COLIMA, Col. (apro).- Organizaciones sociales de la entidad denunciaron que el incumplimiento de algunas recomendaciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado, por parte de diputados de Veracruz, sienta “un precedente que ofende la lucha que las mujeres en todo el país hemos emprendido para lograr que se respeten los derechos humanos” de este sector de la población. A través de un pronunciamiento dado a conocer este martes, los grupos manifestaron que “en un acto de caciquismo legislativo y violando el propio marco jurídico interno”, los diputados Bingen Rementería Molina, Gregorio Murillo Uscanga, Teresita Zuccolotto Feito (PAN) y Carlos Antonio Morales Guevara (PRI) desecharon, “sin generar razonamientos jurídicos válidos”, la iniciativa de reformas al Código Penal, incumpliendo el indicador principal del Informe de la AVG por agravio comparado. Esta decisión elimina la posibilidad de que las niñas y adolescentes de Veracruz víctimas de violencia sexual puedan acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que las mujeres que comprometan gravemente su salud a causa de un embarazo no puedan interrumpirlo, y que a las mujeres, niñas y adolescentes se les siga criminalizando por no aceptar un embarazo forzado. El pronunciamiento fue suscrito, entre otros, por el Comité de Derechos Humanos no Gubernamental (CDHNG), el Centro de Apoyo a la Mujer (CAM), Fundación con Equidad A.C., Calle Sin Acoso, Colectivo Rebeldía Violeta, Colectivo Inclusión, Espacio Feminista, Radar 4º y México Funciona. De acuerdo con el documento, el dictamen legislativo no tomó en cuenta las consideraciones emitidas por el Grupo de Trabajo, cuyas recomendaciones evidencian un marco legal discriminatorio, restrictivo y transgresor de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres en Veracruz. “Las organizaciones de la sociedad civil en Colima que trabajamos por la protección, acceso y ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas, manifestamos indignación por la falta de compromiso y el incumplimiento de obligaciones de las autoridades legislativas en el estado de Veracruz, y exigimos garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres veracruzanas”, indicaron. En entrevista, María del Carmen García García, integrante del CDHNG, señaló que los derechos humanos de las mujeres han requerido de un largo camino para ser construidos y ganados normativamente, pero “la lucha más difícil está aún en nuestro cuerpo, el de nosotras las mujeres, nuestra sexualidad y reproducción, pues son territorio dominado por un sistema y estructura patriarcal que los controla a través de la normatividad local y nacional, situándolos como territorios no libres”. Indicó que el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos “está tutelado simbólicamente por el padre, el marido, los hijos y jurídicamente por el Estado no laico a través de instituciones y de políticas públicas que, por ejemplo, criminalizan a las mujeres que interrumpen un embarazo, independientemente de cuáles sean las causas”. Lo anterior, añadió García García, se ve reflejado en contextos como el de Veracruz donde, como en cualquier estado del país, hay un alto índice de embarazos en adolescentes y niñas, que en la mayoría de los casos son producto de violación sexual, quedando de manifiesto que las políticas públicas, las instituciones y el Estado fallaron al no protegerlas. “Lo más grave para las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual es que se agrega la violencia institucional, por no contar con políticas y personal laico en las instituciones del Estado, pues en la mayoría de los casos impiden la interrupción de los embarazos, dando como resultado embarazos forzados”. La activista consideró necesario que el Estado mande un mensaje de cero tolerancia para no permitir la violencia sexual e institucional o cualquier tipo de violencia contra las niñas y mujeres, en el marco de las recomendaciones de la AVG por agravio comparado en Veracruz. “Urge la despenalización del aborto para no permitir más embarazos forzados y muertes en niñas y mujeres por abortos clandestinos; es indispensable que quienes integran el Congreso tengan voluntad política y ejerzan sus responsabilidades desde la laicidad del estado”, concluyó.