MADRID (apro).— Después de la primera fase de la investigación de los atentados en Barcelona y Cambrils, de la ejemplar respuesta de los ciudadanos en apoyo a las víctimas y en repudio al terrorismo y de las efímeras muestras de unidad política, van surgiendo preguntas sobre qué falló en la estrategia antiterrorista en España que permitió que una célula de doce miembros se radicalizara por largo tiempo y perpetrara dichos ataques. La respuesta de los investigadores fue inmediata y en solo cuatro días, el lunes 21, los Mossos d´Esquadra confirmaron que habían matado a Younes Abouyaaqoub, el terrorista huido que había embestido con una camioneta a ciudadanos inocentes que caminaban por Las Ramblas. Con él sumaban ocho terroristas abatidos por las balas de la policía o muertos en una explosión previa y cuatro individuos más habían sido detenidos y bajo investigación. Con ello quedaba neutralizada la célula. El saldo de sus acciones criminales ya es conocido, 16 víctimas mortales y más de cien con heridas de distinta consideración. Los atropellados por este yihadista eran de 35 nacionalidades distintas, lo que convierte al atropello masivo en el ataques que mayor número de países ha afectado. Los atentados en Cataluña también demuestran que España está en la diana del yihadismo radical del Estado Islámico (Daesh), grupo terrorista que no solo reivindicó los ataques, sino que después emitió un video –con imágenes de Barcelona— donde amenazaban a España con más violencia, lo que es motivo suficiente para revisar la política antiterrorista para saber qué sucedió en Cataluña. Hasta ahora es cierto que los servicios de información habían sido eficaces, porque pasaron 13 años sin que España sufriera atentados desde los del 11 de marzo de 2004 (11-M) en la estación de Atocha y en otros ramales ferroviarios. Desde el 11-M hasta los atentados de Barcelona y Cambrils, las operaciones policiales de España permitieron detener y presentar a la justicia a 727 presuntos terroristas yihadistas. En este contexto, el periodista Ignacio Cembrero, autor del libro “Alá en España” y uno de los mayores conocedores del yihadismo, propuso la creación de una comisión independiente que investigue qué falló en los atentados (el diario El Confidencial, 29 agosto). Una comisión como la que puso en marcha Estados Unidos después del 11-S y cuyas conclusiones fueron publicadas casi íntegramente dos años después, en agosto de 2004. Como también lo hizo Francia después de los atentados de enero y noviembre de 2015. El informe final fue desvelado por la televisión belga (RTBF) en julio de 2016 antes de la difusión oficial. Y Bélgica lo hizo tras los bombazos en el aeropuerto de Bruselas en marzo de 2016, y el mes pasado se dio a conocer el resultado de esta investigación independiente. El inconveniente que el especialista ve es que, a diferencia de las comisiones compuestas por parlamentarios en los países citados, en España se hace imposible, “porque las comisiones de investigación parlamentarias son sinónimo de ruido, ajustes de cuentas y peticiones de asunción de responsabilidades políticas”, escribe. Muestra de ello es la efímera unidad que mostraron los políticos de Cataluña y Madrid, que de inmediato reactivaron sus habituales confrontaciones, culpándose mutuamente sobre fallos en los mecanismos de seguridad y dejando en evidencia la falta de coordinación por las diferencias políticas de cara al proceso de independencia catalán. O la comparecencia del presidente Mariano Rajoy ante el Congreso de los Diputados, este miércoles 30, cuando se escudó en los atentados para no responder a los cuestionamientos sobre la grave crisis de corrupción que afecta a su partido. La opción, considera Cembrero, es que esa investigación independiente estuviera a cargo de la comisión de estudio de las Cortes (Congreso de los Diputados y Senado) o una comisión completamente independiente que la compongan magistrados, policías jubilados y académicos, entre otros, que “desentrañara los fallos y propusiera remedios”, apunta. Entre los primeros fallos detectados está una ausencia de información que permitió a los terroristas seguir adelante con sus planes, bajo la coordinación del imam Abdelbaki Es Satty. Ali Yassine, presidente de la comunidad islámica de Ripoll, ha expresado que ninguna autoridad le contactó antes o después de contratar a Es Satty para oficiar