CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen por el sismo del martes 19, donde perdieron la vida 19 niños y nueve adultos, se evidenciaron las irregularidades en que operaba esta institución, pues al menos dos de las dependencias encargadas de verificar la operación y seguridad del edificio –el Instituto de Verificación Administrativa y la delegación Tlalpan– ya habían registrado anomalías: El colegio operó desde su edificación en 1983 con un permiso de uso de suelo presuntamente apócrifo; uno de los directores responsables de Obra validó la seguridad del inmueble aun con un carnet caduco; no se ejecutaron en su totalidad las pruebas de carga; ya existían dos clausuras por nuevas construcciones sin autorización, y el Programa Interno de Protección Civil aún no estaba aprobado, entre otras observaciones. Con todo, a una semana de la tragedia son las mismas autoridades las que se deslindan de cualquier responsabilidad, principalmente de la clausura del colegio o alguna otra medida, pese a esta serie de señalamientos. La idea colectiva de que las vidas de los niños y maestros que perecieron esa tarde pudieron evitarse no se observa tan absurda. Esta mañana la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó a los medios de comunicación una carpeta con los documentos que obran en la demarcación. Apro consultó directamente estos archivos. A continuación se presentan los datos encontrados. Seguridad estructural El 26 de junio de 2014, la entonces directora de Manifestaciones y Licencias de la delegación Tlalpan, Julieta Cortés Fregoso, solicitó en el oficio DGODY/DML/2014/1322 a la directora de la escuela y propietaria del predio, Mónica García Villegas, una evaluación del inmueble, así como una carta responsiva en la que se constatara el cumplimiento del edificio según el Reglamento de Construcciones para la capital. Cortés Fregoso escribió que “no existía suficiente evidencia teórica o experimental para juzgar de manera confiable la seguridad de la estructura”, por lo que además solicitó el resultado de las pruebas de carga aplicadas y las constancias de los directores responsables de Obras y el corresponsable en Seguridad Estructural. La escuela, que ocupó los terrenos marcados con los números 11 y 19 de la calle Rancho Tamboreo, en la colonia Nueva Oriental Coapa, delegación Tlalpan, era considerada por el artículo 139 del Reglamento de Construcciones como una edificación del tipo A; es decir, que una falla estructural podría constituir un “peligro significativo”. Sin importar el riesgo del inmueble, la respuesta del 17 de julio de 2014 de los directivos del colegio fue la entrega incompleta del formato AU-17 firmado por el corresponsable de obra, el ingeniero Francisco Arturo Pérez Rodríguez. A su vez el ingeniero arquitecto Juan Mario Velarde Gámez –quien fungió como director responsable de obra— aseguró que la edificación contaba con todos los quipos y sistemas de seguridad para situaciones de emergencia. Afirmaciones tras las cuales se emitió una constancia de la seguridad estructural del inmueble. Sin embargo, tres meses después, y sin dar más motivos de ello, el 17 de septiembre de ese año, la directora de Manifestaciones y Licencias insistió en una nueva entrega de documentos con los que se diera certeza de la seguridad del edificio escolar. Cortés Fregoso sólo indicó en el oficio DGODU/DML/2014 que los archivos entregados en julio no estaban completos, pues no existía referencia a la manifestación de construcción, a la cantidad de sótanos y algunos otros detalles del inmueble. Nuevamente, el cuerpo directivo respondió el 22 de septiembre de 2014 que la edificación ya había sido inspeccionada sin encontrar daños estructurales o reparaciones. En conclusión, sostuvo, “no existen defectos en la calidad de los materiales ni en la ejecución de la obra. El sistema estructural es el idónea para resistir las fuerzas estáticas y sísmicas”. Por esta misma razón el director de Obras no repitió las pruebas de carga en el edificio. El dictamen estuvo firmado otra vez por Mario Velarde Gámez, quien según consta en la copia de su registro ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) tenía licencia para