CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La madrugada del pasado 23 de marzo encontró a Patricia Mayorga escribiendo, hasta que la venció el cansancio. Al despertar, descubrió su teléfono saturado de mensajes y llamadas perdidas. No tuvo tiempo para enterarse del porqué tanta insistencia cuando volvió a sonar el celular, ya en sus manos. Contestó. La voz sin identificar del otro lado del auricular la enmudeció: le preguntaba su opinión sobre la muerte de la periodista chihuahuense Miroslava Breach, asesinada de ocho balazos a la puerta de su casa cuando se alistaba para llevar a su hijo a la escuela. A Patricia se le resquebrajó el alma. La vida de ambas se había vuelto indisoluble. No solamente eran paisanas, colegas que habían coincidido en la solidaridad y la nobleza hasta forjar una amistad perpetua. Compartían un compromiso por denunciar las innumerables violaciones a los derechos humanos en el “narcoestado” de Chihuahua y lo pelearon hombro a hombro. Aturdida por la noticia, Patricia no atinó más que a seguir trabajando. Tomó sus cosas y salió para cubrir la sesión del Congreso local. Contestaba su celular en automático cuando la llamó el gobernador entrante de Chihuahua, Javier Corral, quien le informó que le pondrían escoltas con o sin su consentimiento. Juntas, Miroslava y Patricia investigaban sobre precandidatos a alcaldías que eran familiares de líderes de grupos criminales, cuando empezaron las amenazas para ambas. Con los días, las investigaciones concluyeron que el asesinato de Miroslava estaba vinculado con ese trabajo y que la vida de Mayorga corría peligro. De entrada Patricia rechazó la ayuda. Desbordada de coraje y dolor no pensaba otra cosa que unirse a las protestas de su gremio para exigir justicia. Entonces una organización independiente, sin fines de lucro, que promueve la libertad de prensa en todo el mundo y defiende el derecho de los periodistas a informar sin temor a represalias, valoró su caso y la convenció de aceptar la brusquedad de una salida de emergencia: el exilio. Dicho organismo es el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, mismo que el martes 18 decidió reconocer la labor de Patricia con el Premio Internacional a la Libertad de Prensa por su “valentía” y su “ejemplo” como periodista en un país en el que serlo le ha costado la vida a 120 colegas desde el año 2000; siete, contando a Miroslava Breach, en lo que va de este año. Colaboradora fundamental de Proceso, Patricia Mayorga ha narrado en estas páginas el horror en Chihuahua: narcopolítica, desapariciones, desplazamientos forzados, homicidios dolosos, masacres y el sometimiento de los indígenas de la Sierra Tarahumara. “Un sistema cómplice” Forzada al destierro, Patricia envió a este semanario las respuestas de una entrevista escrita a propósito del galardón que hoy la distingue: –¿A dónde te llevan la sensibilidad y la mente con tantos asesinatos de periodistas en México? –A replantear mi vida, mi trabajo, no para desistir (que sería una opción digna) sino para enfocarme más y plantarme de forma más segura y con mayor claridad. Hay mucho dolor en el gremio y parte del proceso de recuperación te obliga a parar y valorar más a los medios que se han sostenido en una línea crítica y periodística, a pesar de la adversidad. –¿Qué responsabilidad tiene el gobierno respecto a la inseguridad que viven los periodistas? –El gobierno es corresponsable del incremento de agresiones contra periodistas, desde la censura que se ejerce por la entrega discrecional de convenios millonarios de publicidad, hasta los homicidios. Es un sistema cómplice de los perpetradores, y, en otros casos, es el propio agresor. “La falta de resultados ha generado un alto índice de impunidad, que pareciera es un derecho que les otorgan a los delincuentes para seguir matándonos, agrediéndonos, desplazándonos, como si nosotros fuéramos los delincuentes que cometen crímenes de lesa humanidad.” –¿Cómo ha trastornado su vida la inseguridad, particularmente contra el gremio? –Te trastorna física, ética, laboral y emocionalmente. El estado de Chihuahua lideró varios años en homicidios dolosos, principalmente Ciudad Juárez. Los reporteros y fotorreporteros han cubierto la violencia sin estar preparados. Un corresponsal de guerra opta por ir a cubrirla y sabe que hay dos frentes; en México sólo sabemos que hay guerra porque tiene las características, pero no sabemos cuántos frentes hay. –Cuente del sufrimiento de su familia. –Nos transformó a todos. Mi hija adolescente está conmigo y para ella es más difícil. Ella no eligió esta profesión ni irse del país. Ahora su vida cambió y estamos empeñadas en ver una oportunidad en medio del dolor que niebla. –¿Cómo ha sido vivir con miedo? –De pronto en un sueño, en una imagen, en un recuerdo como el momento que te imaginas que dispararon contra tu amiga y el dolor te domina, te provoca y reniegas. Entonces piensas que tal vez pudo ser como otros dicen, que pude ser yo. Pero no me paraliza. –¿Qué ha aprendido de la condición humana en estos años tan violentos? –He visto el rostro más perverso de las personas y también el más valiente y solidario. El hombre es capaz de todo, hasta de lo que no hubiéramos imaginado, por temor, por dinero, por poder. –Usted ha denunciado complicidad entre políticos y criminales. ¿Qué representa una mayor amenaza, tanto para sociedad como para periodistas, los criminales o los gobernantes corruptos? –Ambos. El riesgo ante los criminales es latente y es real. Gran parte del gremio desconoce el alcance de los grupos delictivos, falta capacitación para entenderlos. Pero los gobernantes corruptos también se han convertido en otra especie de crimen organizado, porque como sistema político han armado redes de complicidad que cada vez son más evidentes y que son la principal amenaza contra la ciudadanía. –Usted documentó ampliamente la corrupción en el gobierno de César Duarte, hoy prófugo. ¿Se sintió amenazada por exhibirlo? –El gremio, en todo el estado, enfrentó una de las más fuertes censuras en el gobierno de César Duarte, quien entregó contratos millonarios para callar a la prensa y simular una baja en los homicidios. Negaron todo lo que ahora se hace evidente. Además de una deuda multimillonaria, dejaron una sociedad cargada de dolor, cuyo tejido social será difícil reconstruir. –¿Cómo ha sido vivir en el exilio, desterrada por la ley de quienes intentan imponer el silencio en el país? –Me negué hasta el final, aún me niego, pero conforme pasa el tiempo hay más claridad. Vivo un proceso de duelo con el coraje y frustración de ver más compañeros asesinados y al país más podrido cada día. Aún me siento impotente por estar fuera, por tener que huir como si yo fuera la criminal, pero estoy convencida de que podremos transformar tanto dolor en vida. –¿Que le representa el premio? –Este premio es por y para Miroslava, mi amiga, maestra de muchos, a la que voy a dedicar mi vida para honrarla. También es para Javier (Valdez), que como ella decidieron no ser cómplices. Es para todos mis compañeros que están empeñados en hacer periodismo a pesar de los gobiernos, de sus propias empresas, del miedo, de amenazas, de desplazamientos intermitentes. “Significa que la muerte de cada periodista está siendo valorada, y que los que ya no están tendrán que convertirse en nuestra guía. La oportunidad de elevar el nivel de la exigencia de justicia, de hacer visible el dolor que cargamos.” –¿Dónde encuentra la felicidad hoy? –En mi hija, en mi familia, en el coraje de colegas empeñados en no ceder, en la vida, en que estoy viva y me siento viva. Hubo un tiempo en el que estuve viva y no me sentía viva de tanta desesperanza. Este testimonio se publicó en la edición 2126 de la revista Proceso del 30 de julio de 2017.