QUERÉTARO, Qro. (proceso.com.mx).- El máximo órgano de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el Consejo Universitario, condenó el abuso de la fuerza pública en contra de ciudadanos del Centro Histórico de Querétaro. El lunes pasado, el gobierno municipal, que encabeza el panista Marcos Aguilar Vega, utilizó maquinaria pesada y policías para imponer la rehabilitación de una calle y reprimir a un grupo de vecinos que se oponían por considerarla innecesaria y que ponía en riesgo el patrimonio histórico. “Los consejeros reprobaron el abuso de la fuerza pública para limitar el derecho a la libre expresión y replegar a los ciudadanos que han emprendido la defensa del patrimonio histórico de Querétaro”, difundió la institución en un comunicado. La consejera universitaria, Fabiola Larrondo Montes, detalló que durante los 15 días que habitantes del Centro Histórico estuvieron resguardando esa calle, recabaron más de 5 mil 600 firmas de la personas que consideran que dicha obra era innecesaria. Sin embargo, el gobierno municipal no los escuchó, en lugar de eso reaccionó enviando maquinaria pesada que levantó el adoquín y policías que reprimieron a los ciudadanos, de los cuales dos fueron detenidos. “Me parece inadecuado, por parte de la autoridad municipal, el procedimiento que siguió con los vecinos de (las calles) Madero y Ocampo y quisiera expresar mi solidaridad y que no estoy de acuerdo con que la quiten a golpes o a empujones”, expuso Luis Alberto Fernández García, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La consejera Larrondo resaltó que desde 1981, por decreto presidencial, el Centro Histórico de Querétaro fue declarado como lugar de sitios y monumentos, y desde 1996 es considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Agregó que la vialidad en cuestión, Francisco I. Madero, fue la Antigua Calle Real de Querétaro, donde se encuentran edificaciones históricas tales como la Catedral, el Palacio Conín y la Casa del Diezmo, donde hoy se encuentra la Dirección de Ingresos y donde se hospedó el cura Miguel Hidalgo. Por tal motivo, dijo, existen protocolos internacionales que exigen que las obras en ese tipo de espacios “sean hechas de manera quirúrgica, a mano” y no utilizando maquinaria pesada, tal como sucede actualmente, a pesar de que también el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió una recomendación enfatizando este aspecto. “Es un daño muy grave porque en este tipo de construcciones antiguas, no se puede meter ese tipo de maquinaria. Hicimos notar que es necesario intervenir el Centro, pero en calles y banquetas que están destruidas”, externó la Dra. Larrondo Montes. En ese sentido, la directora de la Facultad de Filosofía, Margarita Espinosa Blas, reiteró que el espacio de esa unidad académica también forma parte del catálogo del Patrimonio de la Humanidad y ahí se tiene un deterioro considerable. Relató que a pesar de las gestiones que han hecho para conservar el lugar, en su caso los procesos ante el INAH son muy lentos, al grado que el resolutivo de esa instancia para la impermeabilización de tres patios y una excavación necesaria para el diagnóstico de ese edificio, demoró un año. En la sesión de Consejo Universitario, realizada el jueves 27 pasado, el director de la Facultad de Ingeniería, Aurelio Domínguez González, reiteró la disposición de los universitarios para hacer los dictámenes técnicos que cumplan con todas las normas y especificaciones que se deben de llevar. “Sin embargo, muchas veces somos ignorados, recuerdo que solicitamos el estudio de movilidad y nunca se nos dio; no sabemos si existió en su momento o si existe, y toda obra debe estar muy bien planeada”, expresó. El consejero advirtió que a un costado del Acueducto de Querétaro hay una construcción con excavaciones profundas de la que no se sabe qué afectaciones pueda ocasionar a ese monumento emblemático de la entidad. Indicó que además esa construcción es un edificio que va a tapar la visibilidad del Acueducto, tal como el edificio que está siendo erigido en Avenida 5 de Febrero, esquina con Avenida del Río, el cual obstruye la vista del monumento a Benito Juárez en el Cerro de la Campanas. “Es una