los rezos en la mezquita de este pueblo, donde vivía la mayoría de los jóvenes terroristas. A Yassine nadie le explicó que Es Satty había estado en la cárcel cumpliendo condena por tráfico de drogas o que se llevó a cabo un seguimiento de sus comunicaciones telefónicas cuando las fuerzas de seguridad españoles desarrollaban la operación Chacal, contra otra célula terrorista a mediados de la década pasada, señala Cembrero. También, tras los atentados se conoció que hace 17 meses la policía de Vilvoorde, ciudad belga de donde más yihadistas salieron rumbo a Siria e Irak, pidió información a los Mossos d´Esquadra sobre Abdelbaki Es Satty, quien viajo a ese país para conseguir trabajo en la mezquita de ese pueblo. Cuando le pidieron su carta de no antecedentes penales, no volvió más, levantando sospechas. Si bien la consulta no se hizo por los canales oficiales, el policía catalán que recibió esa petición de los belgas, no transmitió a las autoridades centrales del Estado la sospecha que tenían las autoridades belgas. Cembrero considera que tanto las fuerzas de seguridad del Estado como el Centro Nacional de Inteligencia conocían mejor la trayectoria de Es Satty y quizá les hubiera correspondido prevenir a los musulmanes de Ripoll de la peligrosidad de su imam antes que a los mossos. Otro fallo que fue denunciado por los sindicatos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en un comunicado conjunto, fue que la gestión política del atentado mostró “la debilidad de las instituciones y de los responsables políticos” en España, que provocó que la experiencia y la estructura nacional de ambos cuerpos en la lucha antiterrorista haya sido “ninguneada” y “marginada de forma dolosa en la investigación”. Según la interpretación que dan, esta debilidad permitió a los responsables gubernamentales en Cataluña, “transmitir una imagen al exterior de nuestras fronteras de un Estado catalán ´autosuficiente´, instrumentalizando para ello sin ningún tipo de reparo la seguridad pública asumiendo por ende los errores y consecuencias que de esta praxis pudiera derivarse”. Una de estas quejas se produjo porque la policía autonómica vetó el acceso a los escombros de la vivienda de Alcanar a los especialistas en explosivos (Tedax) de la Guardia Civil, sitio donde el mismo día del atropello masivo, se produjo una segunda explosión, cuando los mossos movían los restos de la vivienda. El reproche es porque este sitio se convirtió en algún momento de las pesquisas en la zona cero del doble atentado, debido a que la noche del 16 de agosto, la víspera del atropello masivo, dos terroristas resultaron muertos, uno de ellos el imam, cuando manipulaban el peróxido de acetona, bautizado por los israelíes la madre de Satán, presente en varios atentados del Estado Islámico, como el perpetrado en el aeropuerto de Bruselas. Esta explosión terminó con la intención de atentados de mayor magnitud, como el que planeaban en contra del emblemático monumento de Gaudí, la Sagrada Familia y otros monumentos emblemáticos de la ciudad condal, según lo confirmó uno de los imputados ante el juez Fernando Andreu. La pregunta es por qué los vecinos no denunciaron el movimiento de estos jóvenes con tanques de butano y por qué la policía local tampoco se percató de este movimiento en una vivienda que además ocuparon ilegalmente. Fue unas horas después del atropello en Las Ramblas que se vinculó la casa de Alcanar con el atentado. Otra pregunta que hace el especialista, con justificada razón, es por qué los mosos dieron a matar a Younes Abouyaaqoub, el conductor de la camioneta del atropello masivo, cuando lo ubicaron en su huida en unos viñedos de Subirats (Cataluña). Es probable que se haya cumplido el protocolo, pero Cembrero se pregunta si no hubiera sido de mayor utilidad herirlo para neutralizarlo, pero no matarlo, porque con ello se perdió la oportunidad de interrogarle sobre las motivaciones del atentado y otros posibles vínculos en el exterior. Por último, cuestiona que tras los fallos cometidos que costaron la vida a 16 personas y 120 heridos, el Parlament de Cataluña aprobara imponer una condecoración a los mossos. “Parece una broma de mal gusto. Es una tomadura de pelo a las víctimas. Los servicios de emergencia que les atendieron y los policías locales de Barcelona y Cambrils sí son más merecedoras de la medalla de honor del Parlament”, señala.