CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que las desapariciones subsisten en México como consecuencia de la impunidad traducida en la falta de una procuración de justicia pronta y expedita que, lejos de producir investigaciones eficaces y sustentables para la localización de víctimas y el ejercicio de la acción penal contra los responsables, “en la mayoría de los casos sitúa a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono, revictimizándolos al hacerles nugatorios sus derechos”. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, este 30 de agosto, la Comisión urgió a la Cámara de Diputados a aprobar la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en el próximo periodo ordinario de sesiones. Asimismo, pidió al gobierno federal aceptar la Competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, para recibir y examinar comunicaciones de o en nombre de las personas sujetas a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de violaciones por el Estado, “como un acto de congruencia entre las políticas interior y exterior de nuestro país”. También demandó el establecimiento de una política integral que prevenga, investigue y sancione las violaciones que se derivan del problema de las desapariciones y llamó “a las autoridades federales y locales a impulsar aún más las acciones en beneficio de las víctimas de desaparición forzada y de la cometida por particulares”. La CNDH exhortó a atender las 102 propuestas formuladas en el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, de esta Comisión Nacional. “Para esta Comisión Nacional, la atención del problema no debe agotarse con buenas intenciones; se requiere una política integral con decidida participación de todas las autoridades del Estado en su erradicación, quienes deben analizar el contexto situacional de los aspectos relevantes que permitan identificar, relacionar y sistematizar los obstáculos estructurales que generan condiciones para la comisión de dicho delito, a fin de hacerle frente, enfatizando la importancia de escuchar y atender las necesidades de las víctimas y sus familiares”, señala en un comunicado. “Este Organismo Autónomo se suma al esfuerzo que realizan los familiares de las víctimas de desaparición forzada, quienes a consecuencia de tales hechos han visto trastocadas sus vidas, para exigir la búsqueda y localización de cada uno de ellos, ante la indiferencia, insensibilidad, ineficiencia e inoperancia de las autoridades responsables. Hasta ahora han encontrado un número considerable de entierros ilegales, lo cual, previo los dictámenes genéticos respectivos, debe llevar a ubicar a cientos de víctimas de desaparición”, agregó. El organismo recordó que el pasado 6 de abril presentó su informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, donde abordó diversos temas relacionados con investigaciones ministeriales iniciadas a consecuencia de tales delitos y los derechos que la Ley General de Víctimas concede a éstas y sus familiares. Señaló que, de enero a junio del presente año, la CNDH inició 2 mil 188 folios, proporcionó 4 mil 621 servicios de orientación jurídica, atención psicológica, acompañamiento e información, además de la realización de 49 actos de promoción para fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos y la distribución de 26 mil 755 materiales alusivos al tema.