La XXII asamblea priista fue manipulada por los hombres del presidente Peña Nieto para quitar los candados que estorban a sus cercanos José Antonio Meade y Aurelio Nuño para ser candidatos presidenciales. Al denunciar esta situación, los priistas César Augusto Santiago y Ulises Ruiz advierten que tal imposición puede defraudar a las bases y causar una escisión tan grave como la de 1988. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Al cabo de una discusión acalorada en Campeche, el miércoles 9 por la noche los priistas dieron el paso que se fraguó desde Los Pinos: modificaron los estatutos para allanar el camino para que alguno de los favoritos del presidente Enrique Peña Nieto sea presuntamente ungido candidato presidencial para 2018: José Antonio Meade o Aurelio Nuño. Los priistas que asistieron a la mesa de debate instalada en Campeche identificaron a Augusto Gómez Villanueva, José Murat y José Ramón Martel como los “mercenarios” de Peña Nieto para abrir paso a un “tecnócrata” simpatizante, al suprimir los candados del artículo 166 de los estatutos, principalmente los 10 años de militancia, cumpliendo así el objetivo principal de la XXII Asamblea Nacional. Jorge Carlos Ramírez Marín presidió la asamblea, pero fue el exdiputado federal José Ramón Martel –a quien Meade nombró su asesor especial cuando fue secretario de Desarrollo Social– el que propuso quitar de manera definitiva los candados de los estatutos que impedían a simpatizantes externos aspirar a una candidatura, sobre todo la presidencial. César Augusto Santiago y Ulises Ruiz sostienen que la decisión fue ejecutada también por un grupo que controla al PRI desde hace años y que manipuló la asamblea al imponer delegados a modo. Y señalan que encabezaban ese grupo el senador Emilio Gamboa, el diputado César Camacho y el dirigente del partido, Enrique Ochoa Reza, todos cercanos a Peña Nieto. “No hay ánimo de ruptura, pero la crisis del partido parece más crítica que en 1988”, sostiene Ulises Ruiz, quien en Campeche, donde se quitaron los candados de los estatutos, espetó: “La militancia está hasta la madre de imposiciones”. Durante 21 años, desde la Asamblea XVII efectuada en 1996 y que estuvo dirigida por César Augusto Santiago como secretario del Consejo Político Nacional y Santiago Oñate Laborde como presidente del partido, se aprobaron los famosos candados que impedían la llegada de simpatizantes externos. Entonces trataban de ser candidatos presidenciales los secretarios de Hacienda, José Ángel Gurría, y Guillermo Ortiz, considerados los favoritos del entonces presidente Ernesto Zedillo para la candidatura de 2000. Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2128, ya en circulación