pregunta muy seria a las autoridades que están permitiendo estas edificaciones en el Centro Histórico de la Ciudad y que pueden poner en riesgo el reconocimiento de patrimonio de la humanidad, ya ha habido amenazas al respecto en otras partes del país y por eso es importante”, consideró. El director de gobernación municipal, Alejandro Pacheco Manríquez, reconoció el 10 de julio que las protestas de los ciudadanos se pudieron evitar con el diálogo, el cual aseguró que mantenían con los vecinos. En tanto el alcalde Marcos Aguilar Vega rechazó hacer algún pronunciamiento ante la inconformidad ciudadana. “Me tengo que retirar”, repitió al menos en cinco ocasiones a este reportero cuando se le expuso que esos vecinos no se sentían escuchados. La madrugada del 24 de julio el director de gobernación municipal llegó con maquinaria pesada y le dijo a los vecinos que tenía la instrucción de continuar con la obra. Ante el rechazo de los habitantes, el gobierno dispuso de decenas de policías para reprimirlos. Algunas personas ancianas se vieron en medio del forcejeo con los policías que resguardaron la maquinaria pesada que destruyó el adoquín, el cual no tenía  un deterioro considerable.   Desacatan resolución El Consejo Universitario también externó su respaldo al abogado César David Tarello Leal, profesor de la Facultad de Derecho, quien ha denunciado diversas amenazas contra su ejercicio profesional. Tarello Leal es el abogado de los comerciantes que fueron desalojados de la alameda “Hidalgo”, también por el Gobierno del presidente municipal, Marcos Aguilar Vega. “El Gobernador de Querétaro Pancho Domínguez y el Presidente Municipal Marcos Aguilar (que quiere ser Senador) nos amenazan públicamente por ejercer la labor de abogado en causa justa y ganada en el amparo 1242/2016 del juzgado cuarto de distrito de amparos y juicios federales en Querétaro”, escribió Tarello. En este caso un grupo de comerciantes se ampararon y lograron que dos juezas ordenaran su reinstalación al frente de la alameda “Hidalgo”, pero el gobierno ha desatendido esa resolución judicial. El gobernador, también panista, Francisco Domínguez Servién había pugnado por el diálogo entre las partes, porque decía que de otro modo nadie ganaba. Sin embargo, el mandatario estatal cambió su postura y públicamente difundió que usaría toda la fuerza de la Ley para que no se cumpla la resolución judicial que ordena reinstalar a los comerciantes al frente de la alameda. En este conflicto el gobierno municipal lanzó una intensa campaña mediática que hablaba de “rescatar” la alameda “Hidalgo” “de los ambulantes”, a los que responsabilizaba de vendedores de droga, de ser tratantes de blancas y hasta de comercializar armas. La campaña surtió efecto y una gran cantidad de gente respalda el actuar de la autoridad, pese a que dos juezas determinaron la violación de las garantías individuales de los comerciantes. Lo que el Gobierno de Marcos Aguilar no le dijo a sus gobernados, con puntualidad, es que los comerciantes fueron instalados sólo al frente de la alameda “Hidalgo” por la primera administración municipal del Partido Acción Nacional en la capital de Querétaro, que encabezó Francisco Garrido Patrón. Tampoco que los comerciantes contaban con licencia municipal, que pagaban impuestos y que la estructura que fue retirada no la pusieron los comerciantes, sino las propias autoridades por gestiones de los comerciantes. Asimismo, que en realidad esa zona comercial no tenía problemas, como lo reconoció semanas antes del desalojo el director de Inspección Municipal, Hugo Serrano Martínez, servidor público que ahora figura en el expediente como el responsable del desalojo. Pese a que el alcalde Marcos Aguilar Vega aseguró que en esa zona comercial –ubicada a unas cuadras de la oficina del gobernador– vendían granadas y armas largas R15, no hay un solo detenido por esos supuestos actos al margen de la Ley. Ahora en los gobiernos municipal y estatal pretenden acordar, con las autoridades judiciales, establecer a los comerciantes en otro sitio, pero su incumplimiento podría derivar en las primeras sanciones por no acatar las Leyes que, cuando tomaron protesta, juraron cumplir y hacer cumplir.