GUADALAJARA, Jal. (apro).- Dos integrantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pretendieron ingresar ayer al predio Talicoyunque, donde viven parte de los afectados con la construcción de la presa El Zapotillo, pero la seguridad privada les impidió el paso, señaló María González Valencia, coordinadora del área de Acción para la Defensa del Territorio del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec). Los pobladores afectados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo por la presa que suman mil 500, han emprendido una férrea resistencia jurídica desde hace una década para evitar la desaparición de sus comunidades y desde un principio dejaron en claro que no querían ser reubicados, pese al riesgo de que se inunde la zona. En un principio, se estableció que la presa tendría una altura de 80 metros, pero la autoridad federal, con el respaldo del gobernador, Aristóteles Sandoval, decidió que sería de 105 metros. El 7 de agosto de 2013, la Segunda Sala del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia dejó sin validez el proyecto de la cortina a 105 metros, y el 27 de mayo de 2014, el Juzgado primero de Distrito en Materia Administrativa ordenó la suspensión de toda obra. Aun así, la autoridad federal sigue empecinada con concluir el proyecto que comenzó en el ocaso de la administración de Vicente Fox. El agua almacenada de El Zapotillo se repartiría a 14 municipios de la zona de Los Altos, la zona metropolitana de Guadalajara, así como a León, Guanajuato. También, el proyecto contempla un acueducto que llevaría el agua a León. A la presa El Zapotillo se le ha autorizado por parte del gobierno federal desde el 2005 a la fecha, más de 27 mil 253 millones de pesos. Actualmente, en el predio Talicoyunque habitan ocho familias reubicadas de Palmarejo, ahí también la autoridad pretende que vivan los pobladores de Temacapulin. María González explicó que los dos empleados, uno del jurídico y otro de documentación de la OACNUDH “pudieron constatar el grado de vigilancia y de la seguridad privada violenta en donde también hasta la policía municipal llegó. Ellos pudieron darse cuenta de que esto es un proyecto impuesto y donde también hay autoritarismo”. Posteriormente, dijo González, los representantes de la OACNUDH, se trasladaron a la comunidad de Acasico, “ahí pudieron conversar con la gente, constatar violación a los derechos humanos, constatar el incumplimiento de acuerdos de la gente que aceptó irse al nuevo asentamiento nuevo Acasico”. El recorrido concluyó en Temacapulin “donde pudieron constatar la resistencia total y absoluta de la comunidad contra el proyecto Zapotillo”, refirió la integrante de Imdec. El gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval, encargó a la Oficina de la Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) realizar un estudio –el cual les tomó 19 meses hacerlo, a un costo de 4.6 millones de dólares- sobre un balance hídrico de la Cuenca del Río Verde. El estudio establece cinco escenarios con planteamientos prospectivos. Sin embargo, el mandatario estatal se inclinó el 29 de junio pasado, por la cortina de 105 metros de altura para aprovechar un caudal de 7.5 metros cúbicos por segundo, lo que representa 87% de los 8.6 metros cúbicos por segundo establecidos en el acuerdo previo firmado entre Jalisco, Guanajuato y la Comisión Nacional del Agua. A partir del espaldarazo que dio el gobernador a la cortina de 105 metros, los afectados buscaron a personal de la OACNUDH. “La intención de estar aquí es actualizar el caso porque ellos han intervenido en otros momentos, han constado que se violan derechos, y a partir del 29 de junio, las comunidades les han buscado (a raíz) de la decisión arbitraria del gobernador y el estudio también de esta otra oficina de Naciones Unidas, y la intención de estar aquí es actualizar el caso, sobre todo de las últimas agresiones y hostigamiento que ha vivido la comunidad de Temacapulin”, refirió María González. A decir de la integrante de Imdec, el estudio de la Unops no se contrapone con la visita de la OACNUDH para documentar las violaciones de los derechos humanos. “Al contrario es complementario, porque lo primero que se demostró al gobernador es que Naciones Unidas no avala necesariamente el proyecto El Zapotillo y que hay otras instancias de Naciones Unidas que han reconocido las violaciones a los derechos humanos (…) entonces no pueden reprobar el estudio de Unops y las agencias son independientes, pero sí puede decir que ese estudio no contemplo bien la perspectiva de los derechos humanos”. Adelantó que la OACNUDH hará un pronunciamiento y se definirá una estrategia para una acción contundente en el tema de la presa El Zapotillo. Este miércoles, comparecerán ante el Congreso local, las autoridades estatales responsables de la construcción de la presa. A la cita, no fueron invitadas las organizaciones civiles.