CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El pozo de corrupción e ineptitud en el que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sumido al país quedó dramáticamente exhibido en el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca. El cinismo y la irresponsabilidad mostrados por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza –antes y después del penoso acontecimiento–, es sólo comparable a la complacencia de su jefe. Complicidad obliga. ¿Triunfará la impunidad? Una vez más se manifiesta que la función primordial del encargado de la infraestructura pública del país no es la construcción de proyectos de calidad para promover el desarrollo nacional en beneficio de la sociedad, sino diseñar y operar una estrategia para asignar la obra pública a empresas afines, con las cuales se puedan establecer acuerdos secretos que permitan compartir sus multimillonarias utilidades con quienes les han otorgado dichos contratos (el secretario, su jefe y sus secuaces). La pésima calidad, los retrasos y los escandalosos sobreprecios de las obras, así como la pérdida de vidas humanas a causa de la negligencia criminal son “gajes del oficio” o “malos ratos”, de acuerdo con el intocable caradura. Este tipo de corrupción a gran escala requiere, ante todo, formar un equipo de trabajo compacto en el más alto nivel del gobierno federal o estatal, de extrema confianza y discreción absoluta, regido por la ley del silencio, la simulación y la componenda. El segundo elemento es encontrar las contrapartes en el sector privado, nacional o extranjero, a fin de crear compromisos confidenciales basados en el viejo principio del trueque: Yo te asigno contratos multimillonarios a cambio de un porcentaje generoso –que puede ser hasta de 50%– de las utilidades que genere cada uno de los proyectos realizados durante la gestión del mandatario federal o estatal en cuestión. El tercer elemento es garantizar la inmunidad e impunidad de los responsables de dichos convenios delictivos mediante una elaborada estrategia jurídica y política, contable y administrativa, a fin de ocultar los delitos por hechos de corrupción de los servidores públicos tipificados en el Título Décimo del Código Penal Federal, a saber: Ejercicio ilícito de servicio púbico. Abuso de autoridad. Coalición de servidores públicos. Uso ilícito de atribuciones y facultades. Concusión (ocurre cuando un servidor público exige una recompensa financiera a cambio de un acto indebido: la “mordida”). Intimidación. Ejercicio abusivo de funciones. Tráfico de influencia. Cohecho (la “tajada”, “moche” o participación subrepticia de utilidades). Peculado (robo al erario). Enriquecimiento ilícito. El secretario de Comunicaciones ha demostrado ser diestro en las artes de la opacidad, para evitar que las autoridades competentes detecten y sancionen la comisión de esas conductas delictivas. Contar con la anuencia presidencial ayuda. La lista de irregularidades e ineficiencias en las que ha incurrido Ruiz Esparza es tan amplia, como sólida la inmunidad que lo ampara, gracias al encubrimiento de quien ha sido su jefe durante más de una década. El inamovible e imperturbable funcionario ocupó el mismo cargo de secretario de Comunicaciones y Transportes en la gestión de Peña Nieto como gobernador del Estado de México. Tiempo suficiente para conformar los tres elementos de la corrupción a gran escala, mencionados antes, así como para gozar de la inquebrantable benevolencia de su jefe. El primer gran atraco del sexenio en materia de infraestructura quedó en evidencia el 6 de noviembre de 2014, cuando el funcionario anunció la revocación de la concesión del tren bala México-Querétaro, al día siguiente de haber informado que el consorcio China Railways –en el que participaba el Grupo Higa– había resultado ganador. Más vale recular que remediar un cohecho descubierto. Además de Higa, otro de los proveedores favoritos del clan mexiquense es el corporativo español OHL, cuyas contrataciones a nivel federal superan los 41.5 mil millones de pesos, durante la actual administración. A ello habría que agregar su participación en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que tendrá un costo total estimado de 180 mil millones de pesos. Antes, en 2007, cuando Peña Nieto era gobernador, se le asignó a OHL el Viaducto Bicentenario, lo que suscitó una demanda ante la Procuraduría General de la República contra Ruiz Esparza y otros funcionarios mexiquenses, por fraude en la licitación de dicho contrato (Sinembargo, 15/XII/17; Proceso 2125). Obviamente esa demanda no prosperará, por la sencilla razón de que el presidente así se lo ha ordenado a su incondicional procurador. Todo indica que la responsabilidad jurídica y política del secretario de Comunicaciones por la negligencia y corrupción evidentes en el caso del socavón –ampliamente documentadas en Proceso y otros medios–, también quedarán impunes. Acaso se sancionará sólo a alguna(s) de las empresas encargadas de la construcción de ese tramo carretero o a funcionarios menores. Si ese fuera el caso, se confirmaría que, por encima del interés nacional y del clamor de justicia de la ciudadanía, están los intereses financieros de la camarilla mexiquense presidida por Peña Nieto y operada por Ruiz Esparza. Por eso éste no ha renunciado ni ha sido cesado. También a ello se debe que una de las máximas prioridades del mandatario sea imponer al titular de la Fiscalía General de la República, de quien dependería el fiscal anticorrupción. Sólo así podría asegurar que la impunidad de que disfruta ahora se prolongue ocho años más. De lo contrario, el presidente y su banda podrían terminar tras las rejas cuando abandonen el poder –como muchos de sus contrapartes latinoamericanos– al ser juzgados por delitos de corrupción, por autoridades independientes. La complicidad obliga, pero también marca. Es claro que la cleptocracia peñista será castigada en las urnas, también debiera serlo penalmente. Este análisis se publicó en la edición 2126 de la revista Proceso del 30 de julio de 2017.