OAXACA, Oax. (apro).- Con el falso discurso de garantizar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, el Congreso de Oaxaca analiza aprobar una iniciativa de ley para la protección a periodistas de 18 que se han presentado, ya que 13 se encuentran en estudio y cinco fueron archivadas. Lo cuestionable de estas iniciativas es que se presentaron sin la participación del gremio periodístico, en conversatorios simulados y con la creación de unidades fachada para cumplir con una orden presidencial derivada de las protestas a nivel nacional y las condenas internacionales por el asesinato del escritor y periodista Javier Valdez Cárdenas. Aunque es “un tema prioritario en la agenda legislativa” desde la LX a la LXIII legislatura se han acumulado 18 iniciativas, de las cuales 13 están en estudio y cinco fueron archivadas. Sin embargo, con el compromiso que hizo el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 17 de mayo, los gobiernos estatales movieron todo su engranaje institucional para simular su preocupación por el ejercicio periodístico tan agraviado y en algunos casos enterrado. Apenas el 26 de julio de 2017, la Junta de Coordinación Política de la 63 Legislatura local integró la Comisión Especial de Atención a Periodistas, la cual quedó conformada por Irineo Molina Espinoza, María de las Nieves García Fernández; Carol Antonio Altamirano, Juan Mendoza Reyes y Juan Bautista Olivera Guadalupe, de Morena, PRI, PRD, PAN y PT, respectivamente. Y posteriormente, el 3 de agosto, el Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, anunció la creación de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión, cuyo titular es Jorge Flores que dará seguimiento a 69 carpetas de investigación de delitos contra la libertad de expresión cometidos en Oaxaca. En tanto la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reconoció que tan solo en el 2016, durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo se registraron 208 ataques a comunicadores, entre ellos asesinados. Lo cierto es que el gremio periodístico desconoce qué funciones realiza o tiene la Comisión Especial de Atención a Periodistas en el congreso local ni si la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión es un ente similar al mecanismo de protección federal o se va a crear otro. Ni mucho menos se informó qué papel jugó o si seguirá funcionando o es solo una fachada la Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social que nunca dio resultados durante el gobierno de Gabino Cué. Sin participación del gremio Lo preocupante es que la LXIII legislatura se apresta a aprobar una iniciativa acorde a la línea política presidencial, pero sin incluir al gremio periodístico que está en las calles, el de a pie, el que se expone día con día, el que labora en dos o tres medios para obtener un salario digno sin necesidad de recurrir al chantaje, el chayote, el embute o la extorsión. El nivel de simulación no es exclusivo de algún partido político, es de todos, ya que por un lado la fracción de Morena cita a una mesa de diálogo con la intención de retomar las propuestas en una iniciativa, la cual ya tienen cocinada y solo buscaban la foto para legitimarla. Otro caso fue el “encuentro” que sostuvo el diputado perredista Horacio Antonio Mendoza con supuestos representantes de medios de comunicación para conocer sus inquietudes cuando ya había presentado su iniciativa. Trascendió que el PRI también presentó la suya, pero se desconoce su contenido porque no ha sido compartida en el congreso local. Aunque al vocero del congreso, Miguel Ángel Schultz, se le solicitaron las iniciativas para que un grupo de periodistas y organizaciones especializadas analizaran las propuestas, a casi dos meses no ha entregado ninguna con el argumento de que no se sabe en qué comisiones se encuentran.