CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal frustró gran parte de la curiosidad que despertó el escándalo de corrupción de Odebrecht en el país: en la mitad de las 178 solicitudes de acceso a la información relativas al caso que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) detectó, las dependencias gubernamentales alegaron que los documentos eran inexistentes y en 18% reservó la información. Así, por ejemplo, cuando un ciudadano pidió a la oficina de Enrique Peña Nieto las minutas de la reunión que sostuvo el presidente de la República con Marcelo Odebrecht el 1 de octubre de 2013, los funcionarios de Los Pinos aseveraron que no existía tal información.

La solicitud de las minutas de la reunión que sostuvo el presidente de la República con Marcelo Odebrecht e... by Revista Proceso on Scribd

En diciembre pasado, la empresa brasileña Odebrecht admitió ante la justicia estadunidense que entregó sobornos a funcionarios mexicanos por más de 10 millones de dólares. Esta revelación generó un disparo en el número de solicitudes de información emitidas a través del portal Infomex, en su mayoría dirigidas a Pemex y la Procuraduría General de la República (PGR), y en menor medida a la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). De acuerdo con las respuestas a estas solicitudes, consultadas por Apro, la PGR reservó de manera sistemática la información sobre las dos carpetas de investigación que tenía abiertas del caso Odebrecht hasta el 26 de mayo de 2017. En sus respuestas, adjuntó los comunicados de prensa que emitió a lo largo del año. La dependencia a cargo de Raúl Cervantes Andrade también aseveró a un ciudadano que no tenía documentos específicos sobre el encuentro sostenido por los procuradores de distintos países latinoamericanos el 16 de febrero en Brasil, donde firmaron un acuerdo de colaboración en torno al caso de la empresa brasileña. La semana pasada, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, al que altos ejecutivos de Odebrecht señalaron por recibir 10 millones de dólares de “propinas” a cambio del otorgamiento de contratos de obra pública –como lo reveló la organización Quinto Elemento Lab en Proceso–, aseveró que la PGR no tenía pruebas contra él. El pasado 4 de julio, la Procuraduría informó a un ciudadano que había tomado las declaraciones de 10 funcionarios y nueve exfuncionarios de Pemex, quienes participaron en el otorgamiento de cuatro contratos a la empresa brasileña, pero reservó el resto de la información solicitada. Ante la avalancha de solicitudes de información que recibió, Pemex apostó a la opacidad: previo a que la justicia estadunidense revelara los sobornos en México, la paraestatal negó en repetidas ocasiones que tenía en sus archivos los contratos que los ciudadanos le pedían. En los días posteriores al escándalo, reservó los contratos por tres años, bajo el motivo de que su publicación causaría un “serio perjuicio al curso de las investigaciones”. En agosto de 2014, por ejemplo, la empresa productiva del Estado afirmó, en respuesta a repetidas solicitudes de información, que no había celebrado ningún contrato con Odebrecht o su filial Braskem desde el año 2000, aun cuando la petrolera mexicana tenía cuatro contratos en los que participaban estas empresas. El 21 de enero de 2016 sostuvo que no tenía en sus archivos el “contrato de Pemex con Odebrecht para la ampliación de la refinería de Tula, Hidalgo” que solicitaba un ciudadano. En otra ocasión, el 3 de noviembre de 2016, la petrolera mandó a un ciudadano unas capturas de pantalla de facturas pagadas a Odebrecht, pero resultaron tan borrosas que ni los montos ni los conceptos por pagar eran legibles.

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El pasado 5 de abril, ante las exigencias ciudadanas respecto al caso Odebrecht, Pemex se vio obligada a publicar, en su portal de internet, la versión pública de cuatro contratos celebrados con la empresa brasileña en el país entre 2010 y 2015. Sin embargo, tachó partes enteras de los documentos y no incluyó los anexos técnicos. Pemex indicó en febrero de 2017 a la SFP –más de un mes y medio después de la revelación de la justicia estadunidense– que no tenía información acerca de una denuncia interpuesta ante la PGR por el caso de los sobornos.