SAN SALVADOR (apro).- Los operadores de la tregua entre el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha fueron absueltos de media docena de acusaciones que les imputó la Fiscalía General de la República (FGR). El juez Godofredo Salazar concluyó que el exmediador Raúl Mijango y una veintena de empleados y funcionarios públicos se limitaron a ejecutar las órdenes dentro de la estructura que creó David Munguía Payés, entonces ministro de Seguridad, que a su vez se amparaba en la autoridad del expresidente salvadoreño Mauricio Funes Cartagena. Salazar, titular del Juzgado Especializado de Sentencia A, con sede en San Salvador, señaló que Nelson Rauda, director de Centros Penales durante la vigencia de la tregua; Óscar Aguilar Hernández, jefe de la Inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) de la época y sus compañeros policías Luis Alonso Aguilar Marín y Juan Roberto Castillo Díaz; así como una docena de abogados, psicólogos y técnicos que trabajaban en los consejos criminológicos no hacían más que seguir el gran lineamiento general que dio Munguía Payés. Por ejemplo: el traslado de 30 cabecillas pandilleros de alta peligrosidad que estaban recluidos en el centro penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, La Paz --en la zona Paracentral del país-- a centros penitenciarios de baja y media seguridad no fue una decisión antojadiza de Rauda, Mijango, el jefe de la inteligencia policial o de los empleados de bajo rango sino una orden de Munguía Payés de la que Funes Cartagena debía estar enterado. El entonces ministro de Seguridad debía saber todo lo que pasaba en las cárceles, según el juez; toda la información también llegaba al despacho del presidente de la República. El 10 de agosto de este año Munguía Payés declaró como testigo en el juicio contra los operadores de la tregua y admitió que mantenía una constante comunicación con ellos, que recibía informes que ellos redactaban sobre el proceso y que incluso el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) pagaba una oficina para Mijango. Dijo, además, que entregaba informes a Funes sobre los avances de la tregua. “Nosotros no controlábamos ese proceso, solo estábamos informados”, afirmó Munguía Payés en el juicio. Cuando le preguntaron en qué momento los directores de los centros penales recibieron órdenes de relajar los controles de seguridad respondió que no recordaba; tampoco recordaba si se enteró antes o después de ejecutado el traslado de reos de alta peligrosidad a cárceles de baja y media seguridad. A principios de mayo de 2016 la Fiscalía General capturó y acusó en los tribunales a los operadores de la tregua entre pandillas. Les imputó la introducción de objetos ilícitos a las cárceles, fraude de ley para permitir los traslados de los reos, asociaciones ilegales y otros delitos. En el expediente judicial los investigadores lanzaron sus dardos una y otra vez contra el exministro de Seguridad por su papel en el proceso. En la página 11 hay un párrafo que dice: “Pretendió valerse de su cargo para proporcionar facilidades para que se concretizara el acuerdo entre pandillas que permitiera bajar los índices de homicidios, situación que redundaría en réditos políticos”. En la página 34 también dice: “Existen los elementos necesarios, idóneos y suficientes” para imputar a Munguía Payés. “El libertinaje que dominó en los diversos centros penales fue fomentado por órdenes e instrucciones precisas que se llegaron a emitir desde el Ministerio de Justicia y Seguridad”. Como parte de ese proceso judicial, los días 9 y 10 de agosto pasado Carlos Eduardo Nuila, alias Nalo, uno de los principales cabecillas de Barrio 18 fracción Revolucionarios, afirmó que en las elecciones de marzo de 2014 el Frente Farabundo Martí (FMLN) habría pactado con la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 la entrega de 250 mil dólares a cambio de unos 120 mil votos de los colaboradores de ambas pandillas, así como de su capacidad para infundir miedo en los ciudadanos que viven en las comunidades más pobres del país (Proceso No. 2130). Esos 120 mil votos habrían sido decisivos para el triunfo del candidato del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, quien ganó la presidencia de El Salvador por apenas seis mil 634 votos de diferencia frente a su principal competidor, Norman Quijano, del derechista partido ARENA.