XALAPA, Ver. (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, demandó al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares “saldar la deuda” que la administración de Javier Duarte dejó a los familiares y víctimas de desapariciones forzadas. En la presentación del acto “Recomendación General sobre Desaparición Forzada de Personas”, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH), el ombudsman nacional señaló que mientras no se dé debida respuesta y se atienda este problema, se seguirá hablando de un debilitamiento de las instituciones que afecta el tejido social y vulnera el Estado de Derecho. Cifras que ha consignado Apro hablan de que durante el gobierno de Duarte de Ochoa ocurrieron tres mil 600 desapariciones forzadas, aunque esa administración sólo reconoció mil 100 casos. Datos que ofreció la Procuraduría General de la República (PGR), a través del sistema de transparencia de la información, ubicaron a Veracruz como el primer lugar nacional de desaparición forzada, cifras recopiladas durante los primeros cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto. González Pérez dijo que, ante la gravedad del flagelo con familiares de desaparecidos, los casos se deben investigar y aclarar. “Se cuentan por miles y aún no se puede determinar cuántos corresponden a desapariciones forzadas, por lo cual demando la atención prioritaria del Estado para que en cada uno se llegue a la verdad, mediante una investigación exhaustiva y pertinente, que localice a las personas desaparecidas e identifique a los responsables para que sean sancionados conforme a derecho”, dijo. Ante decenas de familiares y madres de desaparecidos, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumuto Benítez, cuestionó “la impunidad” que prevaleció en el anterior gobierno –el de Javier Duarte–, del que ella formó parte como secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas. En un franco acto de histrionismo, Matzumuto comenzó a hablar de la lucha de las madres por encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Con voz entrecortada y al borde del llanto, refirió que hay 81 casos de desapariciones en los se presume la participación de agentes del Estado, durante el periodo comprendido entre febrero del 2011 y octubre del 2016. La CEDH realizó la Recomendación General 01/2017 a la Fiscalía General del Estado (FGE), al Congreso del Estado y a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Delito (CEAIVD) por la violación sistemática de los derechos humanos a víctimas y personas vinculadas con la desaparición. El titular de la CDNH, Luis Raúl González Pérez, afirmó que hoy las desapariciones en el país son un crimen de gravedad extrema, pluriofensivo, que no debe quedar impune. “La existencia de un solo caso de desaparición forzada de personas es inaceptable y debe mover a autoridades y sociedad para llegar a la verdad del mismo y propiciar que esta práctica se elimine por completo”, dijo. Apenas el pasado fin de semana, madres del Colectivo Solecito se quejaron en redes sociales de la poca sensibilidad del Fiscal General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz, quien de manera arbitraria comenzó a “bloquear” a madres de familiares de desaparecidos, a la cuenta oficial de la agrupación y a periodistas que han cuestionado su forma indolente de ignorar las suplicas de los colectivos de desaparecidos. A la primera recomendación de este tipo asistieron integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil como Colectivo Red de Madres Veracruz, Madres en Búsqueda Belén González, Colectivo Búsqueda Colectiva Coatzacoalcos Zona Sur, Colectivo de Familiares de Desaparecidos “Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba”, Colectivo Solecito Córdoba-Orizaba, Colectivo Solecito Xalapa y Colectivo Familiares Enlaces Xalapa.