WASHINGTON (apro).- Los dreamers, como se les dice en inglés a los soñadores, unos 800 mil inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sin documentos siendo menores de edad por voluntad de sus padres o familiares, despertaron aterrados por la pesadilla llamada Donald Trump. El martes 5 de septiembre, el presidente de Estados Unidos anunció el fin de la acción ejecutiva que emitió en 2012 el entonces presidente Barack Obama, quien con ello otorgó a los “soñadores” residencia y empleo temporal renovable por un plazo de dos años. La orden de Trump, que en términos políticos es una treta electoral, no es inmediata. Da al Congreso federal un plazo de seis meses para que entre demócratas y republicanos modifiquen las leyes migratorias y estabilicen el estatus de los soñadores. El 5 de marzo de 2018 se vence el plazo que dio Trump al Capitolio. A partir de ese día, si no se promulga una ley antes, los “soñadores” a quienes se les venza ese día o en fechas posteriores el permiso de empleo y residencia, son inmigrantes indocumentados y quedan sujetos a la deportación a sus países de origen. Ningún republicano se ha declarado en contra de la regularización del estatus de los soñadores. Los demócratas están a favor de legislar para hacerlos residentes permanentes. La mayoría de los “soñadores”, de los que se calcula que poco más de 600 mil son de origen mexicano, ven a Estados Unidos como su país, la tierra donde crecieron, donde estudian, donde trabajan y muchos de ellos hasta la consideran su patria. La han defendido en el campo de batalla en el lejano oriente. Miles de ellos no conocen otro idioma más que el inglés. Frente a la premura y el plazo impuesto por Trump, los republicanos se arremolinaron en sus comités para idear un proyecto de ley que no sea considerado como un acto desesperado y ajustado a las propuestas demócratas. Paul Ryan, el líder republicano de la Cámara de Representantes y Mitch McConnell, del Senado, hubieran preferido que Trump dejara como estaba a la acción ejecutiva de Obama. Pero no, al darla por terminada, Trump le cumplió a su base electoral que es lo único que le importa para sus aspiraciones de reelección. El año pasado, durante la campaña, el ahora presidente prometió que terminaría con esa acción ejecutiva y lo cumplió. Aunque en términos reales no es una determinación fulminante, tiene sus bemoles. Si los republicanos no hacen nada de aquí al 5 de marzo, los votantes que simpatizan con los “soñadores” les cobrarán el cheque en las elecciones federales de noviembre, cuando sea reelegida toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Si los demócratas patrocinan un proyecto de ley a favor de la regulación de los “soñadores”, aún cuando no logren la aprobación, ganarán adeptos y podrían reducir el número de escaños de los republicanos en el Congreso federal. Los demócratas tienen más que ganar que perder con el caso de los “soñadores”, quienes por la pesadilla llamada Donald Trump son más moneda de cambio electoral que potenciales inmigrantes indocumentados. La orden de Trump establece que hasta el próximo 5 de octubre todo soñador a quien se le vence el permiso de trabajo y de residencia hasta el 4 de marzo del 2018, puede solicitar la renovación por dos años ante el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés). Las autoridades del gobierno estadunidense calculan que son unos 130 mil soñadores los que podrán renovar su permiso en la fecha límite. En resguardo del DHS está el número de “soñadores”, que si el Congreso falla en su intento por regularizarlos, estarían sujetos a deportación el 6 de marzo. Eso es otra treta de Trump. El DHS tiene en su poder los datos de todos los “soñadores”, dónde viven, solos o con sus familiares, dónde estudian o trabajan. De ahí que, aunque pueden ser beneficiados por lo que hizo Trump, éste no deja de ser un mal sueño para todos ellos.