CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a que aún no arranca el proceso electoral de 2018, Emilio Álvarez Icaza y Alfredo Figueroa, integrantes de la organización AHORA, aseguraron que existe ya una crisis en el Instituto Nacional Electoral (INE), y advirtieron que si no hay un cambio de fondo podrían explotar protestas sociales como en 1988 y 2006. Para los dos integrantes de AHORA, en las elecciones del pasado 4 de junio en Coahuila y el Estado de México se hizo evidente la intervención directa de los gobiernos federal y estatal, que además, dijeron, mandaron el mensaje de que harán lo mismo para el próximo año en los comicios para elegir presidente de la República, gobernadores de 30 estados y para renovar las cámaras de Diputados y Senadores. “Fue la intervención más escandalosa de un gobierno que manda el mensaje de que no está dispuesto a respetar la ley y que va a intervenir de manera ilegal. No solo eso, sino que mostró el ánimo del presidente para la elección de 2018. Vamos a enfrentar esa regresión autoritaria, la del gobierno de Peña y su camarilla que decide meterse a fondo bajo la lógica de que cualquier costo es menor a perder el Estado de México”, sostuvo en entrevista Álvarez Icaza. A su vez, Alfredo Figueroa, exconsejero electoral y coordinador del equipo de AHORA a nivel nacional, apuntó que esa situación se ha agravado por la falta de investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a cargo de Eduardo Garza Curiel, quien ha desatendido las denuncias del uso ilegal de recursos públicos y privados no sólo en las elecciones de este año, sino en las anteriores en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, donde se rebasaron los topes de campaña por mil 600 millones de pesos. Figueroa ocupó el cargo de consejero del Instituto Federal Electoral (ahora INE) de agosto de 2008 al 30 de octubre de 2013, y presidió las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral e integró la Comisión de Quejas y Denuncias. Conocedor de las entrañas del órgano electoral, aseguró que la institución ha sido “secuestrada” por el PRI, pues una buena parte de sus integrantes responde más a los intereses de ese partido que a sus responsabilidades dentro del INE. Tanto Álvarez Icaza como Alfredo Figueroa exigen la renuncia completa del Consejo General del INE y el cese inmediato del titular de la Unidad de Fiscalización, porque “está dinamitando esta función en el INE, cometiendo acciones fuera del reglamento, generando incertidumbre y falta de certeza jurídica, e impidiendo la anulación de las elecciones en Estado de México y Coahuila”. Dijeron que aún es tiempo para la renovación del INE, pues así se hizo en 1994, cuando hubo una crisis en el entonces IFE, y solo así podrá enfrentarse el reto de recuperar la credibilidad y confianza ciudadana para la organización de las elecciones el año entrante. “El sentido de nuestra exigencia es advertir que la crisis ya está, no es que vaya a pasar después de las elecciones. Eso va a ser un problema mucho mayor si no se atiende ahorita. Lo que estamos viendo es una autoridad echada para atrás, que no cumple con su mandato constitucional y autoridades competentes que tendrían que colaborar y se niegan a hacerlo”, resaltó Álvarez Icaza. Los integrantes de AHORA sostuvieron que en el caso del titular de la Unidad de Fiscalización, Eduardo Gurza Curiel, está a la sombra del PRI porque fue uno de los miembros del Consejo Directivo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) durante 2013, cuando Alfredo del Mazo Maza estaba al frente; además, es padre de la exdiputada priista en el Congreso mexiquense, Alejandra Gurza Lorandi. Y en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, apuntaron, se encuentra Alberto Bazbaz, exprocurador del Estado de México (en el sexenio de Enrique Peña Nieto), quien eludió dar la información solicitada sobre el desvío de los recursos públicos en el rescate carretero, para la campaña de Alfredo del Mazo. “Si el señor Bazbaz, en la tragedia de la niña Paulette, no la encontró, ¿cómo va a encontrar los ríos del dinero ilegal? Hay un concierto de voluntades que solapan y reproducen la impunidad”, indicó Álvarez Icaza al recordar que este personaje tuvo que renunciar como procurador al no resolver la desaparición de Paulette Gebara Farah en 2010. “Lo que nosotros preguntamos es si vamos a llegar así al 2018. Lo que está en riesgo es el sistema político nacional, la democracia. Lo que estamos viendo es un fenómeno donde lo que está determinando la democracia electoral es el dinero ilegal. Entonces lo que hay es una compraventa de voluntades, es la preventa de un gobierno que después se paga con casas o los acuerdos inconfesables con el narco y con el delito que luego dejan secuestros, desapariciones, sin que la autoridad investigue, o con poderes fácticos a los que les dan licitaciones, servicios y carreteras. Eso es lo que está en riesgo”, aseveró el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). El ciclo de corrupción en el Estado de México La organización AHORA ha denunciado ante el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) la transferencia ilegal de mil 600 millones de pesos de recursos públicos del programa de rescate carretero para la campaña de Alfredo del Mazo en la pasada elección. En dicha denuncia señalan que este desvío ilegal de dinero también ocurrió en las campañas que encabezaron Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila para ser gobernadores del Estado de México. A este entramado financiero le llaman “El Ciclo”, porque ha