CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Jaime Agustín Fong Ríos, el empresario colaborador de César Duarte, fue vinculado esta tarde a proceso por el presunto desvío de 15 millones de pesos, recursos que estaban destinados a la compra de un avión ambulancia y fueron utilizado para apoyar la campaña del candidato a la gubernatura por MC, Cruz Pérez Cuéllar, con el fin de evitar que ganara Acción Nacional. En la audiencia trascendió que Jaime Agustín Fong es propietario de empresas proveedoras de gobierno del estado, trabajaba en el Consejo Ejecutivo Nacional del PRI y era el intermediario para tener el contacto con las empresas con las que simularon procedimientos administrativos para el saqueo de recursos públicos. De acuerdo con un testigo protegido, en la administración de Duarte Jáquez se pagó 12 millones a la empresa de Fong Ríos como entrega inicial y posteriormente se solicitó un incremento de 3 millones 600 mil pesos. El Ministerio Público detalló que, a través de Consultores Empresariales Asociados del Golfo, con domicilio fiscal en Poza Rica, Veracruz, los implicados simularon el contrato SH/AD/095/2015 con la Secretaría de Hacienda. El convenio consistía en la prestación de servicios profesionales de análisis y evaluación de soluciones actuariales para optimizar el ISR, asesoría fiscal, contable y jurídica. Hacienda autorizó el 3 de julio del 2015 la suficiencia presupuestal de 12 millones de pesos para dicho contrato, cantidad que se entregó en febrero de ese año. El 7 de septiembre de ese mismo año, hicieron una ampliación presupuestal por 3 millones 600 mil pesos, que se entregaron en abril de 2016. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que presidía Antonio Tarín García (también procesado por el delito de peculado agravado y preso en el Cereso estatal número 1), emitió un dictamen de excepción y acta de adjudicación directa en favor de la mencionada empresa. Jaime Fong se encargaba de reunir los documentos y las firmas de las empresas para que Tarín García las anexara a los expedientes y a él mismo le entregaba el dinero obtenido. El contrato entre el Ejecutivo y la empresa Consultores Empresariales Asociados al Golfo, por 12 millones de pesos, lo firmaron el 27 de julio de 2015, pero los servicios nunca se prestaron. La representación social presentó uno oficio de quienes estaban a cargo de la Secretaría de Hacienda, fechado un mes después de la firma del convenio, en el que se explica que 12 millones de pesos no eran suficientes, y entonces solicitaron una ampliación de 30%. En diciembre de 2015 suscribieron otro convenio por 3 millones 600 mil pesos. El incremento lo solicitó el director de Egresos, Jesús Olivas Arzate, y fue autorizado por el exsecretario de Hacienda Jaime Herrera Corral. Los 12 millones iniciales fueron pagados con el dinero presupuestado para la compra de un avión ambulancia, que la administración pasada desestimó. La empresa Consultores Empresariales Asociados del Golfo fue constituida en una notaría del municipio veracruzano de Tihuatlán, en el 2005. Está integrada por Carlos René Cobos Domínguez, José Jaime Ramírez Villegas, Juan Ángel Aguilera Velasco y Alfredo Suárez Velasco. El domicilio fiscal es en Poza Rica de Hidalgo de la Cruz, Veracruz. Sin embargo, el representante legal de la empresa, José Jaime Ramírez Villegas, señaló bajó protesta de decir verdad, al momento de la firma del contrato, que contaban con domicilio y teléfono en Chihuahua. En el mismo contrato se refiere como domicilio uno de la calle República de El Salvador, colonia 27 de Septiembre, código postal 93320, también en Poza Rica, aunque no mencionan ninguna dirección en la capital. Según el testigo protegido, Antonio Tarín invitó a trabajar a Jaime Fong como asesor en el gobierno estatal en el 2014, y en el 2015 comenzó a trabajar en las “operaciones especiales” para el desvío de dinero por instrucción de César Duarte. El mismo testigo declaró que los 15 mil 600 millones eran destinados a la campaña del candidato a gobernador de Chihuahua por Movimiento Ciudadano Cruz Pérez Cuéllar, debido a que Duarte quería que ganara cualquier candidato, menos el del PAN, que era Javier Corral. Los intermediarios, detalló, debían ser personas de confianza del entonces gobernador priista para que no hubiera riesgo de que se quedaran con el dinero. Entre la gente de confianza se encontraban Antonio Tarín y Gerardo Villlegas, también procesado por el mismo delito. El testigo fue identificado como OLP615234/2017, quien laboró en diferentes áreas del gobierno de Duarte, incluida la Secretaría de Hacienda, donde se enteró de que el entonces mandatario daba instrucciones a Jaime Herrera y a Gerardo Villegas para desviar recursos públicos con fines personales. Los funcionaros que participaron en el desvío de dinero acumulaban contratos para obtener recursos. El encargado del trámite de licitación era Gerardo Villegas y se coordinaba con Adrián Dozal, Antonio Tarín y el testigo. En 2015 orquestaron operaciones para financiar la campaña del PRI de 2016, por lo que Jaime Herrera y Gerardo Villegas tenían la instrucción de obtener el dinero necesario. El testigo explicó que, luego de un accidente aéreo en el que viajaba el exsecretario de Salud, solicitaron presupuesto para reponer la nave. Los funcionarios no compraron ésta, pero reclasificaron el recurso, 15 millones 600 mil pesos, que destinaron a pagar el contrato simulado. El mismo declarante junto con otro testigo protegido –identificado como G234-9MJU78L/2017-- informaron que, en la dirección jurídica de la Secretaría de Hacienda, además de simular el contrato por servicios que nunca se prestaron, en septiembre de 2016, a un mes de que concluyera el sexenio de Duarte, trataron de justificar el gasto por esa cantidad con dos cuadernos, uno eran copias de una resolución del Diario Oficial de la Federación. El segundo testigo protegido declaró el 12 junio pasado al Ministerio Público e informó que él fue asesor jurídico de la coordinación administrativa de la dirección general de Administración. Su jefe hasta octubre pasado fue Ever Eduardo Aguilar Sandoval. El mismo testigo dio a conocer que después de las elecciones del 6 de junio 2016, Gerardo Villegas le dio la orden a Aguilar Sandoval de revisar los contratos con sobreprecio para justificar la prestación del servicio. Posteriormente le entregaron al testigo un cuaderno sobre el servicio contratado con Consultores Empresariales Asociados del Golfo. Entre los documentos de la directora jurídica de la Secretaría de Hacienda se encontraban dos cuadernos dirigidos al exsecretario de Hacienda, que le presentaron como supuestos resúmenes analíticos efectuados, alternativas y conclusiones planteadas para que realizaran acciones recomendadas para incrementar el ingreso por concepto del ISR. En un Anexo número 1, incluyeron la impresión del Diario Oficial de la Federación del 22 mayo de 2015, referente a las modificaciones a la resolución sobre la miscelánea fiscal y publicada el 14 de mayo de ese año. El segundo testigo protegido corroboró que no prestaron el servicio.