CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, interpuso una demanda contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos por su intención de retener fondos federales a las “ciudades santuario” que se niegan a cooperar con las autoridades de inmigración. En su demanda, Emanuel solicita a un juez federal bloquear los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump de imponer ese tipo de medidas que afectarían no sólo a Chicago, sino también a otras ciudades importantes de Estados Unidos, como Nueva York y San Francisco. Al defender su posición, destaca que desde la década de 1980 “la ciudad ha ordenado a sus agentes de policía dar prioridad a la ley local de seguridad pública en lugar de desviar el tiempo, la atención y los recursos para investigar el estatus migratorio de los residentes”. De acuerdo con la demanda, la ciudad cumple con un estatuto federal que requiere que el gobierno local comparta la información que tienen sobre el estatus migratorio con las agencias federales. “De hecho, los funcionarios de Chicago simplemente no recaban la información sobre el estado de inmigración en primer lugar, y por lo tanto no hay información que la ciudad pueda compartir (o restringir de compartir)”, explica. La querella fue presentada este lunes, un día después de una conferencia de prensa en la que el alcalde Emanuel criticó los esfuerzos de la administración de Trump como un intento de obligar a Chicago a elegir entre su renovado compromiso con la policía comunitaria y su estatus como una autoproclamada “ciudad santuario”. “Es una elección falsa, una elección equivocada”, dijo el alcalde, flanqueado por varios regidores y el representante federal demócrata Danny Davis. “No permitiremos que nuestros agentes sean convertidos en peones políticos”. En su oportunidad, Ed Siskel, asesor legal del gobierno de la ciudad, dijo que las autoridades de Chicago pedirán a un juez que bloquee inmediatamente las condiciones impuestas la semana pasada por el procurador federal de Estados Unidos, Jeff Sessions, para el otorgamiento de los fondos de asistencia “Byrne Memorial Justice Assistance Grant”, que constituyen la principal fuente de recursos federales para las corporaciones de policía de los estados y las ciudades. Las condiciones impuestas a las ciudades para el otorgamiento de dichos fondos son “ilegales y anticonstitucionales”, subrayó Siskel. Bajo las nuevas condiciones del Departamento de Justicia, para poder recibir los fondos, las ciudades tendrán que “permitir el acceso de la inmigración federal a los centros de detención y proporcionar una notificación con 48 horas de antelación antes de que liberen a un extranjero ilegal buscado por las autoridades federales”. Siskel aseguró que cumplir con dichos requerimientos obligaría al Departamento de Policía a mantener a hombres y mujeres bajo investigación más tiempo que las 48 horas establecidas por la Constitución. “No vamos a comprometer los derechos de los habitantes de Chicago”, dijo el superintendente de Policía de Chicago, Eddie Johnson. “No romperemos esa sagrada confianza”, recalcó. Johnson aseguró que el Departamento de Policía necesita recursos federales para “lograr sus objetivos” de revertir la oleada de violencia que afecta a la ciudad. Y el gobierno de Trump, agregó, no debe “jugar a la política con la seguridad pública”. (Con información de la agencia Notimex)