CIUDAD VICTORIA, Tamps (apro).- El triángulo que integran Xiconténcatl, Llera y Mante se convirtió en la región más insegura, violenta y tenebrosa dentro de la barbarie que caracteriza a Tamaulipas. Reynosa, Ciudad Victoria o Nuevo Laredo parecerían un jardín de niños comparado con lo que ha ocurrido en esa zona del estado donde se han cometido crímenes masivos que ya alcanzaron la categoría de exterminio. Desde 2010 se abrieron en las carreteras de esa región “hoyos negros” que se tragaron autobuses atestados de pasajeros, autos y todo tipo de vehículos con placas foráneas, pero hasta ahora se desconoce qué pasó con sus ocupantes. Las denuncias sobre esos cruentos asesinatos, que suman miles, se escondieron durante la administración del gobernador Egidio Torre Cantú, lo que garantizó impunidad a los criminales y que siguieran operando sin ser molestados. Ahora que comenzaron a salir a la luz los “campos de exterminio” en la Reserva de la Biósfera El Cielo, que forma parte del municipio de Gómez Farías, se podría acusar a Egidio Torre de crímenes de “lesa humanidad”. Enrique Santillán, capo de Mante capturado en una prisión de máxima seguridad, recién confesó que Los Zetas, la organización criminal que controlaba la región, incineraron en inaccesibles terrenos de la Reserva a más de 500 personas. No obstante, los desaparecidos y las familias con víctimas asesinadas triplican sobradamente esa cantidad. Marzo de 2010, el inicio “El lunes 22 de marzo del 2010 se volvió memorable” para los habitantes de Mante, destacó un reportaje que se publicó en el diario El Universal, el cual fue redactado por un periodista de Tamaulipas que usó seudónimo. Desde los primeros minutos de ese día se pudo observar una “ristra de camionetas” chocadas, balaceadas e incendiadas en ambos sentidos de la carretera 85 que conecta Mante con Ciudad Victoria. En los cristales de los vehículos se podía observar pintadas las siglas del CDG en unas y en otras la letra Zeta en color rojo. Las huellas de esa primera batalla se extendieron a lo largo de unos 10 kilómetros, desde la entrada de Mante hasta el municipio contiguo El Limón. Los muertos que se contaron por decenas fueron recogidos por sus compañeros y nunca aparecieron en los registros oficiales. Días antes, el 28 de febrero de ese año, los Zetas decidieron romper con el Cártel del Golfo (CDG). En pocos años habían alcanzado tal poder que superó al de sus creadores y prefirieron deshacerse de ellos. A mediados del año 1997, el capo del CDG en Guardados de Abajo, Gilberto García Mena, El June, había reclutado a exmilitares que arribaron a la Frontera Chica para combatir a los narcos, pero que rápidamente cambiaron de bando y se convirtieron en sus escoltas. Cuando El June fue capturado, Osiel Cárdenas Guillén los llama para conformar un grupo paramilitar que sirviera como “brazo armado del CDG”. La novedosa escena de ese 22 de marzo que sorprendió a los habitantes de Mante, se repitió a lo largo de la Frontera Chica, en municipios como Camargo, Ciudad Mier o Miguel Alemán. Además, en San Fernando y otros municipios tamaulipecos. En la región de Mante, los Zetas ganaron las batallas y sumergieron a la región en una edad oscura que se mantiene a la fecha. Impusieron su reinado de terror con secuestros, ejecuciones, levantones, cobro de piso. Los jefes se hicieron de las propiedades, ranchos, negocios y vehículos de los habitantes, a cambio de perdonarles la vida, o porque los mataron. La tragedia que sumergió a cientos de familias en la incertidumbre, tristeza y depresión se extendió a otros estados de la república mexicana y del Sur de Texas. A las carreteras que atraviesan la región, 85, 66, 80 y 116, cuando convergen en Mante le llaman “el paso de la muerte” debido a que cientos de vehículos desaparecieron cuando circulaban rumbo a Xilitla, Ciudad Valles, o San Luis Potosí, así como hacia Tampico, Ciudad Victoria o Monterrey. Para evitar que los delitos se denunciaran en Tamaulipas, los criminales escogieron a la mayoría de sus víctimas con vehículos que portaran placas de otros estados o paisanos con camionetas de Texas. En los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León o en el sur de Estados Unidos, existen denuncias sobre personas desaparecidas en Tamaulipas que se pueden contar por cientos. Las denuncias que presentaron los habitantes de Mante, Xiconténcatl, Llera, Tula, fueron celosamente resguardadas por la Procuraduría de Justicia estatal para que no salieran a la luz. Incluso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas también mantuvo en secreto las denuncias sobre personas desaparecidas, convirtiéndose en cómplice de los criminales. A los habitantes de la región, la única opción que les quedó fue denunciar a través de las incipientes redes sociales las atrocidades que ocurrían cotidianamente. En ese entonces circularon, primero por correo y posteriormente en páginas de Facebook, nombres de capos y sicarios, sus direcciones, las propiedades que se habían robado y los funcionarios municipales y estatales que los protegían. ¿Dónde está Milynali? El 14 de agosto del 2012 una familia regresaba de Houston rumbo a Tamuín, San Luis Potosí, en una camioneta modelo Sierra. El vehículo era conducido por Ignacio Pérez. Lo acompañaba su hijo Aldo de Jesús, de 20 años; dos sobrinos: José Arturo de 21 años y Alexis de 16. Además, una sobrina menor de edad: Milynali de 13 años. Ese día, José Arturo se comunicó con su madre, Edith Pérez, para avisarle que ya estaban