TOLUCA, Edomex. (apro).- El abogado Óscar Valdés promovió un amparo contra el gobernador Eruviel Ávila y las demás autoridades involucradas en la designación de los 12 nuevos notarios del Estado de México, por incumplir los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley del Notariado para tal efecto. El recurso por presuntas violaciones constitucionales fue recibido este día por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca. En el asunto, el impugnante aludió interés legítimo que le fue violado con las designaciones. El doctor en Derecho advirtió que el Estado incumplió con la emisión de una convocatoria. Además de que los 12 son “inelegibles”, pues ninguno cumple con “ser profesional del Derecho, con una antigüedad mínima en el ejercicio de cinco años anteriores a la fecha de la solicitud”. Como parte de la demanda, requirió al Colegio de Notarios que presente las listas, expedientes, constancias y exámenes para acreditar que los designados cumplieron con el curso de formación de aspirantes a notario y lo aprobaron. A la Consejería Jurídica del gobierno estatal le pidió las pruebas de que al menos cursaron Derecho Registral o Notarial. A ambas instancias les exigió además demostrar que los nuevos fedatarios realizaron prácticas de manera ininterrumpida por un periodo mínimo de un año en alguna notaría del Estado de México, como también lo obliga la ley. Valdés Ramírez expuso que cuatro de los designados carecen de cédula profesional, lo que de igual manera resultaría un impedimento para ejercer. En esta circunstancia se encuentran Alfredo Jaramillo Manzur, sobrino del secretario general de Gobierno, José Manzur; Ricardo Giovanni Arredondo Lino, sobrino del secretario particular del presidente Enrique Peña, Erwin Lino; Beatriz Mercedes Corona Mercado, hija del secretario auxiliar de Presidencia, Jorge Corona Méndez, y Lorena Gárate Mejía, hija de Francisco Gárate, exrepresentante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE). En el caso de Mercedes Corona, indicó, también incumple con el requisito de edad mínima, establecida en 28 años por la Ley del Notariado del Estado de México, pues cuenta con 26 y apenas dos meses atrás se graduó por la Universidad Iberoamericana. La legislación vigente, recordó, obliga a no estar sujeto a proceso penal por delito intencional ni haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por un delito de la misma clase. En este entendido, destacó, resultaría sano que Francisco Xavier Borrego Hinojosa, exvicepresidente jurídico de Grupo Salinas, clarificara el fallo de la demanda promovida por extrabajadores de Canal 40 en su contra ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desalojo del Cerro del Chiquihuite en diciembre de 2002, o el estatus que guarda el proceso. Para acreditar el requisito de probidad y honorabilidad, destacó, Héctor Javier Astudillo Calvo, hijo de Héctor Astudillo, gobernador priista de Guerrero, debiera presentar pruebas que invaliden los señalamientos vertidos en redes sociales en su contra por delitos tan delicados como presunto lavado de dinero. Por todas estas razones, destacó el abogado, es preciso que los nuevos notarios no tomen protesta. De hacerlo, alertó, ponen en riesgo el patrimonio de los mexiquenses que confíen sus escrituras a los nuevos fedatarios por su inelegibilidad. De las anomalías cometidas en el procedimiento, añadió, son responsables el gobernador Eruviel Ávila -quien además es doctor en Derecho y eso en automático lo convierte en perito ante las autoridades “aunque no haya litigado” y lo obliga a validar o rechazar los datos de prueba- y el secretario general de Gobierno. El también académico indicó que entre profesionales del Derecho existe indignación por las designaciones, pero también miedo de enfrentarse al sistema. De manera personal, decidió tomar la iniciativa en busca de frenar este tipo de prácticas que se replican en todo el país y acotar a los gobernadores. No obstante, responsabilizó a Peña Nieto y a Ávila Villegas de cualquier represalia a su persona o familia, derivado de la inconformidad manifestada.