OAXACA, Oax. (apro).- El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) emitió una sentencia que revictimiza a la alcaldesa de San Juan Bautista lo de Soto, Samantha Caballero Melo, y fomenta la violencia política, razón por la que decidió presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pese a que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF-Xalapa) emitió una sentencia para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC/13/2017), que establece que la edil es víctima de violencia política por razón de género, el Tribunal de Oaxaca emitió una resolución sin perspectiva de género. Así lo denunció el Colectivo por la Ciudadanía para las Mujeres, mismo que adelantó que este miércoles 18 presentará una controversia constitucional ante la SCJN. Los activistas consideraron que el Tribunal de Oaxaca emitió una resolución claramente misógina, en la que además ordena a la alcaldesa local pagar los salarios de los funcionarios que no se han presentado a realizar sus funciones. También ordena restituir a Pablo Anica Valentín y Eloy Bernardo Vargas Alberto, síndico y regidor de hacienda, respectivamente, siendo el síndico el principal agresor y promotor de la violencia contra la presidenta municipal. Además, la sentencia niega la acreditación del regidor de hacienda suplente Gonzalo Manuel Arellanes Leyva, y el TEEO declara la invalidez de las actas de sesión de cabildo celebradas el 28 de abril y 3 de mayo, con lo que el Tribunal invade competencias del ayuntamiento. De igual manera, la presidenta municipal presentará un juicio de amparo contra el Congreso local por su omisión ante la solicitud de revocación de mandato del síndico y el regidor de hacienda, quienes desde la etapa de campaña difamaron, invalidaron e invisibilizaron las capacidades de Samantha Caballero, con un claro componente de género que buscaba obstaculizar su llegada a la presidencia municipal. La solicitud de revocación de mandato fue realizada el 16 de mayo pasado por más de 500 ciudadanos y ciudadanas, pero el Congreso ha sido omiso y no ha respondido. El 28 de junio, la presidenta municipal solicitó formalmente la revocación de mandato del síndico Pablo Anica Valentín y del regidor de hacienda Eloy Vargas Alberto. Fue hasta tres meses después que la llamaron a ratificar la solicitud y, a cuatro meses, no ha habido ninguna respuesta. En enero de este año la presidenta municipal hizo público el intento de convencerla para que dejara el cargo, con el fin de que el síndico Pablo Anica Valentín ocupara el puesto. También denunció las agresiones de las que fue objeto en el acto de toma de protesta, cuando sus agresores aseguraron que no podía asumir por ser mujer y ser joven. Igual se visibilizó el cierre arbitrario del palacio municipal; la toma de los vehículos del municipio, entre ellos la ambulancia, unidades que permanecen en manos del síndico hasta la fecha. Frente a esas violencias, Samantha Caballero Melo interpuso un juicio, por el cual el 24 de marzo el TEEO emitió una sentencia en la que se reconocía la violencia de género contra la presidenta municipal, la cual fue ratificada por el Tribunal federal el 27 de abril pasado. Pese a ello, hasta esa fecha el gobierno estatal no había entregado al municipio el recurso que le correspondía, por lo que el 18 de mayo la Corte, a través de un incidente de suspensión, ordenó al gobierno del estado entregar de manera inmediata el recurso a la autoridad local. Ante esta nueva sentencia, el lunes 16 el regidor de hacienda suplente Gonzalo Manuel Arellanes Leyva presentó otro juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con el fin de que el TEPJF ordene a la Secretaría General de Gobierno su acreditación, toda vez que la sentencia emitida por el TEEO viola sus garantías políticas.