cerca de su destino. En ese momento entraban a la zona de Mante. Esa fue su última llamada. Tras su desaparición, la familia acudió a Mante para denunciar el hecho ante personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el único cuerpo de seguridad confiable en la región. La noticia también llegó al Departamento de Tránsito Municipal, desde donde se filtró el teléfono de Edith a un grupo de delincuentes que llamó a la familia para pedir un rescate de 700 mil pesos. Proporcionaron datos imprecisos sobre sus “víctimas”. Debido a la falsedad de la información, la familia negoció con recelo. Al final, los delincuentes exigían cinco mil pesos para liberarlos y pese a que la familia aceptó pagar, los “secuestradores” cortaron la comunicación. Desde entonces, Edith Pérez comenzó una incansable búsqueda que se mantiene hasta hoy. En su peregrinar conoció a unas 60 familias de San Luis con parientes en la misma condición y conformaron la organización "Voz y Dignidad por los Nuestros" para buscar a personas desaparecidas. Jornaleros de Pirasol El 17 de marzo de 2010, un grupo de jornaleros de varios estados, incluyendo a 10 de San Luis Potosí, salieron en un autobús de la línea “charter” Pirasol, de Ciudad Valles rumbo al municipio fronterizo de Miguel Alemán, Tamaulipas. Durante su trayecto, el camión primero hizo parada en Xilitla para recoger a otros campesinos que intentarían cruzar la frontera. En total sumaban 27 pasajeros más dos conductores. Un día después de su partida, Alda Nelly, esposa de uno de los dos conductores, recibió una llamada del compañero de su esposo para advertirle que los había “detenido la policía” en una carretera de Tamaulipas. Desde el 18 de marzo familiares de conductores y pasajeros desconocen su paradero. Posteriormente, el autobús fue localizado abandonado en el municipio de China, Nuevo León, y recuperado por la empresa. Las autoridades de San Luis realizaron pruebas periciales y no encontraron rastros de violencia. Las humildes familias de los jornaleros hicieron la denuncia sólo ante la policía. Desde esa época el expediente sobre su desaparición está extraviado en la Procuraduría de Justicia estatal. Seis años después, cuando las familias comenzaron a organizarse, la Procuraduría de San Luis Potosí turnó el caso a la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones sobre Delincuencia Organizada (SEIDO), pero hasta ahora la dependencia no ha dado ninguna respuesta a las familias que buscan justicia. Tampoco se sabe de un segundo autobús con unos 40 pasajeros que desapareció en la región los primeros días de abril de 2010. Campos de exterminio El 30 de enero del 2014, efectivos del 75 Batallón de Infantería, comisionados en ciudad Mante, atendieron una denuncia anónima e incursionaron en una apartada zona de la Reserva de la Biósfera El Cielo. La denuncia precisó que el grupo criminal de Los Zetas, bajo el mando del comandante Enrique Santillán, ejecutaban, quemaban y sepultaban a sus víctimas “en un potrero del ejido Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Gómez Farías”. Cuando arribaron al sitio, los militares quedaron perplejos: por todos lados había cuerpos sepultados, semienterrados y carbonizados. Muchos de los huesos fueron arrastrados por las lluvias de septiembre del año pasado y quedaron regados por todos lados. Al día siguiente, los soldados del Ejército mexicano regresaron al área, pero ahora acompañados por Lorena Cabrera, Agente del Ministerio Público Investigador del fuero común y por personal de la Dirección de Servicios Periciales de Tamaulipas. Los peritos recogieron restos óseos de al menos 30 cuerpos, de acuerdo al perfil genético de los mismos. En esa primera visita, el gobierno de Egidio Torre Cantú escondió la información sobre ese campo de exterminio. En total secrecía informó a la Procuraduría General de la República (PGR). Días después acudió la agente del Ministerio Público Federal Dora García Loera, de Tampico, a inspeccionar la zona acompañada ahora por peritos de la PGR. Los peritos levantaron durante varios días más fragmentos para la posible identificación de los cuerpos que fueron asesinados y cremados ahí. Tres años después, el lunes 17 de julio del 2017, arrancó un nuevo operativo en la Reserva. Participaron agentes de la SEIDO, del Grupo Antisecuestros de Tamaulipas, y antropólogos y peritos forenses de la fiscalía. Además, tres organizaciones civiles, entre ellas "Voz y Dignidad por los Nuestros". El operativo se realizó debido a que el capo Zeta Enrique Santillán confesó que había matado a más de 500 personas que fueron incineradas en varias "narcococinas" en el municipio de Gómez Farías. Desde los primeros meses de 2011, las organizaciones criminales habían dejado de utilizar “narcofosas” para incinerar los cadáveres de sus víctimas, bajo el siguiente principio: “Si no hay cuerpo, no hay delito”. "Hicimos una ubicación de puntos donde encontramos muchos restos calcinados", dijo a Apro Edith Pérez. En esta ocasión, los peritos recolectaron 25 restos, únicamente los más grandes, para seguir trabajando en la “nueva” narcococina durante las próximas semanas. Proceso solicitó a la PGR, a través de la ley de acceso a la información, los datos sobre el total de restos localizados en esos terrenos desde el año 2014. La respuesta de la dependencia fue similar a lo que hacía Egidio Torre en Tamaulipas: "la información solicitada se encuentra estrictamente reservada de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”.