TOLUCA, Edomex. (apro).- A una semana de asumir el cargo y sólo 10 días después de entrar en vigor el Sistema Estatal Anticorrupción, el fiscal José de la Luz Viñas ya investigaba a Delfina Gómez, excandidata de Morena a la gubernatura, por el manejo de la caja de ahorro y el presunto “diezmo” impuesto a trabajadores del ayuntamiento de Texcoco durante su gestión. Alberto Martínez, quien fungió como tesorero durante la administración municipal 2013-2015 y que también se encuentra imputado, acusó que esta dependencia fue creada para emprender una persecución política contra los opositores. “No estamos de acuerdo con que estén judicializando la política; no es nuestra culpa que ellos (los priistas) no tengan la capacidad para ganar la elección; quieren utilizar la parte legal para intimidar y que no sigamos generando las condiciones para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determine al ganador de la contienda”, alertó. Luego indicó que el jueves 3 –el nuevo sistema entró en vigor el 19 de julio, mientras el fiscal anticorrupción rindió protesta formal el 25– fue citado, junto con el exalcalde Nazario Gutiérrez y el exsíndico Edmundo Rosales, en calidad de “urgente” a la recién creada dependencia sólo para que les leyeran las imputaciones en su contra. Igual aseguró que de forma voluntaria los tres han acudido a la Fiscalía para exponer sus consideraciones al menos un par de veces, pero se han negado a tomarles declaración. Ambas denuncias, recordó, fueron promovidas ante la FEPADE por Francisco Gárate Chapa cuando se desempeñó como representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Es entonces, destacó, cuando se da a conocer la notaría que el gobernador priista Eruviel Ávila asignó a su hija Lorena Gárate; y las otorgadas a la esposa del diputado federal panista Ulises Ramírez y al hermano del perredista Octavio Martínez, quien los últimos meses se ha dedicado a denostar a Morena. Viñas Correa es considerado cercano al presidente Enrique Peña Nieto; fue titular del Órgano Interno de Control de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal de 2013 a 2014, director general adjunto jurídico-contencioso en la Secretaría de la Función Pública entre 2014 y 2015, y asesor del INBA entre 2016 y 2017. Es maestrante en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana (también alma máter de Peña Nieto). Martínez Miranda expuso que las denuncias, originalmente electorales, ya fueron globalizadas a otras dependencias. Además de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) practica, a últimas fechas, auditorías al ayuntamiento de Texcoco, revisiones que empezaron por el ejercicio 2015, se extendieron al 2014 y ahora se ampliaron a 2013. Incluso la Secretaría estatal del Trabajo hasta ahora –a pesar de que se tenían pláticas con los extrabajadores para llegar a un acuerdo– hizo efectivo un laudo laboral que ocasionó la intención de un embargo por 3 millones de pesos. No obstante, recordó, en su momento el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) no emitió observación alguna a las acciones ahora imputadas, puesto que en ningún caso existen irregularidades, y para liberar la administración 2013-2015 (que encabezó Gómez Álvarez) sólo hace falta reponer algunos documentos que implican puntualizaciones administrativas. La caja de ahorro, recordó, benefició a los trabajadores, pues por cada peso que ellos guardaban la administración aportaba uno más –como lo permite la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR)– y obtuvieron hasta 13% de ganancias por rendimiento de los bancos. “No hay afectación a la hacienda pública y la caja de ahorro se entregó de manera puntual cada año”, dijo. En el caso del “diezmo”, que implica el descuento de 10% al salario de los militantes de Morena (vía el Grupo de Acción Política) que laboraban en la presidencia municipal, prosiguió, tampoco hay anomalía, pues todos los partidos establecen y cobran cuotas a sus militantes. “Quieren tratar de intimidarnos; reactivar todo esto ahora significa que les dolió que se evidenciara el fraude electoral en el Estado de México”, abundó. El jueves 3 la diputada local Mirian Sánchez Monsalvo denunció en la tribuna parlamentaria persecución política, financiera y jurídica al ayuntamiento de Texcoco por revancha electoral de Ávila Villegas.