Fue creada para proteger a la Ciudad de México –sede de los poderes federales– y mantenerla libre del accionar del crimen organizado. Se llamaba Escudo Centro y funcionaría con la colaboración de las fuerzas policiales de las entidades vecinas. Sin embargo, la ola de violencia criminal que afecta a la capital –desde la desa­tada por cárteles, como los de Tláhuac o Tepito, hasta los asaltos a mano armada en cafeterías, centros comerciales e incluso un cine, como ejemplos más recientes– es prueba fehaciente de que esa estrategia ya no existe. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Escudo Centro, la estrategia de seguridad creada en 2013 con el propósito de formar un cerco en torno de la Ciudad de México para protegerla del crimen organizado –para lo cual habría coordinación con seis gobiernos estatales y la Procuraduría General de la República (PGR)–, fue abandonada por su promotor, Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno capitalino. El resultado es que los grupos criminales ya operan a sus anchas en la Ciudad de México, lo que se manifiesta ahora en frecuentes robos a mano armada en plazas comerciales y centros de reunión y de espectáculos, como ocurrió el pasado lunes 21 en la cafetería Galatea, el martes 22 en el Cine Tonalá o semanas antes en una joyería de Pabellón Cuauhtémoc. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la ONG Semáforo Delictivo, de los ocho delitos con mayor incidencia en el país, seis –homicidio, secuestro, lesiones y robo a vehículo, a casa y a negocio– crecieron de manera alarmante en la Ciudad de México durante el gobierno de Mancera y se ubicaron arriba de la media nacional. En cuatro años Mancera no convocó a los seis estados que invitó para que formaran el Escudo Centro –Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Querétaro y Puebla–, entidades de las cuales supuestamente también se erradicarían delitos de alto impacto, como el robo de vehículos, la trata de personas, el narcomenudeo, los secuestros y las extorsiones. Consultado por Proceso, el fiscal general de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, único de los fiscales y procuradores de las siete entidades que estuvo presente en la puesta en marcha de Escudo Centro, se concreta a señalar que “hace tiempo que ese programa no está en activo”. Lo mismo dijo el fiscal queretano, Alejandro Echeverría Cornejo, quien tiene 14 meses en el cargo. El procurador general de Tlaxcala, Tito Cervantes Zepeda –en el cargo desde enero pasado–, da otra versión: que Escudo Centro se activa sólo “a petición de las entidades vecinas o ante un inminente riesgo”. El resto de los fiscales y procuradores, incluyendo el capitalino, Edmundo Porfirio Garrido Osorio –quien era subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales cuando se creó Escudo Centro–, se negaron a concederle a este semanario una entrevista sobre el tema. A cuatro años de la puesta en marcha de Escudo Centro, los estados del centro del país y la Ciudad de México están sumidos en una ola de violencia que crece con rapidez y los ubica con focos rojos en los semáforos delictivos. Blindaje céntrico El 3 de abril de 2013, en sesión extraordinaria, los procuradores de la zona central del país suscribieron los acuerdos para la creación y operación del programa Escudo Centro, que debía funcionar de acuerdo con cinco ejes estratégicos para combatir a la delincuencia: intercambio de información, homologación de programas de capacitación, intercambio de experiencias de éxito, prevención del delito y realización de operativos conjuntos. Ahí estaban los procuradores o fiscales de Hidalgo, Alejandro Straffon Ortiz; Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado; Tlaxcala, Alicia Fragoso Sánchez; Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget; Querétaro, Arsenio Durán Becerra; de la Ciudad de México y coordinador de Escudo Centro, Rodolfo Ríos Garza, además del secretario técnico de la Conferencia Nacional de Procuradores, Jorge Nader Kuri. Días después, el 17 de abril, los mandatarios de las entidades que integraban Escudo Centro se encontraron en el Centro de Monitoreo (C4) de la Ciudad de México. Acudieron Ángel Aguirre Rivero, de Guerrero (estado sumado entonces a la estrategia); Mariano González, de Tlaxcala; Eruviel Ávila, del Estado