La Constituyente, 'un salto al vacío”: Samper

lunes, 7 de agosto de 2017 · 13:24
El expresidente colombiano Ernesto Samper, tradicionalmente identificado como partidario del régimen de Nicolás Maduro, ahora critica severamente al mandatario venezolano por su proceso para elegir una Asamblea Nacional Constituyente: “La base de cualquier negociación en Venezuela debe ser el respeto a la institucionalidad democrática”, y la elección de esa asamblea, “en la que no tiene presencia la oposición, no va en esa vía. Es un error, un salto al vacío”, dice. BOGOTÁ (Proceso).- El expresidente colombiano y exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, quien ha mantenido durante años una cercana relación con el régimen chavista, considera que los comicios del pasado domingo para elegir una Asamblea Nacional Constituyente en ese país son un “error y un peligroso salto al vacío” del presidente venezolano Nicolás Maduro. Es la primera crítica pública que hace Samper al presidente Maduro, lo cual es significativo porque, como secretario general de la Unasur, siempre fue acusado por la oposición venezolana de “defender” al mandatario chavista. En entrevista con Proceso, Samper afirma que su postura tras las elecciones constituyentes del domingo 30 de julio no implica un viraje. “Nosotros –explica– siempre hemos planteado que la base de cualquier negociación en Venezuela debe ser el respeto a la institucionalidad democrática, y la elección de una Asamblea Constituyente en la que no tiene presencia la oposición no va en esa vía. Al contrario, esto crea un panorama que dificulta una salida democrática y pacífica a la crisis.” De hecho, el colombiano cree que hoy Venezuela se aproxima a “un callejón sin salida”. Éste, dice, es el escenario que quedaría si se concretan todos los cambios en la Constitución que han anunciado Maduro y los 545 diputados constituyentes electos el domingo anterior, todos los cuales pertenecen al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela o a organizaciones afines. En la agenda de la Constituyente figuran temas como la disolución de la unicameral Asamblea Nacional, el único poder del Estado dominado por la oposición, y la “reestructuración” de la Fiscalía General, que incluiría el cese de la fiscal general Luisa Ortega, una chavista que ha criticado la represión desatada por el régimen contra miles de manifestantes en los últimos tres meses. “Estos cambios a la Constitución serían, necesariamente, un cambio de modelo en el que dejaría de existir la institucionalidad democrática. Nosotros tenemos reservas sobre la legitimidad de la Constituyente, pero nuestra principal inquietud son los cambios que puede haber en la Constitución y que esto pueda causar un escalamiento de la violencia”, dice Samper. El panorama, agrega, “es muy preocupante, pero creo que aún en estas circunstancias tenemos que agotar todas las opciones y alternativas que existan a nuestro alcance para buscar un acuerdo entre el gobierno y la oposición”. –¿Cómo buscar un acuerdo cuando Maduro prácticamente pateó la mesa de negociaciones con la oposición al convocar a una Asamblea Constituyente de la que ésta quedó excluida? –se le pregunta a Samper. –Como ha señalado el papa Francisco, hasta los conflictos más violentos, a través de la historia, han terminado con una negociación. Y en Venezuela tarde o temprano tendrá que haber una negociación. De lo que se trata es de hacerla pronto para evitar que se paguen costos de vidas humanas y de quiebres institucionales que harían todavía más dolorosa la situación de millones de venezolanos. Los dobleces de Maduro Samper reconoce que la convocatoria de Maduro a una Constituyente, que hizo el 1 de mayo pasado, lo sorprendió. Los diálogos entre el gobierno venezolano y la oposición habían arrancado a finales de 2016 bajo el auspicio de la Unasur, de la cual el expresidente colombiano aún era secretario general. Y hasta marzo anterior se habían mantenido, aunque con permanentes altibajos. Como facilitadores participaban el propio Samper, los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá), y el Vaticano, a través del arzobispo y diplomático Claudio María Celli. Según fuentes de la oposición venezolana que participaban en la mesa de diálogo, todos los facilitadores se sintieron engañados por Maduro cuando el Tribunal Supremo de Justicia despojó de muchos de sus poderes a la opositora Asamblea Nacional, en marzo pasado, y cuando el presidente convocó a una Constituyente durante un discurso pronunciado el Día del Trabajo. Samper, quien se mantuvo como facilitador del diálogo en Venezuela a pesar de dejar la secretaría general de la Unasur en enero anterior, hizo saber su molestia al gobierno de Maduro por escalar el conflicto político con la oposición en medio de las negociaciones para buscar un acuerdo. Pero al mismo tiempo expresó su disposición a seguir promoviendo una salida pacífica a la crisis. Para el exsecretario general de la Unasur, quien llegó a ese cargo en 2014 con el total respaldo de Venezuela, las negociaciones de los primeros meses de este año fracasaron porque “ni el gobierno ni la oposición entendieron claramente las posibilidades de encontrar una salida democrática y pacífica a través del dialogo. Aún es tiempo de que lo hagan”. El mes pasado Samper y Rodríguez Zapatero jugaron un papel determinante en las secretas negociaciones para que el líder opositor Leopoldo López, quien se encontraba en una prisión militar desde 2014, recibiera el beneficio de casa por cárcel. Pero una de las primeras medidas de Maduro tras las elecciones constituyentes del 30 de julio fue regresar a una cárcel a López y al exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, quien también se encontraba en prisión domiciliaria. De manera sorpresiva el viernes 4 la policía regreso a éste último a su vivienda para que continuara su “arresto domiciliario”. Para Samper esta medida es “lamentable porque no contribuye a crear el clima de entendimiento que estamos buscando en este momento para que haya una salida pacífica y democrática en Venezuela”. –¿No le parece que Maduro ya ha hecho demasiadas cosas que no contribuyen a crear un