CHIHUAHUA, Chih.- Desde hace mes y medio la vida de Nidia Ivonne Muñoz Gavaldón cambió de forma radical. Liquidada como operadora de la maquila FIH por no laborar durante una semana por buscar a su hija Fátima, de 17 años, desaparecida el 17 de junio, se planta todos los días en las oficinas de la Fiscalía General en la capital del estado. Espera respuestas. “Todos los días me levanto, me baño, desayuno algo y me voy a la fiscalía a preguntar qué saben de mi hija. Siempre responden lo mismo: que no hay nada, que las declaraciones que han tenido no los llevan a ninguna parte. Regreso a la casa y mis otros hijos me preguntan si ya va a volver su hermana. Es muy frustrante no saber de alguien que salió de ti”, dice conteniendo las lágrimas. De 33 años, Muñoz Gavaldón incluye en su rutina diaria visitas a las oficinas de Justicia para Nuestras Hijas, organización civil dirigida por Norma Ledezma Ortega, madre de Paloma Escobar, desaparecida el 2 de marzo de 2002 y localizada sin vida 27 días después, caso que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este organismo emitió nueve recomendaciones al Estado mexicano tras acordarse una solución amistosa. Entrevistada en el local de la organización, Muñoz acudió a Ledezma los primeros días posteriores a la desaparición de su hija y logró que el 8 de julio se organizara un rastreo en el área de la hacienda Los Potreros, donde se llevó a cabo la fiesta rave donde se vio por última vez a Fátima y a la que asistieron alrededor de mil 500 personas. En la búsqueda intervino personal de la Agencia Especial de Investigación, de la Unidad Especializada de Personas Ausentes, de la Fiscalía Especial de Víctimas del Delito y el Grupo Especial K9, que cuenta con perros adiestrados. No hubo resultados. “Yo no sabía que existían esas fiestas –apunta Ivonne desesperada–; duran dos días y tocan música electrónica. Una chavalilla que estaba con mi hija me dijo que la sacaron dos hombres de la fiesta, pero no volvió. Me dijo que la buscara en la comisaría, pero ahí no tenían reporte de haber detenido a Fátima. “Unos testigos dicen que se fue por su propio pie y otros dicen que la agarraron de los hombros y la sacaron. Yo no creo que mi hija se haya ido por propia voluntad, pero no quiero saber quién se la llevó, yo sólo quiero a mi hija, no quiero que se convierta en un número más.” La ausencia de Fátima es una evidencia de la imparable desaparición de mujeres en este estado fronterizo, que en el caso de las jovencitas tiene un cariz especial, advierte Ledezma Ortega, quien después del hallazgo sin vida de su hija se ha dedicado a buscar personas privadas de su libertad, en particular mujeres y niñas. Actualmente su asociación Justicia para Nuestras Hijas da seguimiento al menos a 55 casos de desaparición. “Parece como si a Fátima se la hubiera tragado la tierra –explica la defensora–, no tenemos nada, lo único que se sabe es que en ese tipo de eventos se distribuyen todo tipo de drogas, coctelería le dicen, y eso es prueba de la fuerza que tienen las mafias de trata y de narcotráfico en Chihuahua: que no se les ha podido descabezar. Agarran a operadores pequeños, pero los de alto rango quedan intactos.” En busca de las “otras Palomas” Con 15 años de experiencia en atender casos como el de Fátima y de rescatar a algunas jovencitas de bandas de tratantes, Norma Ledezma advierte que los métodos de esos grupos criminales han cambiado en el estado: “El perfil de las víctimas es el mismo: jovencitas de escasos recursos que estudian o buscan trabajo. Antes lo común era que se llevaran a las chicas que frecuentaban el centro de Ciudad Juárez y de Chihuahua. Las vigilaban, las abordaban una o dos veces y las privaban de la libertad. Ahora las inducen al consumo de drogas, particularmente cristal. “La mayoría tiene el contacto en las escuelas. Hay niñas de 12 y 14 años que consumen cristal, y así las controlan. Las chicas se prostituyen por algunas dosis, pero también se convierten en distribuidoras, de manera que es frecuente que se vayan de su casa por su propio pie, y aunque las localicen se vuelven a ir.” Ante la evidencia de que “la estrategia para detener la desaparición de niñas ha fallado”, Ledezma ha establecido convenios de colaboración con el gobierno de Javier Corral para proteger a la población adolescente vulnerable en ocho escuelas públicas (dos primarias, dos secundarias y cuatro preparatorias) en zonas de alta incidencia de violencia contra mujeres, así como de venta y consumo de drogas. El programa está dirigido a atender una de las recomendaciones de la CIDH en el caso de Paloma Escobar. “Existe una Fiscalía de Prevención del Delito, que da pláticas pero con eso no se quita el hambre ni la ignorancia; no combates la pobreza ni la impunidad. Se necesita un programa integral para evitar no sólo que sean captadas las mujeres, sino también los hombres, como ocurre actualmente”, sostiene Ledezma. Justicia para Nuestras Hijas también estimula a las familias a denunciar los casos de desaparición a través del programa Espacios Vacíos, cuyo objetivo a decir de Ledezma es “que muchas familias que por miedo no denunciaron la desaparición de sus seres queridos, sobre todo en lugares donde el crimen organizado tiene un fuerte control, acudan a las autoridades y se hagan la prueba del ADN para localizar a sus familiares”. Entrevistada en la zona destinada a los cuerpos no identificados del panteón municipal, Ledezma recuerda que el Sistema de Ingreso y Egreso de Cadáveres con el que cuenta Chihuahua, implica que antes de inhumar los cuerpos se toman muestras de su ADN. Ese fue un logro de las organizaciones civiles de derechos humanos de la entidad, que exigieron “dar una tumba digna a tantos cuerpos recuperados tras los años de violencia y establecer las condiciones para su identificación”. De acuerdo con información proporcionada a Proceso por el director de Servicios Periciales de la Fiscalía General, Daniel Ricardo Jaramillo Vela, en los panteones municipales del estado hay mil 657 cuerpos sin identificar: 122 corresponden a mujeres y mil 535 a hombres. Ledezma agrega que su organización ha colaborado con las autoridades para activar rastreos y búsquedas de personas desaparecidas, actuando de manera directa con un Grupo Multidisciplinario adscrito a Servicios Periciales. Según Jaramillo Vela, dicho grupo ha localizado 59 cuerpos desde diciembre del año pasado a la fecha, de los cuales 14 fueron ubicados en colaboración con Justicia para Nuestras Hijas. “Mi vida cambió desde hace 15 años; cuando perdí a Paloma se acabó la mitad de mi vida. Ahora sé que después de tanto tiempo no voy a encontrar a quien privó de la vida a mi hija, sé que mi caso se va a quedar impune”, dice con cierta resignación Ledezma, quien fundó su organización con el auspicio de luchadores sociales como Gabino Gómez, Alma Gómez y Luz Estela Castro, fundadores del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm). Alimentada por el deseo de que “esos cuerpos que por ahora son un número tengan un nombre”, Ledezma siente alivio porque gracias a organizaciones como la suya y de las familias de “otras Palomas”, la situación no es la misma que hace 15 años. “Hasta ahora no se ha combatido la violencia ni la impunidad, pero se han mejorado las estrategias para la atención al problema de violencia contra las mujeres y desapariciones, por los movimientos de familias, y en mi caso particular mi misión es ver por el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH y seguir en la búsqueda de otras Palomas”, puntualiza la defensora. Este reportaje se publicó en la edición 2126 de la revista Proceso del 30 de julio de 2017.