CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) 2018-2030, propuesto por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, sufrió el primer descalabro legal luego de que un juez admitió el recurso de amparo 1063/2017 promovido por vecinos opositores a dicho proyecto. Los inconformes decidieron buscar la protección de la justicia contra el plan de Mancera por el simple hecho de que nunca fueron consultados sobre la política que seguirá el gobierno de la ciudad en los próximos 12 años en materia de construcciones e infraestructura. En entrevista telefónica con Apro, René Rivas, del grupo Movimiento de Unidad y Encuentro Vecinal (MUEVE), explicó que Mancera Espinosa violó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pues no consultó a los pueblos y barrios originarios en el diseño y elaboración del mismo, pese a que “a todas luces” se verán afectados. El programa que el ahora aspirante presidencial envió a la Asamblea Legislativa de la ciudad (ALDF) el 23 de noviembre de 2016 prevé como ejes centrales la redensificación de las 16 delegaciones, además del cambio de uso de suelo de habitacional a mixto. Además, el MUEVE y organizaciones vecinales de las 16 demarcaciones denunciaron que el PGDU “colapsaría la ciudad”, debido a que también prevé la construcción de megadesarrollos que afectarán la movilidad, la distribución de agua potable, incluso la contaminación atmosférica, entre otras problemáticas. René Rivas añadió que el amparo refleja tan sólo una de las “docenas de violaciones” legales que Mancera Espinosa y la Comisión de Gobierno de la ALDF –que dirige Leonel Luna–  cometieron y por las que también se interpondrán diversos amparos. Ejemplificó: “La Comisión de Gobierno es la primera facultada para aprobar la ley que envía el ejecutivo local. De ahí se pasa a las comisiones unidas, como la del agua, ecología y otras, para su discusión. Nada de esto se hizo, porque la comisión que lidera Leonel Luna se la saltó”. Además, apuntó, las audiencias públicas que dirigió la ALDF a principios de junio pasado no son suficientes, puesto que la consulta se tuvo que haber hecho previo a la aprobación del mandatario. “Ahora la ALDF trata de hacer el trabajo que le correspondía a Mancera y que no hizo”, subrayó. Con el amparo –dijo Rivas– buscan “echar para atrás” el PGDU, además insistirán en que se elabore un programa en el que “verdaderamente” se consulte a los ciudadanos y que tome en cuenta las “situación real de la ciudad”. El recurso legal fue interpuesto por más de 10 organizaciones vecinales de las 16 demarcaciones, principalmente Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Álvaro Obregón.