de México; Miguel Ángel Mancera, gobernante capitalino; Graco Ramírez, de Morelos; Rafael Moreno Valle, de Puebla; y Francisco Olvera, de Hidalgo. Entre otras acciones, acordaron que se daría asesoramiento para que cada estado creara su propio C4 y se coordinaran acciones de emergencia. Para entonces, informó Mancera en la reunión, los gobiernos del centro ya habían logrado establecer conectividad a través del canal 598 matra. Explicó que eso les permitiría estar comunicados para efectos de la seguridad operativa, de la seguridad pública y ante posibles contingencias de protección civil. Días después se anunció que las entidades agrupadas en el Escudo Centro crearían una base de datos paralela a Plataforma México para combatir y disminuir los delitos de alto impacto mediante labores de inteligencia. La procuraduría capitalina se encargaría de concentrar los reportes de esa nueva herramienta, que serviría para intercambiar informes y diseñar operaciones de precisión en el combate al narcomenudeo, secuestro, trata de personas y robo de vehículos, principalmente. En junio de 2013, Ríos Garza advirtió que no se permitiría el asentamiento del crimen organizado en la Ciudad de México y que el objetivo era “blindar” la región centro ante ese fenómeno. Añadió que habría coordinación y acciones conjuntas con la PGR y la Policía Federal. Sin embargo, desde 2011 –con Mancera aún como procurador capitalino– la Policía Federal ya reportaba que en la Ciudad de México operaban los cárteles de Sinaloa, de los Beltrán Leyva, de Juárez, Los Zetas, la Familia Michoacana e incluso una célula de la Mara Salvatrucha, así como organizaciones locales. El 3 de abril de 2013, Mariana Benítez Tiburcio, entonces subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, ya había exhortado a las procuradurías de la República y estatales a aumentar su coordinación para hacer frente a la delincuencia en el centro del país. Y en mayo de 2013 Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, aseguraba que los delitos en la zona centro del país, incluidos los cometidos por organizaciones criminales, ya iban a la baja. No se volvió a tener noticia del Escudo Centro hasta julio de 2015, luego de la segunda fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Ríos Garza dio a conocer que desde la madrugada de ese día, 11 de julio, se había aplicado el Escudo Centro en los accesos y salidas de las carreteras colindantes con el Estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo; sin embargo, contrario al espíritu de la estrategia de seguridad, el entonces procurador capitalino nunca se coordinó con los gobiernos de estos estados. La siguiente noticia sobre la estrategia se tuvo el 19 de abril de 2016, cuando la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina informó que Escudo Centro había logrado reducir 14% –entre marzo de 2015 y febrero de 2016– la incidencia delictiva en la zona limítrofe con los estado de México y Morelos. El entonces director del Estado Mayor Policial de la SSP, Víctor Hugo Ramos, presumió que el programa Blindaje Interes­tatal Regional Centro País (como llamó el presidente Enrique Peña Nieto al Escudo Centro), tenía como propósito disminuir la incidencia delictiva en zonas limítrofes o cercanas de la capital, como los estados de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala: “Para ello se realizan reuniones entre sectores y municipios con la finalidad de articular capacidades técnicas, operativas y de inteligencia”, insistió. Escudo perdido Cervantes Zepeda afirma: “Tlaxcala logró establecer una nueva estrategia para combatir el fenómeno delictivo, ya que esta problemática desconoce las fronteras territoriales e incluso hace uso de las mismas fronteras con el propósito de mantener la impunidad”. El operativo Escudo Centro es usado actualmente sólo en colaboración y a petición de las entidades vecinas o ante un inminente riesgo, apunta el procurador tlaxcalteca. Con sólo cinco meses en el cargo, Cervantes Zepeda acepta que en ese tiempo no ha pedido colaboración ni le ha sido solicitada por ninguno de los estados de Escudo Centro. Añade que durante el ejercicio de su antecesor tampoco hay registro de que se haya puesto en marcha. El resultado es que algunos estados, como Hidalgo, registran tasas altas en varios