CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que “procederá” conforme a leyes y convenios aplicables, anta las sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Venezuela. En un escueto comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) y la SHCP informaron que México procederá ante las sanciones anunciadas por el gobierno de Donald Trump, sin dar más detalles de la forma en que lo hará: “Con respecto a las sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos a diversos funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela por menoscabar la democracia y los derechos humanos en dicho país, así como por participación en actos de violencia, represión y corrupción, el gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informa que procederá en consecuencia, de conformidad con las leyes y convenios aplicables en la materia”. En un segundo y último párrafo, el comunicado expresa la preocupación del gobierno mexicano por “la grave crisis por la que atraviesa Venezuela”, y reitera su llamado al gobierno del presidente Nicolás Maduro a restablecer plenamente el régimen democrático y el estado de derecho “de manera pacífica”. Y pide al gobierno venezolano reconsiderar su convocatoria a la Asamblea Constituyente mediante la que plantea crear una nueva Constitución. “México refrenda que el gobierno de Venezuela tiene la oportunidad histórica de abrir un nuevo camino de reconciliación y paz reconsiderando la convocatoria a la Asamblea Constituyente y creando las condiciones para iniciar un proceso genuino de negociación política entre todos los venezolanos”, concluye el comunicado. El miércoles pasado el gobierno Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra 13 altos funcionarios de Venezuela relacionados con la elección a la Asamblea Constituyente, la contención de las protestas y el manejo de áreas clave de la economía. La medida consiste en congelar bienes y anular visas fundamentalmente y busca incrementar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, a quien la Casa Blanca acusa de avanzar una agenda antidemocrática. Los sancionados son:Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral; Elías Jaua, jefe de la comisión presidencial para la Asamblea Constituyente y actual ministro de Educación; Iris Varela, miembro de la comisión presidencial para la Asamblea Constituyente y exministra de Asuntos penitenciarios. La lista también incluye a cinco altos cargos de las fuerzas armadas y de los cuerpos policiales, a quienes consideran responsables de la represión de las protestas en Venezuela: Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz; Jesús Suárez Chourio, comandante general del Ejército; Sergio Rivero Marcano, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana; Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana, y Franklin García Duque, exdirector de la Policía Nacional Bolivariana. Además, fueron sancionados cuatro funcionarios relacionados con papeles clave en la gestión de los fondos del Estado venezolano: Carlos Erick Malpica Flores, quien fue tesorero nacional; Simón Zerpa, vicepresidente de Finanzas de la petrolera estatal PDVSA; Rocco Albisinni, presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), el órgano encargado de administrar el sistema de control de divisas en Venezuela, y Alejandro Fleming, quien fue presidente de Cencoex, exministro de Comercio Exterior y Turismo, y vicecanciller para América del Norte y Europa. Las medidas adoptadas por Washington también alcanzan a Tarek William Saab, defensor del Pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano, por considerarlo responsable en la situación de los derechos humanos en Venezuela. La Casa Blanca anunció las sanciones en el marco de la primera jornada de las 48 horas de huelga general convocada por la oposición para protestar contra la Constituyente.