OAXACA, Oax. (apro).- Un grupo de integrantes de la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo irrumpió este mediodía en las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y, tras retener a empleados, se plantó en el lugar para exigir la renuncia del ombudsman Arturo Peimbert Calvo. Los hechos ocurrieron después de una marcha que iniciaron en la fuente de las Ocho Regiones y luego de bloquear el crucero de Fonapas y hacer pintas a edificios particulares, oficinas, bancos y comercios. Durante el recorrido, un grupo de jóvenes con el rostro cubierto realizó a su paso actos vandálicos y luego irrumpió en las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos, donde hasta el momento permanecen apostados. Los inconformes exigen la renuncia del ombudsman por no emitir medidas cautelares o recomendaciones para los casos de San Blas Atempa y San Miguel Copala. En el primero, empresas eólicas instalaron una subestación eléctrica sin consultar a los pobladores, y en el caso segundo no se ha cumplido la recomendación emitida en 2013, por lo que las personas desplazadas siguen sin tener una vivienda. La Defensoría condenó la toma violenta de sus instalaciones y el robo de pertenencias del personal de la institución, a quienes impidieron la salida, entre ellos mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores. De igual manera, lamentó que los manifestantes impidieran salir al paramédico Eldad Sharon, ciudadano estadunidense, quien vino a Oaxaca desde el estado de California, en una iniciativa altruista, para entregar apoyo de medicamentos y prestar atención a damnificados del Istmo de Tehuantepec por la contingencia sísmica y ambiental de septiembre último. También reprobó que con tratos agresivos bloquearan la salida de ciudadanos acompañados por niños que acudieron a tratar asuntos a la Defensoría. Esta clase de trato intimidatorio deja consecuencias duraderas en la psique de las niñas y los niños, apuntó, y reprobó que los manifestantes de Sol Rojo mostraran ese comportamiento violento con el público que acude a solicitar los servicios de la instancia defensora. Finalmente, destacó que reconoce el derecho a la libre manifestación de las personas, pero siempre que se realice de manera pacífica y respetuosa. La violencia, la intimidación y el acoso como vía para resolver cualquier demanda de particulares o de organizaciones civiles y sociales es un camino que no lleva a ninguna parte, recalcó.