CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Paso Exprés de Cuernavaca puso en evidencia temprana la corrupción y negligencia en las obras públicas del sexenio. De por sí, cuando el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer su Plan Nacional de Infraestructura, por lo ambicioso, más que esperanza, era motivo de desconfianza. Cuando un gobernante anuncia un plan tan grande, los cuestionamientos básicos son respecto a cómo lo ejecutará, por qué puede hacer algo que sus predecesores no hicieron y a quién beneficiará. Esas cuestiones se resuelven casi siempre con el paso del tiempo, cuando es posible ver el conjunto de obras y acciones, identificar la fuente de ingresos comunes –que desde los años noventa casi siempre tiene dos vías: deuda o concesión--, el efecto que tuvo una determinada obra –facilitar operaciones a una empresa o detonar la urbanización, industrialización o tránsito en un territorio propiedad de cercanos al gobernante, por ejemplo-- y establecer un mapa de relaciones entre gobernantes y contratistas. Pero este sexenio las cuestiones fueron resueltas rápido, pues la élite de contratistas nacionales y extranjeros, o las asociaciones de ambos, no se podían ocultar, entre otras razones, por la dimensión de las obras, la visibilidad que adquirió la élite mexiquense y los escándalos de corrupción que muy temprano marcaron la presidencia de Peña Nieto, como la Casa Blanca. Cuando el equipo de Aristegui Noticias informó que el financiero y constructor de la casa de Peña Nieto-Rivera Hurtado –oficialmente, sólo de Rivera– era Juan Armando Hinojosa Cantú, un contratista radicado en Toluca, en Proceso buscamos establecer el monto de los contratos. Una primera aproximación, en noviembre de 2014, reflejaba contratos por más de 25 mil millones de pesos en dos años de gobierno y 35 mil millones durante la gestión peñista en el Estado de México. Meses después, Jesusa Cervantes documentó más de 60 mil millones. Hinojosa era apenas uno de los barones mexiquenses ultra enriquecidos en estos años. Se suman Carlos Hank, Roberto Alcántara, David Peñaloza, los hermanos Anuar Maccise, Alfredo Miguel, Carlos Peralta y Roberto San Román. Este sexenio recuperaron los contratos y concesiones disminuidas durante los gobiernos panistas. Otros vienen del salinismo. Carlos Slim (Carso, Ideal y FCC) y los otrora llamados “tecnócratas”, ahora colocados estratégicamente en trasnacionales: Fermaca (Raúl Monforte), Iberdrola (Herminio Blanco y Martínez de Castro), Sempra-IEnova (Ruiz Sacristán), Avanzia (Francisco Gil) y, naturalmente, OHL con amplio directorio de políticos convertidos en CEO, entre otras. Como ocurrió con el Paso Exprés, a veces están asociadas. Ahí, la española Aldesem y Epccor, de la familia Gutiérrez Cortina –enriquecida en el salinismo--, anticiparon otro aspecto para el que comúnmente hay que esperar: la mala calidad. En abril pasado, en Proceso realizamos un recorrido por las obras federales más publicitadas que se erigieron en el Estado de México. Por el solo aspecto, pareciera que algunas se construyeron como obra temporal, incluidos hospitales, escuelas, casas de interés social y auditorios como el de Tecámac. El común denominador es la mala calidad, pues inclusive en aquellas vialidades con pocas semanas de operación ya había hundimientos y grietas, entre desechos abandonados. También, como en el Paso Exprés, hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades; hay inconformidades ciudadanas no sólo desoídas sino reprimidas. Por el cúmulo de factores comunes, el llamado “socavón” es la anticipación de las consecuencias del ambicioso plan peñista de infraestructura. Visita: www.notassinpauta.com