Pese a los discursos oficiales, lo cierto es que el presupuesto para 2018 enviado a las cámaras legislativas por el titular de Hacienda, José Antonio Meade, sufrirá recortes y los más afectados serán los sectores más vulnerables. En su último año del gobierno del Peña Nieto, con todo y sus reformas estructurales, el crecimiento potencial de la economía mexicana de se habrá incrementado de 3.5% en su nivel inercial a 5.3%. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El paquete económico para el próximo año –que incluye los criterios generales de política económica, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos, para el 2018–,que fue entregado el viernes 8 a las dos cámaras del Congreso por parte del secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, no tiene entre sus prioridades el bienestar social o la mejoría en la calidad de vida de los mexicanos. Si bien en las presentaciones de dicho paquete Meade asegura que no desaparecerá ningún programa social ni beneficiario alguno de ellos saldrá lastimado, lo cierto es que los ramos administrativos que sufrirán una disminución en su presupuesto son los más directamente relacionados con el ámbito del bienestar social. Por ejemplo, Desarrollo Social sufrirá un recorte de 3.4% (poco más de 3 mil 700 millones de pesos menos que en 2017); Salud, de 4.5% (5 mil 715 millones menos) y Educación, de 1.8% (5 mil millones de pesos menos), entre otros. Un caso alarmante es el del Seguro Popular, creado para la población más vulnerables, que para 2018 tendrá un presupuesto de apenas 38 mil millones de pesos, mientras este año se le asignó uno de 68 mil 700 millones. Es decir, tendrá un recorte de 44.75%. Las prioridades del programa económico para el último año de la administración de Enrique Peña Nieto son otras. Y están expresamente señaladas en el documento de “Criterios Generales de Política Económica”, que en su página 12 señala: “El Paquete Económico para 2018 está anclado a dos pilares: estabilidad y certidumbre. El primero se refiere a la culminación de la trayectoria de consolidación fiscal comprometida en 2013, que ha sido ratificada durante cuatro años y que implica disminuir los RFSP (Requerimientos Financieros del Sector Público) de 2.9 a 2.5% del PIB en 2018. “El segundo está sustentado en el Acuerdo de Certidumbre Tributaria pactado en 2014 en el cual el gobierno federal se comprometió a no crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes, que se traduce en ingresos similares para el próximo año respecto al cierre estimado de 2017, excluyendo ingresos con destino específico por ley, con un ligero aumento en términos del PIB.” Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2132, ya en circulación