operar de esa forma hasta el 31 de julio de ese año, es decir su permiso de director responsable ya estaba vencido. Sin embargo, el documento se entregó con una validación por cinco años. En esa materia no existe copia de alguna respuesta u observación de la delegación, tampoco algún otro documento de seguimiento. Claudia Sheinbaum recalcó que la autorización fue en la administración del perredista Héctor Hugo Hernández Rodríguez. Así, de no ser por el movimiento telúrico del 19 de septiembre, el Colegio Enrique Répsamen aún estaría calificado como “seguro”. Uso de suelo Uno de los documentos clave en la investigación del derrumbe del inmueble es el documento referente al uso de suelo, mismo que a la fecha no se encuentra en ninguna dependencia. En la información proporcionada por la delegación sólo costa una licencia de construcción fechada en octubre de 1983 y en marzo de 1984. En los documentos se constata el permiso de la delegación para la construcción de un jardín de niños y dos departamentos en 2 mil m2. También de la edificación de oficinas y un salón de juegos. Esto según el uso de suelo 1372 del 1 de junio de 1983 del que no se anexa copia. La versión del titular del Invea, Meyer Klip Gervitz, es que el documento podría ser falso. En la rueda de prensa que ofreció hoy, la funcionaria detalló que el 29 de septiembre de 2016, a solicitud de una queja de vecinos, se llevó a cabo una visita de verificación en el inmueble, pues supuestamente el predio ubicado en Rancho Tamboreo 19 no contaba con el uso de suelo requerido para albergar ahí una escuela. El único documento que entregó Mónica García Villegas fue una constancia de uso de suelo fechado en 1993, mismo que el Invea envió a la Secretaría de Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). Esta última respondió que dicha constancia no se radica en sus archivos, acción tras la cual el Instituto de Verificación Administrativa interpuso una demanda penal ante la Procuraduría local (PGJ-CMDX) por la falsedad del documento, conminó a la directora del colegio a obtener un certificado de uso de suelo vigente que amparara el uso de suelo utilizado, e impuso una multa de 107 mil 448 pesos. La repuesta de la institución educativa fue un amparo de nulidad presentado ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo de la Ciudad, cuya resolución favorable emitió un magistrado en enero de este año, dejando sin acción legal las medidas tomadas por el Invea, narró Klip Gervitz. En este punto, el funcionario fue cuestionado sobre la facultad de la dependencia para imponer una sanción más grande. A ello respondió que debido a que las escuelas son consideradas en el artículo 35 de la Ley de Establecimientos Mercantiles como un “giro de bajo impacto”, únicamente se llevó a cabo una advertencia para que presentara el documento correspondiente. “Un magistrado emitió la resolución en la que le dio la nulidad o la suspensión del acto a la verificación del Invea, con lo que evitó que se implementaran las medidas recomendadas. Nosotros únicamente verificamos por uso de suelo, que es la facultad que tenemos”, justificó. En marzo pasado, el Instituto a su vez impugnó la resolución del magistrado, del que no se dio su nombre ni alguna otra referencia. Antes del derrumbe ocurrido el martes pasado, el juicio seguía su proceso y la escuela operando con un uso de suelo presuntamente apócrifo. Sin embargo, enfatizó Klip Gervitz, el proceso sólo operó para el predio del número 19, pues la denuncia ciudadana de 2016 únicamente fue de esa área. Con todo, ninguna de las dependencias da razón de por qué una obra tan cuestionada pudo albergar un kínder, primaria y secundaria sin ninguna sanción. Las investigaciones continúan y ahora se espera un dictamen del Colegio de Ingenieros Civiles de México, a petición de la delegada. El análisis podría dar luz de si la principal responsabilidad recaería en los directores responsable de Obras y el corresponsable en Seguridad Estructural –certificados por la Seduvi–, al avalar una construcción que no cumplía con los requerimientos de ley. Por cierto, la Seduvi es la única institución que a la fecha no ha dado una versión oficial sobre el caso.