delitos, como robo, lesiones, despojo, homicidio, secuestro, daños en la propiedad y narcomenudeo. Los Zetas siguen dominando Hidalgo, entidad donde nació el fallecido narcotraficante Heriberto Lazcano, El Lazca, fundador de esa organización; ahí el grupo criminal se dedica a la extorsión, secuestro, ejecuciones y tráfico de drogas y de indocumentados. La Familia Michoacana se asentó en Huasca de Ocampo, Tulancingo, Tizayuca, Huejutla y Huichapan, donde vende mercancía pirata y produce y distribuye drogas sintéticas. Otro estado clave de la estrategia es Morelos. La entidad estuvo dominada por los hermanos Beltrán Leyva hasta la muerte de uno de ellos, Arturo, en diciembre de 2008, y la captura de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, el 30 de agosto de 2010, cuando perdieron mucha de su influencia y su cártel se dividió en grupos independientes: Los Mazatlecos o Limpia Mazatleca, el Cártel Independiente de Acapulco, La Barredora, La Mano con Ojos, el Cártel del Centro, el Cártel de la Sierra en Guerrero, La Oficina, Los Rojos, el Cártel del Pacífico Sur, Los Pelones, Guerreros Unidos, Guardianes Morelenses y La Nueva Administración. El Consejo Estatal de Seguridad Pública de Morelos identifica a La Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Caballeros Templarios como las bandas con mayor presencia en Morelos desde 2012. Gran parte de las organizaciones que operan en ese estado logró colarse y empezó a accionar en la Ciudad de México y en el Estado de México, en donde para marzo de 2015, a dos años de la creación de Escudo Centro, ya dominaban Los Rojos, encabezados por Santiago Mazari, El Carrete. En noviembre de 2013 el diario Reforma informó acerca del “florecimiento” de la mariguana en Puebla; habitantes de Ixcamilpa advirtieron de la llegada de guerrerenses para sembrar esa planta en campos del municipio. El 24 de mayo de este año la PGR dio a conocer el desmantelamiento en Puebla de tres invernaderos para el cultivo de mariguana y la detención de cinco personas. El 30 de mayo de 2016 la PGR y el Ejército desmontaron un narcolaboratorio en el municipio mexiquense de Zumpahuacán, en los límites con Morelos. El gobierno del Estado de México informó que el lugar se detectó como parte de las acciones del Programa de Detección Temprana de Tala Clandestina y Cultivo de Amapola y Mariguana, pero no como parte de Escudo Centro. Este no es el único caso que se descubre mediante ese programa: en días pasados se localizó un terreno de 3 mil 500 metros cuadrados donde se destruyeron unas 20 mil plantas de mariguana. Antes, en noviembre de 2015, la PGR informó que, con apoyo de la Secretaría de Marina, cumplió una orden de cateo en Otumba. Ahí, en un cobertizo se encontró material presuntamente empleado para elaborar drogas sintéticas, además de dos paquetes de metanfetaminas. La dependencia precisó que esa acción se realizó dentro de la Operación Seguridad Mexiquense. Efecto en la capital El 20 de julio de 2015, en la Ciudad de México y gracias a una denuncia ciudadana, se desmanteló una bodega utilizada como narcolaboratorio en la Colonia Granjas Coapa. Ese día, policías de investigación de la Procuraduría local, apoyados por marinos, desmantelaron la bodega y detuvieron a Víctor Manuel González Cruz, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación en la capital del país. Pero más recientemente han tenido un crecimiento desmesurado otras organizaciones delictivas, como la ya veterana Unión Tepito, asentada en las delegaciones del norte de la ciudad y responsable de las continuas balaceras, sobre todo en el barrio de Tepito; la última, el pasado jueves 3, dejó siete personas heridas y una muerta. No hubo detenidos. Otra organización delictiva, el llamado Cártel de Tláhuac –identificado por autoridades capitalinas desde 2012–, es responsable de la grave inseguridad en las delegaciones del sur de la Ciudad de México. Su líder, Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, ejecutado por efectivos de la Marina el pasado 20 de julio, controlaba la venta de drogas en las delegaciones Xochimilco, Tlalpan, Iztapalapa, Tláhuac y Milpa Alta, además de en la UNAM, sin que el jefe capitalino recordara activar Escudo Centro. Este reportaje se publicó el 27 de agosto de 2017 en la edición 2130 de la revista Proceso.