clima de entendimiento con la oposición? –se le pregunta a Samper. –Creo que la única manera de buscar una salida en la que se preserve la institucionalidad democrática y se evite una escalada de violencia y un baño de sangre en Venezuela es el diálogo. Yo insisto en concentrarme en una tarea de facilitación. Como dice el proverbio: “Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad”, y aquí hay algunos que están dedicados a “maldecir la oscuridad” y hay otros que pensamos que hay que hacer mayores esfuerzos por encontrar una luz. –¿Aun a pesar de la radicalización del régimen? –Es que es claro que si la Constituyente decide entrar a reformar la Constitución, eso alejaría las posibilidades de un acercamiento. Lo mismo ocurriría si la oposición insiste en ir por las vías de hecho y aumenta su presencia en las calles. Pero tanto del lado del gobierno como de la oposición hay personas que entienden que eso no es una salida a la crisis y que los venezolanos quieren mejorar su calidad de vida. Yo tengo un diálogo permanente con algunos de los dirigentes de la oposición y, por supuesto, también con personas del gobierno. Samper plantea que el dialogo debe incluir, al menos, cuatro puntos que también ha mencionado el Vaticano como imprescindibles para volver como facilitador a la mesa de negociaciones: un calendario electoral para todos los comicios previstos en los próximos meses (gubernaturas y Presidencia); una amnistía para los presos políticos; la devolución, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, de todos los poderes constitucionales a la Asamblea Nacional, y medidas humanitarias inmediatas para aliviar la escasez de alimentos y medicinas. –¿Si el gobierno de Maduro, como todo indica, no acepta estos puntos, y si la Constituyente busca ampliar el periodo de gobierno del presidente y suprimir otros poderes, se anularía cualquier posibilidad de una solución política a la crisis? –Se alejaría. Es un hecho que la Asamblea Constituyente puede convertirse en una amenaza para la misma Asamblea Nacional (el Poder Legislativo) y los poderes legítimamente constituidos. Presión mundial Los integrantes de la Asamblea Constituyente, la cual se instaló el pasado viernes 4, fueron elegidos cinco días antes en unos comicios cuestionados hasta por la empresa Smartmatic, que ha estado a cargo del sistema de voto electrónico en Venezuela desde 2004 y la cual denunció –una vez que salieron del país sus ejecutivos– que el conteo de votos fue manipulado. “La diferencia entre la cantidad anunciada de votos (8 millones 89 mil 320, equivalentes a 41.53% del padrón electoral) y la que arroja el sistema, es de al menos 1 millón de electores”, dijo desde Londres el director de Smartmatic, Antonio Mugica. La fiscal Ortega estimó que la participación no llegó ni a 15% del padrón (unos 2.9 millones de electores) y la agencia Reuters aseguró, con base en documentación obtenida, que la cifra fue de 3.7 millones de personas, muy por debajo de los 6.3 millones de venezolanos que dijeron “no” a la Constituyente de Maduro en una consulta organizada por la oposición el 16 de julio. Los resultados de los comicios constituyentes del pasado domingo fueron desconocidos por varios países latinoamericanos –México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Chile, entre ellos–, por Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que Rusia, Bolivia y Ecuador respaldaron al régimen de Maduro. El 31 de julio, un día después de los comicios, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra Maduro, a quien congeló los bienes que tenga en territorio estadunidense –aunque sin aclarar si, en efecto, éste cuenta con activos en ese país– y lo llamó “dictador”. Las sanciones, advirtieron funcionarios en Washington, pueden aumentar e incluir restricciones a la importación de petróleo venezolano a Estados Unidos. Para Samper, sería un error que Estados Unidos o cualquier otro país decidiera sancionar económicamente a Venezuela, porque eso agravaría la crisis humanitaria que vive ese país por la escasez de alimentos y medicinas, una hiperinflación de tres dígitos que devora los salarios y una recesión que le ha hecho perder 26% del producto interno bruto en los últimos cuatro años. “Las sanciones personales contra los presidentes tampoco son recomendables, porque lo único que consiguen es fortalecer sentimientos nacionalistas que, legítimamente, se vuelven contra el país agresor”, señala el expresidente colombiano. Respecto a la postura de condena a Venezuela que ha asumido México, Samper considera que se trata de “expresiones tan legítimas como las de los países que se han pronunciado a favor del gobierno del presidente Maduro”. –¿En el caso de México no resulta paradójico que condene lo que ocurre en Venezuela, cuando internamente el gobierno enfrenta escándalos como la matanza de 43 estudiantes normalistas, la llamada “Casa Blanca”, la corrupción de varios gobernadores y el uso de recursos públicos para financiar campañas políticas del PRI? –La región no está viviendo su mejor momento. Sin embargo soy respetuoso de la situación de cada país, y cada uno tiene que resolver sus problemas a través de sus propios procedimientos y mecanismos institucionales. Esto no le quita el derecho de fijar sus posiciones en relación con los problemas regionales e internacionales –responde Samper. –¿Los cuestionamientos que enfrentan los gobiernos de México y Brasil, donde el presidente Michel Temer está acusado judicialmente de corrupción, le quitan fuerza a América Latina para tener una estrategia más proactiva y efectiva frente a la crisis venezolana? –México y Brasil son dos grandes actores de la región y, por supuesto, las dificultades internas de estos grandes países de alguna manera han dificultado las posibilidades de llegar a acuerdos y a consensos a nivel regional sobre Venezuela y otros temas, especialmente en los diferentes mecanismos de integración, como la Celac (la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y la propia Unasur. Este reportaje se publicó en la edición 2127 de la revista Proceso del 6 de agosto de 2017.

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