Las familias morelenses damnificadas por el sismo del 19 de septiembre aún carecen de vivienda segura, los principales centros turísticos del estado pierden ingresos y la ayuda dejó de fluir. Y en tanto los recursos federales para la reconstrucción se demoran en llegar, el gobernador perredista Graco Ramírez exprime aún más a los endeudados municipios para amasar su propio “fondo de reconstrucción”, que en manos de un operador suyo, Arturo Beltrán Toto, puede convertirse en negocio particular o billetera política. CUERNAVACA, MOR.(Proceso).- En esta entidad el sismo afectó más de 30 mil viviendas, de las cuales al menos 15 mil quedaron inhabitables, pero, según el gobierno del estado, el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) sólo reconoce 2 mil 716. Más de 150 mil damnificados directos no tienen dónde vivir y se encuentran en albergues temporales acondicionados en escuelas o espacios públicos, o bien amontonados en casas de parientes. También el turismo se redujo. Las visitas a los pueblos mágicos de Tepoztlán y Tlayacapan bajaron 80%, aproximadamente lo mismo que a Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. Además, varios balnearios tradicionales parecen condenados a desaparecer, mientras el programa federal de reconstrucción avanza lentamente. Esta semana concluyó el censo de viviendas dañadas y prácticamente todo el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto ha pasado por la entidad, pero esto no se ha traducido en apoyos efectivos para los sectores más afectados. Comerciantes de Cuernavaca, Tepoztlán, Tlayacapan y otros municipios informaron que han despedido al menos a un empleado por la caída de las ventas. Algunas comunidades se organizaron para paliar la tragedia. En San Marcos, ubicada en Totolapan, en los Altos de Morelos, se instaló una cocina comunitaria donde las familias comparten lo que llega de ayuda para dar de comer a los pobladores que se han encargado de los trabajos de limpieza y reconstrucción con apoyo de voluntarios. Lo mismo ocurre en Tetela del Volcán, donde la sede de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se convirtió en centro de acopio, albergue y centro de operaciones para la reconstrucción. En Jojutla, unas familias se han refugiado con parientes, otras permanecen en las carpas instaladas en la unidad deportiva Niños Héroes y que fueron donadas por el gobierno chino, mientras que otras más duermen a la intemperie, frente a las ruinas de sus viviendas. En tanto, 300 familias de Cuernavaca que perdieron sus viviendas al desgajarse una peña en la Barranca del Tecolote, al poniente de Cuernavaca, habitan desde hace casi un mes la secundaria 2 de Alta Vista. El hacinamiento es tal que se han registrado conatos de bronca. Los padres de los alumnos demandan que la escuela se reabra, pues temen que sus hijos pierdan el año. Además, pesa el abandono. La recolección de basura no se ha normalizado y en las zonas más afectadas por el sismo surgen focos de infección. Dos semanas después del 19 de septiembre, la ayuda local, estatal, nacional e internacional era imparable, pero hoy el número de brigadistas y voluntarios se ha reducido notablemente. Pocas máquinas se usan en labores de limpieza y reconstrucción. “Ya se acabó el bullicio de las semanas pasadas. Parece que ya se les olvidó que aquí estamos”, dice una mujer en Jojutla. Ya no llegan tantos voluntarios. ¿Y las autoridades? “De esas no esperamos nada, sólo que vengan a chingarnos más”, aclara. La reconstrucción según Graco  El 24 de septiembre el gobernador Graco Ramírez anunció, junto a un grupo de empresarios, la creación de un fideicomiso para la reconstrucción. Estaba consciente de que los recursos del Fonden no le alcanzarían, ya que muchos de los más de 150 mil damnificados habían construido en zonas federales, como barrancas o lechos de ríos. Con tal de aliviar las masivas críticas por su intento de acaparar la ayuda nacional e internacional para los afectados, a fin de manipular su entrega, Ramírez le mintió a la gente. Dijo que la organización civil Transparencia Mexicana “observaría” el funcionamiento y manejo de los recursos del nuevo fideicomiso. Graco buscó a esa organización, la cual le respondió que no podía participar, pero esto no impidió el anuncio oficial. Cuando los directivos de Transparencia Mexicana lo desmintieron en medios de comunicación, el mandatario no volvió a referirse al tema. El 3 de octubre Ramírez se reunió con los 33 presidentes municipales del estado y al final del encuentro declararon que con un fondo inicial de 300 millones de pesos se reconstruirían las comunidades afectadas, además de que los damnificados recibirían varios incentivos y beneficios fiscales. Pero esos 300 millones provienen de los municipios, que de por sí enfrentan una crisis sin precedente porque las administraciones pasadas se endeudaron irracionalmente e incurrieron en despidos injustificados de cientos de trabajadores, quienes están ganando sus juicios laborales. Así los presidentes municipales, que no pueden solventar los servicios básicos mínimos para la población, enfrentan laudos laborales adversos que han colocado al menos a 20 de ellos en posición de ser destituidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal de Cuernavaca, fue destituido por unas horas en noviembre pasado, luego de que le fue imposible pagar un laudo por varios millones de pesos, producto de la demanda de un trabajador del ayuntamiento despedido en la administración 2009-2012. Los alcaldes hicieron frente común y lograron que este año el Congreso local aprobara en el presupuesto un Fondo de Apoyo a Municipios para pagar Pasivos Laborales, por cerca de 150 millones de pesos, del cual también se tomarían recursos para impulsar obra pública básica y así paliar el rezago causado por el endeudamiento. Graco Ramírez prácticamente obligó a los alcaldes a aceptar que esos recursos, vitales para