GUANAJUATO, Gto., (apro).- La Unidad técnica jurídica del Instituto Electoral del estado violó reglas y normas e incurrió en una serie de omisiones y deficiencias al integrar el expediente del procedimiento especial sancionador por las quejas que el PRI, Morena y el Partido Verde Ecologista presentaron contra el aspirante panista a gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. Este expediente fue remitido al Tribunal Estatal Electoral para que lo revisara y emitiera una sentencia, lo que fue imposible dada su deficiente integración. El expediente (en realidad tres expedientes acumulados) incluye también entre los denunciados al gobernador Miguel Márquez Márquez, a Jaime Armando Martínez, empleado de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado, y al director de Desarrollo Social de León, Luz Daniel Campos Lango. PRI, Morena y PVEM se quejaron de que Diego Sinhué utilizó y fue favorecido con recursos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano cuando fungió como titular de la misma para promover su imagen como aspirante a la gubernatura por el PAN, y que contó con apoyo del gobernador y los otros dos funcionarios para ello. En resumen, el IEEG integró mal el expediente contra el exsecretario de Desarrollo Social y Humano y aspirante del PAN a gobernador y así lo remitió al Tribunal Electoral, afectando derechos de los denunciantes, por lo que este órgano determinó regresarlo con numerosas observaciones que deberán ser corregidas y subsanadas en un plazo de 15 días. A esta conclusión llegó el Tribunal Estatal Electoral al recibir y analizar el expediente entregado por el IEEG para dar seguimiento a estas denuncias, lo que resultó imposible dadas las fallas encontradas en dicho expediente, a consideración del magistrado Ignacio Cruz Puga y con la aprobación del Tribunal. Según la publicación hecha este martes por el TEE, la Unidad Técnica Jurídica y de lo contencioso electoral, a cargo de Javier Zárate Ponce (quien es el cuarto titular de esta área en lo que va del año) incurrió en violaciones al debido proceso, el derecho de petición, el derecho de justicia, la falta de certeza, seguridad jurídica, congruencia y exhaustividad, así como al principio contradictorio de la prueba, principalmente en perjuicio de quienes promovieron las quejas en contra de los cuatro señalados, pero incluso también en el caso de los representantes de los denunciados. De acuerdo con la resolución notificada por estrados del Tribunal sobre el expediente TEEG-PES-02/2017, la Unidad técnica jurídica del Instituto Electoral no incluyó ni todas las denuncias interpuestas (ignoró una del Partido Verde Ecologista) ni todas las pruebas presentadas por los denunciantes; no las desahogó o revisó en las diligencias; tampoco expuso los oficios de contestación de las denuncias para que los representantes de los partidos las tuvieran a la vista y las conocieran; no revisó ni siquiera algunos materiales como discos compactos y memorias USB con información que entregaron los denunciantes. Incluso, tampoco recabó todas las firmas de las personas involucradas en la diligencia del 18 de septiembre pasado, entre los representantes del PRI, Morena y Partido Verde, así como los representantes legales de Diego Sinhué Rodríguez, Miguel Márquez, Daniel Campos Lango y Jaime Martínez, este último responsable de sistemas de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. La resolución del magistrado Cruz Puga aprobada determinó ordenar “la regularización y reposición del procedimiento”, admitir y desahogar una de las quejas presentadas por el Partido Verde que había dejado fuera de los expedientes acumulados, realizar una descripción detallada de los archivos entregados en discos compactos y certificar y constatar si hay audiencias, pruebas o diligencias pendientes de desahogar, a fin de que el Tribunal Electoral pueda emitir su sentencia, todo ello para no violar la garantía de audiencia de los denunciantes.