marzo de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación 9/2016 por el caso de la detención de la líder del grupo de autodefensa de Olinalá, Nestora Salgado García, donde se comprobó que las autoridades estatales y federales violaron los derechos humanos de los guardias comunitarios de la misma forma como ellos (comunitarios) lo hicieron al retener de manera ilegal a presuntos delincuentes. La iniciativa de Astudillo para el desarme de las policías comunitarias y los grupos de autodefensa fue remitida al Congreso en abril pasado y actualmente se mantiene congelada en la comisión de Asuntos Constitucionales, que encabeza el diputado local priista Cuauhtémoc Salado Romero. El viernes 21, el gobernador Astudillo admitió públicamente que las guardias comunitarias que operan en las siete regiones de la entidad están infiltradas por el narco. Ello, después de que el lunes 17 la agencia Apro dio a conocer un informe del gobierno federal donde se indica que algunos grupos de autodefensa son “paramilitares vinculados con el narco”, entre ellos señala a la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero (UPOEG) –que opera en Acapulco y las regiones de Costa Chica, Centro y la Sierra–, La Tecampanera de Teloloapan, El Movimiento Adrián Castrejón de Apaxtla, Paz y Justicia de Chilapa, Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan, y las guardias comunitarias que tienen presencia en la franja minera del río Mezcala. Al respecto, el mandatario reconoció que los grupos de autodefensa que operan en las regiones Centro, Acapulco, Costa Grande, Tierra Caliente, zona Norte y la Sierra “solo pelean territorios para imponer su hegemonía, no defienden a la población y lo que procede será enfrentarlos”, advirtió. Por ello, dijo que los grupos de autodefensa vinculados con el narco no deben existir, y defendió la permanencia de las organizaciones armadas que se ajustan a la Ley estatal 701, sobre el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, como en el caso de la CRAC-PC. No obstante, la iniciativa de decreto que envió al Congreso pretende desarmar tanto a la CRAC-PC, así como al resto de los grupos de autodefensa. La iniciativa del Ejecutivo El 24 de abril de 2017, el gobernador Héctor Astudillo Flores envió al Congreso local una iniciativa de decreto para reformar el artículo 14 de la Constitución local, relacionado con el título segundo de Los Derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que pretende desconocer las acciones de seguridad, prevención del delito y reglamentos internos que implementan actualmente las guardias comunitarias. Actualmente, el artículo 14 de la Constitución local establece el reconocimiento del gobierno a los esquema de seguridad y justicia que implementan las guardias comunitarias en la entidad, al señalar: “El Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado, y que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, dentro de sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de su Policía Comunitaria o Rural, integradas por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Popular o General, y con sujeción a la Ley de Seguridad Publica y su reglamento interno de esta entidad. Dichas policías tendrán una estrecha vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en lo que hace a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación”. La iniciativa de decreto del Ejecutivo enviada hace tres meses al Congreso local plantea una modificación total del artículo para dejarlo de la siguiente manera: “La Ley establecerá las bases para una adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia y de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal para que los pueblos indígenas y afromexicanos apliquen sus propios sistemas normativos”. Enseguida remata: “Tratándose de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana o bienes personales de algunos de sus miembros, se estará a lo dispuesto por la legislación nacional aplicable”. Es decir, la propuesta de Astudillo prohíbe detener personas, investigar, perseguir y castigar delitos como lo vienen realizando la CRAC-PC y la UPOEG, ambos afincados en pueblos originarios de la Montaña y Costa Chica, así como al resto de los grupos de autodefensa que operan en las regiones Centro, Tierra Caliente, Costa Grande, zona Norte y la Sierra. La recomendación de la CNDH por el caso Nestora La base jurídica del planteamiento de Astudillo para reformar el artículo de la Constitución local fue realizado por un despacho externo, luego de que el 3 de marzo de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación 9/2016 por el caso de la detención de la activista originaria de Olinalá y residente en Renton, Washington, Nestora Salgado García, líder de un grupo de autodefensa adherido a la CRAC en la región de la Montaña que fue detenida en agosto de 2013 y acusada de secuestro. La recomendación de la CNDH determinó que las violaciones a Derechos Humanos, tanto de las autoridades comunitarias como de las personas sancionadas por el Sistema Comunitario de Justicia, “fueron motivadas, en buena medida, porque los ámbitos de actuación, procedimientos y atribuciones, de las autoridades estatales y de las comunitarias no están claramente delimitados, ya que la fuente normativa es deficiente, ambigua y omisa en muchos aspectos”. Además, señaló el organismo, “no existe vinculación y coordinación entre el sistema estatal y el sistema comunitario indígena, lo que obstaculiza el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los sistemas comunitarios, y propicia abusos de las mismas autoridades comunitarias contra las personas sujetas a la jurisdicción indígena”. El organismo concluyó que el derecho a la autonomía y autodeterminación indígena “no es absoluto y tiene sus límites” en la no contravención de Constitución federal y el pleno respeto a los derechos humanos. Por ello, la CNDH recomendó al gobernador de Guerrero presentar iniciativas de Ley y reformas para asegurar el pleno respeto a la autonomía y determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Así como considerar la reforma al artículo 14 de la Constitución estatal, “mediante consulta, para garantizar el principio de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas del Sistema Comunitario de Justicia y que sea compatible con el sistema internacional de derechos humanos”, indica a resolución. A pesar de la recomendación de la CNDH, no existe antecedente de foros ciudadanos, previo a la iniciativa de decreto para reformar el artículo constitucional que envió el gobernador Astudillo al Congreso para limitar las funciones de las guardias comunitarias que operan al margen de la legalidad en la mayoría del territorio estatal.