CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Rodolfo Leyva Martínez, comisionado del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), acusó a funcionarios del gobierno de Javier Corral de entrometerse en el litigio contra el presbítero Javier Ávila Aguirre, “utilizando recursos públicos inapropiadamente”. Entre esos funcionarios, dijo, están el fiscal general César Augusto Peniche y la coordinadora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Irma Villanueva. Ambos, subrayó, están entorpeciendo la acción de la justicia. Leyva Martínez, quien impugnó la designación del cura como integrante del Consejo General de la CEAV estatal, supuestamente porque vulnera la libertad de creencia y laicidad, dio a conocer que el pasado 19 de julio, cuando una notificadora acudió a las instalaciones de esa dependencia, le negaron el acceso diciendo que “El Pato” no tiene una oficina en ese lugar. "Para evidenciar la conducta de corrupción ante funcionarios judiciales, he presentado un escrito dirigido al presbítero, en su calidad de integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, informándole de las acciones legales que se están emprendiendo en su contra", informó anoche Leyva Martínez. El comisionado del Ichitaip aseguró que se negaron a recibir el oficio sobre la admisión de la demanda de amparo indirecto que promovió, incluso se comunicó con el director general jurídico, Jesús Chávez Sáenz, y fue hasta que convocó a los medios cuando le recibieron el documento. "Con esto voy a demostrar al juez de Distrito que le han mentido, porque ocultan al presbítero para postergar el emplazamiento", dijo. En respuesta, la CEAV reiteró que el nombramiento de Javier Ávila Aguirre como comisionado no es violatorio de la Constitución, ni existe prohibición legal alguna. "En torno a la argumentación por quien impugna, en donde señala que la función que realiza (Ávila) como comisionado lo convierte en servidor público, es importante aclarar que su designación es como miembro del Consejo General de la CEAV; es decir, un cargo ciudadano que tiene por objeto promover la participación y fomentar la transparencia a través de la vigilancia de destacadas personas civiles en órganos de gobierno", sostuvo. Javier Ávila, añadió, no puede ser considerado servidor público porque el cargo es honorario. No se encuentra contenido en el detalle de puestos y salarios de la Fiscalía General del Estado y, por lo tanto, no goza de ninguna prestación, ni oficina en el interior de la CEAV. "La presencia del ciudadano Javier Ávila en los debates del Consejo General de Atención a Víctimas enriquece la discusión y la pluralidad que debe existir en estos organismos, y se reconoce en él a un defensor y promotor de los derechos humanos, verbigracia, donde ya formó parte en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como miembro ciudadano del Consejo, al igual que en otras instancias incluso federales con idéntico carácter”. Prosiguió: "La Fiscalía General del Estado respeta el derecho de todos los ciudadanos para acudir a las instancias legales y judiciales para debatir un derecho, y en su caso serán las autoridades jurisdiccionales las que resolverán las cuestiones ante ellas promovidas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no participará en el debate mediático en relación a este tema. No obstante, atenderá los requerimientos que la autoridad legalmente competente formule para aportar la información debida". De acuerdo con Leyva Martínez, Corral hizo lo necesario para beneficiar a su amigo en una posición gubernamental, por lo que, consideró, se trata de un acto de corrupción que violenta bases legales de la República. Insistió en que “El Pato” Ávila sí ocupa un cargo público e que fue el gobernador, no las organizaciones sociales, quien presentó la terna directamente ante el Congreso.