CIUDAD DEL CARMEN, Cam. (apro).- El diputado federal Rogerio Castro Vázquez solicitó al juez Tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, Benito Arnulfo Zurita Infante, se investigue la transición de la empresa Caballo Frión Arrendadora a Naviera Naranja, así como el motivo por el que se le inscribió en la lista de acreedores de Oceanografía, cuando debió ser parte de la masa concursal, por ser propiedad del mismo corporativo. En el oficio PCTA/LXIII-062/17 que el legislador -presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados turnó al mencionado juez-, recordó que el 22 de septiembre en 2016 la diputada Rocío Nahle le hizo llegar a su representación la proposición de un punto de acuerdo relativo a la investigación legislativa que se sigue a la empresa Oceanografía y sus accionistas. Lo anterior, argumentó, implica que la comisión que preside debe proponer al pleno legislativo un dictamen que resuelva el punto de acuerdo, pero para construir dicho documento, esa representación debe allegarse de los elementos de convicción a su alcance. Por tal razón, Castro Vázquez explicó que se ha recabado información “de muy diversas fuentes”, con respecto al caso, y parte de ella revela que al momento de poner en concurso mercantil a Oceanografía S.A. de C.V. en el juicio 265/2014-VI, le pertenecía la empresa Caballo Frión Arrendadora S.A de C.V. No obstante, en el concurso mercantil Caballo Frión fue reconocida acreedora de Oceanografía, cuando debió ser parte de la masa concursal porque “existía un fideicomiso para verificar si quedó algo a favor de la concursada como remanente para el pago de los acreedores”. “Al no ser así, se está defraudando a los trabajadores y acreedores, pues si existe un remanente éste no está incluido en el presente concurso”, dijo y señaló que se debe dar vista a los acreedores y a los trabajadores “ante la posibilidad de que se hubiera actuado en perjuicio de ellos”, dijo el legislador. Además, reiteró que “si había un remanente a favor de la concursada, ese dinero debía permanecer como parte de la masa para el pago de acreedores, pero al no haberlo incluido, no fue posible verificar los fondos del fideicomiso”. De lo anterior, Rogerio Castro responsabilizó al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por haber actuado en perjuicio de los acreedores y trabajadores de Oceanografía. Antecedentes Cuando la PGR intervino, en enero de 2014, a Oceanografía por un presunto quebranto contra Citigruop a través de Banamex, su filial en México, el SAE se encargó de administrar, operar y llevar al proceso de quiebra a la naviera, que en semanas recientes fue devuelta a sus accionistas, siendo el mayoritario Amado Yáñez Osuna. El pasado 5 de septiembre, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil con sede en la ciudad de México concedió a Oceanografía una suspensión indefinida para detener el proceso de quiebra y el proceso de remate de sus bienes con los que se pagaría a los acreedores que fueron reconocidos como tales en el concurso mercantil. Y aunque la inmensa mayoría de los trabajadores afectados quedó fuera de la lista, sí se incluyó a Caballo Frion, pero bajo su nombre actual, Naviera Naranja. De acuerdo con el escrito que el legislador envió al juez, al momento de que la Procuraduría General de la República (PGR) intervino y hasta que el SAE llevó a la naviera a concurso mercantil, Caballo Frion Arrendadora le pertenecía a Oceanografía, la empresa concursada, “por lo que no puede ser acreedor, sino parte de la masa concursal para responder a sus acreedores”. El denunciante resaltó: “Por ser Oceanografía dueña de la anterior Caballo Frion, hoy Naviera Naranja, que ahora se tienen indicios de que rebautizó los barcos de Oceanografía con los que pretende trabajar para Pemex, al parecer suena a simulación en perjuicio de la sociedad mexicana, de Pemex y los acreedores”. Por ello, sugirió al juzgador solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el historial de cada uno de los barcos que opera Naviera Naranja y que se dé vista a los acreedores, a fin de que no quede impune el perjuicio contra los trabajadores, los acreedores y Pemex.