BOGOTÁ (apro).- El asalto ejecutado el domingo por un comando de militares rebeldes y civiles a una base militar de la ciudad venezolana de Valencia, en el centro norte del país, es la primera expresión pública de descontento en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tras la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado viernes. Los alzados, supuestamente liderados por el capitán retirado de la Guardia Nacional Juan Caguaripano? anunciaron la conformación de un “Movimiento Cívico Militar” que tiene presencia en unidades del Ejército en otras cuatro ciudades del país. Caguaripano, quien fue cesado de la Guardia Nacional en 2014 por rebelarse contra la represión de las protestas de ese año, aseguró en su cuenta de Twitter que los rebeldes lograron sustraer “todo el parque de armas” de la base y de tres cuarteles en otros estados. El gobierno del presidente Nicolás Maduro calificó el hecho como un ataque “terrorista” y reportó dos atacantes muertos y siete detenidos. La oposición ha guardado un prudente silencio sobre esa sublevación, que atrajo la atención del mundo porque ocurre en un país convulsionado, con un generalizado descontento social –el 80% de venezolanos rechaza a Maduro— y apenas 36 horas después de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en la que no hay un solo integrante de la oposición y que ya comenzó a tomar medidas drásticas contra los críticos del gobierno. La primera de ellas fue la destitución, el sábado, de la fiscal general Luisa Ortega, una chavista que asumió una postura crítica frente a la represión desatada por el régimen contra los miles de manifestantes que han salido a las calles durante 128 días consecutivos (hasta este lunes) para pedir la salida de Maduro. Todo el mundo espera que la Asamblea Constituyente --cuya elección fue cuestionada hasta por la empresa que ha estado a cargo del sistema de voto electrónico en Venezuela desde 2004, la cual denunció “manipulación” en el conteo de sufragios— vaya por el control de todos los poderes del Estado que no domina Maduro. En la mira está la unicameral Asamblea Nacional, donde la oposición tiene una cómoda mayoría. La duda está si la Constituyente, que de acuerdo con la oposición es anticonstitucional porque no se consultó a los venezolanos si estaban de acuerdo con su convocatoria, despojará a la Asamblea Nacional de sus facultades –como la aprobación de leyes o la elección de magistrados del Poder Judicial y de rectores del Poder Electoral— o de plano la disolverá. Constituyente y militares La Asamblea Nacional Constituyente, integrada por 545 incondicionales del régimen, tiene poderes omnímodos para modificar lo que quiera: cualquier ley, estructura institucional, periodo de gobierno del presidente, el funcionamiento de otros poderes del Estado, el calendario electoral y todo lo que tenga a bien. “Tiene poderes plenipotenciarios y metaconstitucionales para tomar cualquier tipo de decisión sin ningún tipo de control. Así la diseñaron”, dijo Pedro José Trononis, uno de los 33 jueces electos por la Asamblea Nacional el mes pasado para sustituir a los actuales magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pero que hoy se encuentra como refugiado en Colombia. La fiscal general Luisa Ortega fue sustituida el sábado por Tarek William Saab, un funcionario incondicional a Maduro. Los alzados en armas que atacaron el domingo el cuartel de Valencia mencionaron ese hecho como prueba de la “ilegalidad” con la que está actuando el régimen para mantenerse a toda costa en el poder. “La insurrección no es un delito cuando quienes nos gobiernan violan la Constitución. La insurrección es un mandato del pueblo hoy”, dijo en Twitter el capitán Caguaripano, quien aseguró que ya está en marcha la "Operación David", una alianza cívico-militar para “la restitución del hilo constitucional en Venezuela y salida inmediata del régimen”. La postura de los dirigentes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) es que la solución a la profunda crisis política, social y económica que vive el país debe ser legal, constitucional, pacífica y en el marco de la institucionalidad democrática. De hecho, cualquier vía que se aparte de ese marco que la MUD ha delineado sería contraproducente para una coalición política que dice luchar contra un régimen “sin legitimidad democrática” y que “se está convirtiendo rápidamente en una dictadura”. Apoyar un golpe de Estado –una salida con la que coquetea el ala ultraderechista de la MUD— implicaría para la alianza opositora caer en una trampa. Ninguna fuerza que se proclame democrática puede enfrentar una crisis incurriendo en las conductas ilegítimas y antidemocráticas que le cuestiona a su adversario. Las muestras de inconformidad al interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no son nuevas. Una parte importante de la alta oficialidad está en contra de la represión contra los manifestantes, que ha dejado hasta ahora 114 muertos y miles de detenidos. En junio pasado, el mismo ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, advirtió a la Guardia Nacional –que es una rama de la Fuerza Armada— que no quería ver a ninguno de sus efectivos “cometiendo una atrocidad en la calle”. Y remató: “El que se aparte de la línea de Estado de la preminencia de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos, y que se comporte no como un profesional, entonces tiene que asumir su responsabilidad”. Unos días después, Maduro removió al general Padrino como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), lo que significa que le quitó el mando operativo de las tropas, aunque lo ratificó como ministro de Defensa. Para el general retirado Clíver Alcalá, quien fue asistente personal de Hugo Chávez pero que el año anterior se distanció de Maduro por considerar que “traicionó” el legado chavista, los militares venezolanos “estarán en esta crisis del lado del pueblo porque todos ellos viven la misma situación de hambre, pobreza y abusos que ha vivido todo el país en los últimos años”. Alcalá dice que no se trata de solucionar la crisis con un golpe de Estado, sino sólo de que los militares acaten la Constitución y desacaten órdenes de reprimir al pueblo. Muchos observadores informados de la crisis venezolana consideran que los militares están llamados a ser el “árbitro” de esta confrontación entre un régimen que ha optado por la radicalización de un proyecto político sin poderes autónomos y una oposición dividida que no ha terminado de construir un proyecto alternativo convincente para las mayorías. Según todas las encuestas el rechazo a Maduro y a la Asamblea Nacional Constituyente se ubica entre 70 y 90%. Por eso para el régimen ya dejó de ser atractivo resolver la disputa por la vía electoral. El único soporte de Maduro para mantenerse en el poder es el control de los ingresos petroleros y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Si cualquiera de esos apoyos se desquebraja, quedará sellada la suerte del presidente. Pero el arbitraje militar no puede incluir la opción del golpe de Estado.