sido utilizado desde 2006 en los procesos electorales del Estado de México y se trata del desvío ilegal de dinero público para el financiamiento de las campañas de los candidatos del PRI en esa entidad. “Lo que llamamos 'El Ciclo' pretende ofrecer elementos históricos en torno a los cuales se advierte un modus operandi vinculado a determinaciones asociadas a dos cuerpos carreteros y a la connivencia entre la empresa OHL México y el gobierno del Estado de México, dando lugar a un presumible desfalco de las finanzas públicas del gobierno del estado y generando una suerte de deuda pública para los mexiquenses en concesiones que abarcan décadas”, explicaron. En dicha trama señalan como responsables a Enrique Peña Nieto; Luis Videgaray Caso; Gerardo Ruiz Esparza; Eruviel Ávila Villegas; Apolinar Mena Vargas, extitular de Comunicaciones del gobierno del Estado de México y actual secretario Técnico de Gabinete del mismo gobierno; Juan Miguel Villar Mir, representante legal de OHL; José Andrés de Oteyza Fernández, presidente de OHL en México; Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), y Carlos Fernando Partida Pulido, director general del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México. En el caso de la campaña de Del Mazo, precisan en su denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que el desvío ilegal de recursos proviene del tramo de la carretera Chamapa-Lechería, cuyo origen data de 1991, mediante un Convenio de Concertación de Acciones. “En él se advierte un conjunto de irregularidades vinculadas a lo que en 2014, 2015 y 2016 fueron transferencias ilegales que además fueron consignadas indebidamente, tanto en la Cuenta Pública Federal, como en la del Estado de México, y en la que Banobras jugó un papel relevante cuando su titular era precisamente el candidato a gobernador del Estado de México”, señalaron en la denuncia presentada el 25 de julio, luego de que cuatro días antes el INE declaró “improcedente” la demanda de investigación. Precisaron que la propia autoridad “confirmó la existencia de la transferencia por mil 600 millones de pesos y verificó que efectivamente dichos recursos fueron depositados en el Sistema de Autopistas, Aeropuerto, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) y provinieron del Banco de México por concepto de 'Pago TESOFE', el 21 de septiembre de 2016; asimismo, confirmó que dichos recursos fueron transferidos en favor del gobierno del Estado de México el 3 de octubre de 2016”. Mediante un Convenio de Transacción, subrayaron, el propio gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, informó a la opinión pública que los recursos fueron destinados para obras y acciones específicas, pero que no se investigó si se inyectaron al programa “Mujeres que Logran en Grande”, vinculado justamente a la tarjeta Banorte que ofrecieron como prueba para acreditar el financiamiento ilegal de la campaña de Alfredo del Mazo, en torno al cual existieron más de 9 mil beneficiarios que a la postre fungirían como representantes de partidos políticos ante casilla y generales en un 67%. En su alegato, AHORA subrayó que a pesar de haber entregado las pruebas del desvío de recursos públicos en la campaña de Del Mazo a la unidad técnica de Fiscalización del INE, y de haber solicitado datos específicos al respecto a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resulta inexplicable que no se haya realizado la investigación. En su denuncia ante el TEPJF, precisa: “Resulta inexplicable de tal modo que, habiendo ofrecido antecedentes del ciclo de corrupción política del gobierno del Estado de México con entes privados, y habiendo denunciado la desviación de recursos federales a favor de dicha entidad, cuyo destino aún se desconoce, no se haya establecido una investigación sobre el vínculo que existe entre dicha desviación y el programa mediante el cual se dispersaron recursos en favor de promotores del Partido Revolucionario Institucional”. AHORA sostuvo que las diligencias realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE fueron insuficientes, “toda vez que dentro de los requerimientos no se establece la relación entre cada cliente o beneficiario del programa “Mujeres que Logran en Grande”, puesto que se admite como válida, sin que medie una consideración jurídico electoral de su implicación, respecto del financiamiento de la campaña y estructura del PRI”. Mientras que de las explicaciones de Banorte, en el sentido de que las tarjetas usadas en la campaña de Del Mazo “son de bajo riesgo y por lo tanto no pueden vincularlas con personas específicas”, advierte una ausencia de diligencias a través de las cuales la institución crediticia “pudo válidamente conocer los mecanismos de entrega de dicho programa, el listado de todas las tarjetas en función de la geografía electoral de la entidad, y de su vinculación con el segmento poblacional al que estaba dirigido”. Para la organización civil, que busca registrar la candidatura independiente de Emilio Álvarez Icaza para presidente de la República, es claro que tanto la autoridad electoral como la hacendaria no quisieron cumplir con sus responsabilidades legales de investigar el desvío ilegal de recursos públicos para la campaña de Alfredo del Mazo. Así, frente a esta decisión de no investigar a fondo el uso de recursos públicos en la campaña del primo de Peña Nieto, “de la intromisión salvaje del gobierno federal y estatal actuando sin que el INE actuara”, los dos integrantes de AHORA advierten que la crisis electoral ya se adelantó y podría derivar en un conflicto social en 2018.