CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las repetidas declaraciones y promesas de los gobiernos federal y estatales para garantizar el ejercicio de la actividad periodística se quedaron en letra muerta: además de los asesinatos de seis periodistas, en los primeros seis meses del año se reportaron 276 agresiones contra los integrantes del gremio, 50.7% de los cuales fueron perpetradas por servidores públicos. La organización Artículo 19 recordó, en un informe publicado hoy, que los periodistas Javier Valdez, Miroslava Breach, Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Maximino Rodríguez y Jonathan Rodríguez fueron asesinados entre enero y junio de este año con armas de fuego, “a plena luz del día” y con plena impunidad, mientras que tres periodistas sufrieron intentos de asesinatos. También mencionó al michoacano Salvador Adame, a quien sus familiares aún consideran como desaparecido desde el 18 de mayo, aunque la Procuraduría de Michoacán afirmó que encontró su cadáver calcinado el pasado 20 de junio. En los primeros dos meses del segundo semestre, la profesión perdió además a otros dos colegas: el periodista hondureño Edwin Rivera, asesinado el pasado 9 de julio en Acayucan, Veracruz, y Luciano Rivera, muerto el 31 de julio en el municipio bajacaliforniano de Playas de Rosarito. De acuerdo con Artículo 19, reporteros locales sufrieron 37 agresiones en el marco del proceso electoral que se llevó a cabo en Coahuila, el Estado de México y Nayarit durante la primera mitad del año. Es más: 19 fueron reportadas el mismo día de las elecciones. En Coahuila, por ejemplo, la organización reportó 26 agresiones contra periodistas, algunas perpetradas durante las protestas contra el “gasolinazo” en enero -en este caso, los agresores fueron policías-, y las demás durante el disputado proceso electoral, manchado por acusaciones de fraude. En el contexto electoral, los agresores eran en su mayoría de funcionarios públicos, pero también militantes de partidos políticos: de las 14 agresiones documentadas, 11 agresores pertenecían al PRI, dos a Morena y uno al PAN. “Como se ha señalado en numerosas ocasiones, la falta de garantías democráticas en México provoca que la cobertura en contextos de protesta y electorales se convierta en un riesgo para las y los periodistas”, deploró la organización. Además de la violencia derivada de las contiendas estatales, Artículo 19 observó “focos rojos” para la profesión en municipios plagados por la debilidad institucional y el crimen. Citó tres casos: San Martín Texmelucan, en Puebla -donde operan grupos de huachicoleros, y en el que la organización documentó nueve de las 20 agresiones periodistas perpetradas en el estado-; Lázaro Cárdenas, en Michoacán; y Tecomán, en Colima, que se convirtió en uno de los municipios más violentos del país. A consecuencia de la violencia extrema, la organización documentó siete casos en los que los periodistas se vieron forzados a huir de sus hogares de manera temporal o permanente, muchas veces alentados en hacerlo por los integrantes del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una institución que no tiene la “capacidad real de garantizar la seguridad de las y los periodistas”, según la organización. Según la organización, durante el primer semestre de 2014 los reporteros sufrieron 67 actos de intimidación, 60 amenazas -19 de ellas de muerte- y 56 ataques físicos o materiales -37 lesiones fueron perpetradas por funcionarios públicos o militantes-, así como 11 retenciones ilegales, 17 detenciones arbitrarias y 10 agresiones por razones de género. A estos casos se añaden las agresiones a periodistas en el entorno digital -de las que el periodista Héctor de Mauleón fue víctima nuevamente ayer-, pero también el escándalo de espionaje contra activistas y periodistas que el gobierno de Enrique Peña Nieto presuntamente operó con el malware espía Pegasus. La organización deploró que, ante este panorama desolador, las autoridades mexicanas promuevan soluciones “paliativas” que consisten, en los hechos, en “la creación de nuevas leyes y más burocracia”, soluciones condenadas al fracaso si no se acompañan de voluntad política.