CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de 50 organizaciones sociales lamentaron que el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y el director del Instituto de Ingeniería, Luis Agustín Álvarez Icaza, no se hayan pronunciado sobre las irregularidades con las que la Procuraduría General de Justicia de esta capital ha conducido la investigación sobre la muerte de Lesvy Berlín Rivera Osorio, ocurrida hace tres meses. En una manifestación frente a la rectoría, un centenar de personas y los padres de la víctima exigieron a las autoridades universitarias su intervención para que la Fiscalía Central para la Investigación de Homicidios capitalina reclasifique el delito por el que se encuentra preso Jorge Luis González Hernández, expareja de la joven y quien estuvo con ella hasta antes de su muerte. El pasado 10 de julio, en la segunda audiencia pública que tuvo lugar en el Tribunal Superior de Justicia capitalina (TSJ-CDMX), el juez de control Cristian Franco Reyes vinculó a proceso González Hernández por homicidio simple por comisión de omisión y no por feminicidio, como pretendía el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que funge como defensor de la familia de Lesvy y coadyuvante de la investigación. Los abogados del Centro demostraron que existían elementos básicos –de acuerdo con el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio– para que la investigación se encausara como feminicidio y a González Hernández se le juzgara como presunto feminicida. Estos elementos fueron la exposición pública del cuerpo, la presencia de lesiones corporales infamantes y el contexto de violencia del que dieron cuenta dos testigos cercanos a la pareja, todos, datos que se recogieron en las mismas periciales de la procuraduría que ahora dirige Edmundo Garrido. Ante la torre de rectoría que permaneció cerrada, las organizaciones denunciaron que Graue Wiechers y Álvarez Icaza sólo han emitido boletines en repudio por el crimen –incluso el segundo habló de narcomenudeo–, pero no han denunciado la actuación de la PGJ. Y es que –según recordaron los manifestantes– esta dependencia incurrió en la negativa de entregar la carpeta de investigación desde el inicio de las indagatorias, la filtración de información que llevó a la revictimización de Lesvy y el argumento de una mecánica de suicidio. En este último, la PGJ mintió ya que en los videos de seguridad –y contrario a lo que aseguró la dependencia–, no se observa la escena en la que la joven supuestamente se priva de la vida?.? De hecho, también recriminaron que las autoridades universitarias “han sido cómplices” por omisión y por acción, pues el peritaje antropológico social que el exprocurador Rodolfo Ríos anunció como parte de las acciones de coordinación institucional con la universidad –el pasado 23 de mayo– fue elaborado por expertos antropólogos de la UNAM y rechazado por la defensa de la familia por considerarlo tendencioso y revictimizante. A tres meses del hallazgo del cadáver de Lesvy, las organizaciones hicieron las siguientes peticiones: a las autoridades universitarias, que se pronuncien por la investigación del caso como feminicidio; a la Comisión de Derechos Humanos de la capital (CDHDF), que emita una recomendación a la PGJ-CDMX por las filtraciones de información; al TSJ, la destitución del Juez de Control, Cristian Franco Reyes; y al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, que reconozca la “inoperancia de las instituciones de justicia”. Además, exigieron la entrega íntegra al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria de las fotografías digitales de la necropsia practicada al cuerpo de la víctima, así como los videos del levantamiento del cadáver, para continuar con los peritajes independientes. Se espera que la próxima semana se anuncie la fecha de la tercera audiencia pública del caso, luego de que el TSJ-CDMX aceptó el recurso de apelación que la defensa interpuso el pasado 13 de julio.