mantenerse en el cargo, se “redireccionaran” al fondo para la reconstrucción. En tanto, los otros 150 millones de pesos fueron tomados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), recursos federales provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y que deben destinarse a obras y acciones sociales básicas en beneficio de población en extrema pobreza y marginación. Algunos alcaldes no quedaron conformes, pero en la mesa fueron obligados a aceptar el acuerdo, pues temen que les ocurra como a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), que padecen crisis financieras por la arbitraria retención de su presupuesto. Ese día Ramírez anunció la creación del Organismo para la Reconstrucción Unidos por Morelos, que según su decreto de creación, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad edición 5540, tiene como objeto “implementar las acciones necesarias para la reconstrucción de las zonas afectadas por el citado sismo, a través de la autoconstrucción, la participación ciudadana y la atención prioritaria, vinculando las necesidades de la población afectada con los sectores público, privado y social”. Al día siguiente, 4 de octubre, el secretario de Gobierno anunció que el coordinador técnico del organismo sería Sergio Arturo Beltrán Toto, cercano a su hijastro, Rodrigo Gayosso Cepeda, quien hace las veces de líder estatal del PRD. Este personaje se ligó a Gayosso Cepeda desde que éste fuera asesor y luego secretario general del ayuntamiento de Cuernavaca en la administración de Manuel Martínez Garrigós (2009-2012), la cual endeudó gravemente al municipio con un crédito de 600 millones de pesos. Para manejar estos recursos se crearon empresas fantasma a las que se asignaron contratos millonarios por obras que se realizaron deficientemente o ni siquiera se iniciaron. Investigaciones periodísticas revelaron cómo algunas de las empresas que habían ganado contratos tenían como domicilio fiscal terrenos baldíos o talleres mecánicos, donde los dueños sólo confirmaron que habían recibido cantidades de dinero para firmar documentos que ni siquiera leyeron. Los periódicos Diario de Morelos y El Regional del Sur documentaron que a las empresas Grupo WYN, S.A. de C.V.; Argeme Constructora de Cuernavaca, S.A. de C.V., y DCA Infraestructura se les encargó la repavimentación de la avenida Morelos, que cruza Cuernavaca de sur a norte, por 200 millones de pesos. Sin embargo, según sus actas constitutivas, las tres empresas fueron creadas en 2009-2010, cuando iniciaba la administración de Martínez Garrigós. DCA Infraestructura fue creada en enero de 2010, su accionista mayoritario fue Carlos Martínez López, quien resultó ser un mecánico y tener un pequeño taller donde se ubicaba el domicilio fiscal. En los documentos, “aportó” 10 millones de pesos a la creación de esa empresa. Pese a que Grupo WYN, S.A. de C.V., se creó en 1995, fue el 10 de septiembre de 2010, el día que se dieron a conocer las bases de licitación para la obra de la avenida Morelos, cuando se acreditó a Rodolfo Ernesto Roura Castilla como su administrador único. Argeme Constructora, encargada de realizar el puente peatonal de la XXIV Zona Militar, tiene como administrador único a Arturo Gerardo Frank Mendoza y se constituyó legalmente el 1 de septiembre de 2009, cuando Manuel Martínez Garrigós era alcalde electo de Cuernavaca. El responsable directo de los contratos y licitaciones en el ayuntamiento de la capital fue Beltrán Toto, quien ocupaba la Subsecretaría de Obras Públicas. Esto derivó en diversos procesos penales de los que Martínez Garrigós, Gayosso Cepeda y Beltrán Toto salieron sin sanción alguna. Graco Ramírez consiguió que el Congreso local le aprobara, en 2013, un crédito de 2 mil 806 millones de pesos para obra pública. Beltrán Toto volvió a jugar el mismo papel que en el ayuntamiento, pero con montos mucho mayores y desde el inicio de la administración, en octubre de 2012, ha ocupado puestos que le permiten manejar los recursos para la obra pública. Existen evidencias de que, de aquel crédito de casi 3 mil millones de pesos, el gobierno de Ramírez utilizó unos 300 millones para pagar obras que se habían liquidado en la administración anterior, del panista Marco Antonio Adame Castillo. Según organizaciones civiles, el gobierno perredista le pidió a varias de las constructoras responsables de esas obras que refacturaran para simular el pago y destinar esos recursos a cuentas particulares. Según el pliego preliminar de observaciones de la Auditoría de Fiscalización de Morelos, aunque no se hubieran refacturado esas obras, el hecho de que Ramírez haya pagado obras de ejercicios anteriores implica un delito. En ese mismo pliego se señala que otros 150 millones de pesos del crédito se destinaron al pago de bonos y prestaciones de los profesores del estado, lo que viola a su vez la Ley de Obra Pública. Las únicas obras visibles que se construyeron con el crédito son el estadio de futbol Agustín Coruco Díaz, en Zacatepec, y cuatro cuarteles de la Policía del Mando Único. Según Gerardo Becerra Chávez, vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, el esquema es el mismo: empresas fantasma o de prestanombres a las que le son asignados los contratos más importantes de obra pública, por licitación “arreglada”, por asignación directa o por suplencia. Este último mecanismo fue utilizado en el estadio Coruco Díaz, pues a mitad de la obra, la constructora inicial perdió el contrato y en su lugar culminó la otra obra, sin que haya quedado claro bajo qué lineamientos ocurrió. Esto hizo que el monto final pasara de 450 millones de pesos a casi 800, según la propia Coordinadora Morelense. Y será el mismo Beltrán Toto quien maneje los 300 millones del fideicomiso destinado a construir un estimado de 7 mil viviendas para los damnificados. Este reportaje se publicó el 15 de octubre de 2017 en la edición 2137 de la revista Proceso.