XALAPA, Ver. (apro).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó inhabilitar por cinco años a una servidora pública tras detectar la existencia de un conflicto de interés en la asignación de contratos de obra pública. De acuerdo con un comunicado, en donde no se precisa el nombre de la funcionaria sancionada, la SFP señala que, después de una investigación, pudo establecer que la servidora pública, adscrita a la delegación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Veracruz, otorgó indebidamente contratos a sus familiares. En el último año de gobierno de Javier Duarte y en los ochos meses de la gestión de Miguel Ángel Yunes Linares, quienes han ostentado cargos en la delegación de la CDI han sido la exdiputada federal priista Isabel Pérez Santos; la excandidata priista a la alcaldía de Emiliano Zapata, Shariffe Ossman, y la actual funcionaria María Angélica Méndez Margarito. Sobre cualquiera de ellas tres tendría que ir la sanción del gobierno federal. Pérez Santos fue legisladora federal impulsada por Duarte; Shariffe Osman fue apadrinada por la exalcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales y el legislador federal Jorge Carvallo, y Méndez Margarito llegó al cargo propuesta por el actual gobernador Yunes Linares. La SFP determinó imponer la sanción de inhabilitación luego de un proceso que comenzó a raíz de una denuncia anónima y de la publicación de una nota periodística que daba cuenta de estas irregularidades. La Función Pública hizo hincapié en que la firmeza de la resolución se encuentra supeditada al resultado de los medios de impugnación que tienen a su alcance las y los servidores públicos para combatir dichas sanciones. En el gobierno de Yunes y en la vocería de las dependencias federales adscritas a Veracruz han guardado silencio sobre quién es la funcionaria sancionada.