CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La justicia federal emplazó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que deje de ser omisa en las investigaciones sobre la ejecución sumaria de civiles perpetrada hace tres años por efectivos del Ejército en Tlatlaya, Estado de México. El juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió ese recurso legal a Clara Gómez, madre de una menor víctima de la masacre, quien ha exigido una investigación completa sobre lo ocurrido, incluida la alteración de la escena por parte de militares, la dilación de la procuraduría estatal y la actuación y órdenes de los mandos del Ejército. El fallo fijó un plazo de 30 días para que la PGR presente ante el juzgado un calendario de actuaciones y cumplimiento que ayuden a esclarecer los hechos ocurridos la madrugada del 30 de junio de 2014 y que el Ejército presentó inicialmente como un enfrentamiento con miembros de la delincuencia organizada. Ante las omisiones de la PGR, que permitieron la liberación de los únicos tres implicados en el caso, la madre de la menor, de 14 años, el juzgado le pidió a la PGR haga una investigación exhaustiva de los hechos en los que murieron 22 personas, ocho de las cuales fueron ejecutadas después del enfrentamiento, de acuerdo con las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La menor estaba en el lugar de los hechos, recordó el martes el diario El País al informar sobre el fallo. La resolución, conocida por Apro, dice que la PGR deberá informar al juez si tiene alguna indagatoria pendiente y que, de ser el caso, señale de forma pormenorizada las diligencias que considere necesarias para tener nuevos elementos que esclarezcan lo ocurrido. En ese informe detallado, dice el juez en su resolución, la PGR tendrá que puntualizar el objeto de cada una de las diligencias, lo que pretende obtener o el motivo para que se realicen. Cumplidas esas actuaciones, la PGR “deberá determinar el sentido que corresponda a la indagatoria”; es decir, si hay más implicados en la ejecución. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) argumentó en su momento que se trató de un enfrentamiento que ocurrió cuando una patrulla militar pasaba por el lugar. La dependencia federal consignó a siete efectivos, pero solo tres fueron procesados. Sin embargo, quedaron en libertad luego de que la PGR fuera incapaz de demostrar su responsabilidad, según resolvió un juez de primera instancia. Los tres elementos: Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández fueron acusados sólo de alterar la escena del crimen. Y también de faltas al Código de Justicia Militar porque salieron a patrullar con solo una parte de sus efectivos. Los tres estuvieron en la prisión del Campo Militar número Uno en la Ciudad de México hasta principios de este año.