CUERNAVACA, Mor. (apro).- Dos semanas después del sismo del 19 de septiembre, la vuelta a la cotidianeidad opone a población y autoridades. La primera busca organizar una nueva normalidad que responda a la tragedia y las segundas se enfrascan en complicados mecanismos para consumar “el súper negocio” con las tareas de reconstrucción. En medio del terrible endeudamiento en el que ha sumergido a la entidad el gobierno de Graco Ramírez, el proceso de reconstrucción no será fácil. Según Gerardo Becerra, vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, para enero de este año el mandatario tabasqueño había incrementado la deuda en 379.2%, pasando de mil 500 millones al final del gobierno panista de Marco Adame a 7 mil 189 millones de pesos. Pese a ello, los municipios pasan por situaciones igualmente de emergencia. Más de la mitad de los 33 ayuntamientos se encuentra en situación de quiebra técnica y a lo largo de 2015 y 2016 han suplicado por un “salvavidas financiero”, mismo que se concretizó en el Fondo de Apoyo a Municipios para pagar Pasivos Laborales, que intenta evitar que los alcaldes sean destituidos por la falta de recursos para encarar demandas laborales heredadas por anteriores administraciones. El fondo fue constituido con un monto de 150 millones de pesos, que ahora será “redireccionado” a la reconstrucción. Esto con el aval de los propios presidentes municipales, quienes celebraron una reunión con el gobernador para establecer la estrategia de consecución de recursos para reparar los daños de sismo. En la reunión se acordó la creación del Organismo para la Reconstrucción Unidos por Morelos, que contará con una bolsa inicial de 300 millones de pesos, con el fin de atender a “las familias que no sean incluidas en el Fondo de Desastres Naturales”. Algunos observadores de la sociedad civil han encendido las luces de alerta frente a esta decisión, pues además de los recursos municipales se incluirán en este fondo estatal los dineros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que, según la Sedesol, son apoyos que “se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en extrema pobreza, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social”. “Ahí es donde puede hacerse el súper negocio de la reconstrucción”, advierte un exfuncionario del gobierno de Graco Ramírez, quien pide el anonimato, “porque esos recursos se pueden ejercer con el pretexto de la reconstrucción, y no serán auditados por nadie, pues no hay que olvidar que Transparencia Mexicana se negó a legitimar el manejo de este fondo”. Tampoco debe dejarse de lado que, el 24 de septiembre pasado, el gobernador anunció acompañado de empresarios la creación de un fondo para la reconstrucción, mismo que aseguró estaría vigilado por Transparencia Mexicana. No obstante, el director de esa organización, Eduardo Bohórquez, informó que desde el sábado 23 había advertido que no podrían realizar esa función. Así, primero Graco Ramírez se reunió con los empresarios locales que están dispuestos a participar en la reconstrucción, y luego se encontró con los presidentes municipales, quienes accedieron a destinar los recursos que representan una posibilidad de salir del atolladero, a la reconstrucción del estado. Esos más de 100 millones de pesos por supuesto que sólo serían auditados por el Congreso local, mismo que se encuentra bajo el control del PRD y, por tanto, de Graco Ramírez. En medio de todo este complejo mecanismo, el número de viviendas afectadas por los sismos se incrementará 50% respecto de las primeras estimaciones oficiales. Matías Quiroz, secretario de Gobierno, dijo hace una semana que había 10 mil casas afectadas severamente, mientras otro tanto tenía daños menores. Sin embargo, a partir del censo y sus primeras estimaciones, las viviendas afectadas se acercan a las 30 mil. La sociedad civil por su lado Por lo pronto, la ayuda continúa llegando a los distintos centros de acopio que se han multiplicado por todo el estado. Sólo el instalado en el campus de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en el norte de Cuernavaca, ha recibido y distribuido en dos semanas cerca de 280 toneladas de alimentos, ropa, medicamentos y agua embotellada, entre otros. En tanto que brigadistas nacionales y de un sinnúmero de países han visitado las zonas devastadas en las cuatro regiones del estado. Ha habido iniciativas de todo tipo, desde el personaje que se disfraza de superhéroe de Marvel y visita a los niños de los albergues hasta brigadas que se han encargado de atender a las mascotas afectadas o abandonadas en el marco del sismo. Sin embargo, los absurdos no dejan de aparecer frente a iniciativas que pretenden paliar los efectos de la devastación. En Jojutla, en la Unidad Deportiva Niños Héroes, fueron instaladas 66 casas de campaña para ubicar a igual número de familias que perdieron todo. Las tiendas fueron instaladas desde el viernes pasado, no obstante, todavía permanecían desocupadas hasta el lunes anterior. Mientras en la colonia Emiliano Zapata de Jojutla y otras comunidades la gente permanecía durmiendo a la intemperie, las casas de campaña estaban vacías. Según información de las personas que cuidaban la unidad deportiva, las casas no se habían ocupado “porque no ha podido venir la señora Elena (Cepeda) o el gobernador a inaugurarlas”. Lo anterior fue denunciado en redes sociales, lo que produjo que desde ayer por la noche comenzaran a trasladar a familias para ocupar esos refugios. Y es que después de lo ocurrido en Jojutla, Tlayacapan y Cuautla durante estos 15 días, el gobernador Graco Ramírez de plano mejor se ha atrincherado en reuniones privadas o en ámbitos muy controlados, con el fin de tratar de revertir la ola de descontento que emerge en cualquier lugar en el que se presenta. Incluso, ayer por la noche el tabasqueño apareció en un video-mensaje en redes sociales, en el que también fue apaleado por los comentarios de los cibernautas. Mientras tanto, el domingo pasado el MP federal adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (Fepade) concluyó sus indagatorias y recepción de pruebas en Cuernavaca. Según fuentes consultadas por Apro, lo que viene ahora es la integración de la carpeta de investigación para luego considerar los elementos y judicializarla. La indagatoria de la Fepade tiene que ver con el acaparamiento, la desviación o retención de ayuda social para ser utilizada en otros fines, como los electorales, por parte del gobernador Graco Ramírez o su esposa Elena Cepeda, en apoyo a su “delfín” para la sucesión de la gubernatura en 2018, su hijo Rodrigo Gayosso Cepeda.