TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Indígenas de las diversas comunidades del municipio de Tila denunciaron que autoridades y funcionarios municipales, estatales, federales, así como actores y grupos armados ligados al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) iniciaron una campaña de acoso contra el movimiento de resistencia civil para imponerse, previo al proceso electoral para elegir candidatos a alcalde y diputado local. A través del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, los indígenas choles de esa región de la zona norte del estado dieron a conocer que están involucradas las autoridades municipales del PVEM de Tila, elementos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), funcionarios de la delegación de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (Sagarpa), operadores políticos de la Secretaría de Gobierno y otros personajes que “han estado generando un clima de preocupante tensión en el municipio”. Los pobladores y ejidatarios de los ejidos de Jolpokitiok y Nueva Esperanza pertenecientes a la organización Laklumal Ixim-Norte Selva (Nuestro Pueblo de Maíz), expresaron su preocupación por el clima de tensión que continúa escalando en el municipio de Tila provocado esto por el presidente municipal de Tila, Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, perteneciente al PVEM. El alcalde ha sido señalado por los pobladores como uno de los dirigentes del grupo paramilitar Paz y Justicia. Por su parte, miembros de la Sagarpa, la CFE, policías y operadores políticos del PVEM y Secretaría de Gobierno, también se han visto en acciones de acoso a los hombres y mujeres que han expresado su rechazo a que se realicen elecciones en ese municipio. Señalaron que previo a las elecciones del año 2018, se vaticina que “se agudizará la violencia gubernamental, paramilitar y delincuencial en el municipio de Tila y en otras regiones del estado de Chiapas”. Los ejidatarios y pobladores de Jolpokitiok denunciaron que el presidente municipal de Tila, Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez a través de operadores políticos de la Secretaría de Gobierno, del PVEM y miembros de la policía estatal y municipal, así como funcionarios como César Jiménez Jiménez, Antonio Gómez Pérez y Ramiro Samuel Parcero, se han dado a la tarea de recurrir “al chantaje, el engaño y la amenaza” en la región. “Ofrecen en los ejidos y a cada familia sacos de cemento para construcción, a cambio de aceptar que se instalen mufas y medidores digitales. Lo que ha sido rechazado por la población. “Bajo intimidación y amenaza de que todo aquél que no vote por el PVEM y no pague su luz, se le cancelará la energía eléctrica, controlando directamente un medidor por familia para desconectarle el bajante y así dejar sin luz a cada familia que se encuentra en resistencia a los pagos de altas tarifas de energía eléctrica desde el año de 1994”, dice la carta denuncia. Por su parte, los ejidatarios de Nueva Esperanza denunciaron que ante la imposibilidad de realizarse una asamblea para elegir una sola autoridad en ese lugar, por la enorme conflictividad que se desató en el ejido luego de las elecciones del año 2015, el gobierno reconoció la existencia de dos autoridades del comisariado ejidal, una vinculada al PVEM y grupo paramilitar Paz y Justicia y la otra vinculada al movimiento de resistencia civil que encabeza la organización Laklumal Ixim-Norte Selva. Y así se había venido trabajando. Sin embargo, recientemente se presentaron los del primer grupo ligado al PVEM y Paz y Jsticia en la oficina de la SAGARPA en Yajalón para tramitar los apoyos del programa gubernamental Procampo, pero dejaron fuera de ese apoyo a los miembros del grupo de resistencia civil. Los han presionado a que acepten la operatividad de ese partido político en la región a cambio de los apoyos. Por su parte, los ejidatarios de las comunidades de Tocob, Cantioc y otros ejidos de Tila han denunciado que el tendido eléctrico en las comunidades se encuentra al borde del colapso total, lo que puede provocar una tragedia y ocasionar la muerte de alguna persona. Indicaron que estos hechos han sido reportados a la CFE, que se niega a atender a los ejidatarios hasta que no paguen “supuestos y arbitrarios adeudos”. En el ejido Tocob más de 12 postes de energía eléctrica están por caerse y decenas de transformadores en distintas comunidades están por colapsar. Señalaron que esta es una situación que busca escalar la violencia inducida desde la presidencia municipal de Tila y el gobierno del estado de Chiapas, previo al proceso electoral del año 2018. “Responsabilizamos de todo lo que pueda ocurrir al gobernador Manuel Velasco Coello, al secretario de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda y al presidente municipal de Tila del PVEM y líder del grupo paramilitar Paz y Justicia, Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez”, señalaron.